Cataluña, la puja por la autonomía

Algunas verdades tenidas por inmutables han dejado de serlo en Cataluña en ocho años de autonomía. Una de ellas era la escasa atracción que, se decía, sentían los catalanes por el ejercicio del funcionariado. La principal tarea de Jordi Pujol y sus Gobiernos durante sus dos legislaturas de ejercicio del poder ha consistido en levantar una poderosa máquina administrativa: 90.000 funcionarios tiene hoy en nómina la Generalitat y rara es la familia de la pequeña y mediana burguesía del país alguno de cuyos miembros no vive del presupuesto. Este súbito amor por la función pública ha relativizado también otra verdad: la fama de excepcionales administradores que solía acompañar a los catalanes. Para levantar esa Administración, los Gobiernos de Convergència i Unió (CiU) no han podido evitar durante estos ocho años la reproducción a escala en Cataluña del esquema burocrático de la Administración central y, han acumulado 95.000 millones de déficit. La implantación de la autonomía bajo la dirección de Jordi Pujol no ha eliminado otro viejo mito: el de que "no nos comprenden".

, Hay algunas verdades que se han hecho añicos en Cataluña. Pueblo secularmente desvinculado, cuando no enfrentado, se decía, a toda suerte de fuerzas represoras, muchos catalanes quieren ahora tener más policías, o se policías, aunque con el nombre de mossos desquadra. El tópico lo recitaba Miquel Roca el 13 de agosto de 1979, a la salida de la última reunión negociadora del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el Congreso de los Diputados, para justificar las limitaciones del texto recién acordado en relación al orden público.

"Lo que a los catalanes nos interesa son las competencias en enseñanza, lengua y cultura", sentenciaba entonces. Y añadía: "A quienes les interesan las competencias sobre policía es a los vascos, por razones obvias. Por lo tanto, creo que este Estatut e válido ( ... )".

Casi 10 después, hace un mes, el mismo Miquel Roca sostenía ante las cámaras de la televisión autonómica una áspera polémica con el gobernador civil de Barcelona, Ferran Cardenal, a raíz precisamente, de la reiterada negativa de la Administración central a ceder a la Generalitat parte del control del orden público ¿Qué ha pasado durante los ocho años de aplicación del Estatut para que los nacionalistas catalanes modifiquen su criterio? Pues que la práctica de la autonomía les ha recordado algo que la teoría política sabe desde siempre: que todo poder precisa disponer para serlo de verdad, de un eficaz aparato coactivo.

El eje central

Éste es uno de los muchos facto res que han servido, entre otras cosas, para que los titulares de la Generalitat hayan empalmado la reivindicación de autonomía de los años setenta con la de más autonomía en los años ochenta. De manera que, hoy, a tres semanas de las terceras elecciones autonómicas, el régimen de autonomía política ha justificado plenamente en Cataluña su razón de ser, pero no ha acallado la reclamación de autonomía.

Por el contrario, esta cuestión es el eje central, absoluto, único, sobre el que gira, obsesivamente, la política catalana. Ésta es la principal baza estratégica ganada por Pujol. Una reciente encuesta realizada por encargo de la Diputación de Barcelona señala que el 52% de los ciudadanos de Cataluña considera que el Estatut debe revisarse, al alza. Otra encargada en noviembre por el partido socialista elevaba este porcentaje al 57%.

Así, otra verdad tópica se ha desvanecido. Desde los albores de la revolución industrial, las fuerzas de la izquierda han mantenido en Cataluña su pugna por la justicia social en el primer plano de las preocupaciones del país. Hoy, el primer empeño de todos los partidos de izquierda es cómo convencer al electorado de que sus propuestas para ampliar, consolidar, mejorar, la autonomía son mejores que las del centroderecha. Todo lo demás ha pasado a un segundo plano.

Para ese fin, Esquerra Republicana defiende la reforma del Estatut. Lo advirtió ya el mismo día en que fue aprobado: no hay competencias en justicia, orden público y economía, y muchas otras se comparten con la Administración central, que acabará imponiéndose a la Generalitat, argumentaron entonces los republicanos. La fórmula de EIRC es reclamar la atribución a Cataluña de las competencias que tienen otras comunidades autónomas, incluido el sistema de concierto económico vigente en Euskadi y Navarra, y la conversión de Cataluña en provincia única, como forma de conseguir la desaparición de las actuales cuatro provincias y de los gobernadores civiles.

El PSUC propone la utilización a fondo del sistema de ampliación de competencias de las comunidades autónomas previsto en el artículo 150.2 de la Constitución, la revisión de algunas leyes orgánicas (la de régimen local, la de cuerpos de seguridad, la de financiación, la de la función pública) que han reducido las competencias de la Generalitat, la redistribución del gasto público entre las administraciones central, autonómica y local a partir de la fórmula 50%/25%/25%, y, también, la provincia única.

Los socialistas catalanes se han incorporado desde agosto de 1987 a esta puja con su propuesta de utilización del federalismo cooperativo para el desarrollo del Estado de las autonomías. Esta idea les ha dado un respiro en el acoso político a que estaban sometidos, porque todos los demás partidos catalanes pedían más autonomía excepto ellos y AP, que no es precisamente su acompañante político preferido.

La propuesta federalista, cuyo contenido estricto están todavía elaborando los socialistas catalanes, ha introducido algunas ideas nuevas en el debate político. Una de ellas es que, tras ocho años de vigencia del Estatut, el actual momento político señala un final de etapa, el dedicado a la instauración efectiva del sistema autonómico: creación de instituciones, traspaso de servicios, etcétera. La consecuencia de este final de etapa es que debe seguirle otra, de la que hay que determinar los objetivos. Y he ahí algo que no por obvio es menos importante: esta segunda etapa no es sólo un problema catalán, sino del Estado español. Afecta al desarrollo del entero Estado de las autonomías, no únicamente a una de sus partes.

Éste es un planteamiento que CiU, la coalición del centro-derecha nacionalista catalán que gobierna la Generalitat, rechaza de plano. La posición de Pujol es que el principal problema político de la autonomía catalana es la no aplicación del Estatut por parte del Gobierno central y la constante invasión por la Administración central de las competencias, legislativas y de gestión, de la Generalitat.

La reforma del Estatut

Pero Pujol ha evitado plantear la reforma del Estatut, temeroso de las incertidumbres que conlleva la apertura de un proceso de este tipo. Si acaso, advierte, la reforma o la ampliación del Estatut deberían abordarse después de fracasados todos los esfuerzos para que el Gobierno central vuelva al espíritu de 1979 que hizo posible su aprobación por todos los partidos. Es decir, que la reforma sería "culpa de Madrid". Pujol explota así la existencia de uno de los mitos políticos más profundamente arraigados entre los catalanes, la dualidad Cataluña / España, Estado / Generalitat. Lo que en lenguaje coloquial y electoral se expresa afirmando que "en Madrid no nos entienden" o, en el mejor de los casos, que "tienen otra concepción de la autonomía, menos política y más administrativa".

En el debate parlamentario celebrado en febrero de 1987 sobre el balance de aplicación del Estatut en siete años, Pujol formuló la posición oficial de su partido y de su Gobierno, que mantiene: "El Estatut, tal como se aplica, ya no es una herramienta útil", aseguró, "porque desde el 23 de febrero de 1981 no se le da la interpretación amplia y generosa pactada en 1979, sino otra sistemáticamente restrictiva". Ahora, en vísperas de elecciones, ha aplazado para después del 29 de mayo su definición sobre si hay que emprender o no la reforma.

El nuevo caballo de batalla al que Pujol se refiere con insistencia creciente es la Comunidad Europea, que ejerce competencias tanto de la Administración central como de la Generalitat y que dicta normas que ambas deben aplicar. La cuestión ahora es si estas normas llegan a Barcelona directamente desde Bruselas o vía Madrid.