Andalucía, la gran prueba socialista

, Andalucía está a punto de cumplir nueve años como comunidad autónoma con los mismos problemas que sirvieron de argumentos para las ya lejanas elecciones de mayo de 1979: un desempleo casi 10 puntos por encima de la media nacional y una infraestructura de servicios públicos y comunicaciones con niveles más bajos que el conjunto del país. Esta situación se mantiene pese a que la economía andaluza ha crecido más que la media de España en los últimos años. Ésta es también la comunidad que maneja un presupuesto mayor: casi 800.000 millones de pesetas este año.

Andalucía accedió a la autonomía a través del artículo 151 de la Constitución, con lo que obtuvo un techo competencial equiparable al de las denominadas nacionalidades históricas. El 28 de febrero de 1980 se celebró el referéndum de iniciativa autonómica, en el que Alinería quedó descolgada por un escaso margen de votos. Después se la recuperó, tras lograrse en el Congreso de los Diputados una modificación de la ley orgánica sobre modalidades del referéndum. La región ha estado constantemente gobernada por los socialistas, que han experimentado en esta comunidad autónoma importantes objetivos de su teoría política.La Junta de Andalucía ha desarrollado ya la práctica totalidad de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía -incluidas educación y sanidad- y no hay discusión relevante entre los partidos sobre el grado de autonomía conseguido; sí, lógicamente, sobre como se gestionan esas competencias. Las "servidumbres" al Gobierno de Madrid y el escaso nivel de eficacia en la lucha contra el desempleo volvieron a ser las principales críticas al Gobierno de José Rodríguez de la Borbolla en el reciente debate sobre el estado de la comunidad celebrado en el Parlamento regional.

El proceso de transferencias desde el Gobierno central al autonómico se realizó sin enfrentamientos de importancia, excepto en lo relativo a Agricultura. La resistencia de Madrid a transferir las competencias del Iryda y del Icona estuvieron en alguna medida en el origen de la renuncia del anterior presidente, Rafael Escuredo. Contar con ambos organismos era imprescindible para que la Junta pudiera acometer el programa de reforma agraria, que se diseñaba como el objetivo principal de la política económica del Gobierno.

Con el nivel de competencias asignado, la Junta de Andalucía tiene un estrecho margen de maniobra en lo que a política económica se refiere. Sin posibilidades reales de contar con un sector público propio de importancia,El Gobierno andaluz se ha dedicado en los últimos años a una labor de fomento empresarial, reflotamiento de empresas estratégicas en crisis y atracción de inversiones, sobre todo en industria del ocio y empresas de tecnología punta. Para ello ha creado el Instituto de Fomento de Andalucía, ha firmado numerosos acuerdos con las instituciones financieras radicadas en la región y ha utilizado masivamente instrumentos económicos como la subvención de créditos a pequeñas y medianas empresas.

Las actuaciones de la Junta que han despertado un mayor grado de polémica han sido las relacionadas con asuntos sanitarios y de política agraria.. En sanidad se inició, con Rafael Escuredo al frente de la Junta, un proceso de reforma del modelo asistencial que enfrentó al colectivo médico con el Gobierno regional.

El diseño de la reforma sanitaria, en el que tuvieron una parte significativa antiguos militantes comunistas fichados por el entonces consejero, Pablo Recio, supuso una renovación tanto en el sistema de atención primaria y ambulatoria como en el de gestión hospitalaria, que no fue aceptada por los médicos, y en el de conciertos con centros privados. La sustitución de Recio por Eduardo Rejón al frente de la consejería tras las últimas elecciones autonómicas (1986) ha contribuido a suavizar la situación. La semana pasada, el Consejo de Gobierno cesaba a los principales responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS), después de que la nueva ejecutiva del PSOE criticara los modelos que se aplicaban.

Reforma agraria

En política agraria, la Ley de Reforma Agraria puesta en marcha en 1985 ha provocado un largo enfrentamiento entre las organizaciones empresariales y la Consejería de Agricultura, a cuyo frente está Miguel Manaute. Como consecuencia de este enfrentamiento, y a pesar de la sentencia favorable obtenida del Tribunal Constitucional, la Junta no ha podido hacer efectivas todavía las primeras expropiaciones de fincas. Los numerosos obstáculos no han impedido, sin embargo, que el Gobierno regional haya iniciado actuaciones en las ocho provincias de la región mediante la declaración de comarcas de actuación.

En educación los principales problemas han venido determinado por los conflictos iniciados por profesores interinos para lograr la titularidad. Sin embargo, se ha desarrollado sin contratiempos el proceso de conciertos con centros privados de enseñanza previsto en la LODE. La Consejería de Educación se enfrentó a un prolongado conflicto provocado por la pretensión de los estudiantes de Huelva de contar con una universidad propia. El enfrentamiento se zanjó con la creación de una facultad de ciencias experimentales y otra de sociales y jurídicas.