Apagar fuego con gasolina

LA DECISIÓN del Gobierno de reducir el precio de las gasolinas con objeto de combatir la inflación es como pretender curar una enfermedad grave con aspirinas: la temperatura del enfermo es probable que se reduzca transitoriamente, pero la enfermedad seguirá su curso si no se atacan las raíces del mal.Un análisis sumario de lo que está ocurriendo con los precios permite comprobar sin lugar a dudas que el núcleo duro de la inflación, es decir, los precios de los bienes y servicios no alimenticios, se mantiene en el entorno del 5,5% desde hace más de un año. Los buenos resultados obtenidos en 1987 se debieron exclusivamente al comportamiento de los precios de la alimentación, que se situaron en el entorno del 2%. En cuanto estos precios han acelerado su ritmo de crecimiento (que es lo que sucedió en marzo), el conjunto del índice ha crecido bastante más allá de lo deseable. Las causas de la inflación hay, pues, que buscarlas en lo que está sucediendo en el ámbito de los precios industriales y de los servicios.

Según los análisis del propio Gobierno, comprobables por cualquier ciudadano que se acerque a unos grandes almacenes o a un concesionario de vehículos, el consumo privado está creciendo a un ritmo bastante mayor del previsto, por lo que no tiene nada de particular que las empresas aprovechen este tirón de la demanda para cargar la mano sobre los precios. Es cierto que la reducción de los aranceles frena esta tendencia, pero no lo suficiente como para alinear los precios españoles con los del resto de los países de la CE; hay zonas enteras, como por ejemplo los servicios, protegidas de la competencia, y es precisamente en ellas donde se producen los mayores crecimientos.

Por su parte, el aumento del consumo privado alimenta la importación de mercancías y agrava el déficit de la balanza comercial, ya de por sí abultado, como consecuencia de las importaciones de bienes de equipo. En estas circunstancias lo que procede, desde el punto de vista económico, es frenar la demanda de consumo y preservar en cuanto sea posible el crecimiento de la inversión.

La reducción del precio de la gasolina aparece como algo cuya eficacia es sumamente discutible: la ventaja inmediata se centra en la repercusión sobre el índice de precios del consumo y en la creación de un poder adquisitivo adicional. Es posible que la reducción del precio de los carburantes tenga algún efecto moderador sobre los precios del transporte de mercancías y viajeros, pero ello dependerá de la mayor o menor colaboración de los colectivos afectados y de la propia estructura de la bajada, que para tener un efecto significativo en este dominio tendría que producirse esencialmente en el gasóleo de automoción.

Los efectos negativos serían importantes a medio plazo: la reducción del precio de la gasolina tendrá sin duda un efecto estimulante sobre la utilización del transporte privado en las ciudades, con los efectos de sobra conocidos sobre la contaminación y los atascos. En la medida en que la utilización de vehículos privados permanezca estable, el efecto se hará sentir sobre el consumo privado: se acelerará la tasa de crecimiento de esta magnitud, con las consecuencias ya mencionadas sobre el déficit comercial y los precios. Lo que se gane hoy podría fácilmente perderse mañana.

De hacer algo en el terreno de los derivados del petróleo, lo lógico sería reducir el precio del fuel; de hacerlo así, el Gobierno facilitaría la competitividad de las empresas y, por consiguiente, aliviaría el déficit anterior y alentaría la creación de empleo. Para ello sería importante que la reducción del precio del fuel se trasladara a las tarifas de la electricidad, de forma que se desandara una parte del excesivo camino recorrido en los últimos meses. Si hay algo prioritario en estos momentos es el mantenimiento de la creación de empleo, y esto sólo puede garantizarse con medidas que refuercen la competitividad de las empresas.