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LAS NUEVAS COMUNIDADES / 13

Extremadura, el despertar del regionalismo

Diferentes criterios entre las fuerzas políticas sobre la urgencia de asumir nuevas competencias

, Extremadura está ganando población por primera vez en los últimos 30 años. No ha habido más nacimientos, sino retorno de los emigrantes. Este hecho coincide además con una serie de datos que abren un margen de esperanza para una región (1.086.000 habitantes) dispuesta a completar sin prisas su techo de competencias y a perfilar una economía sobre la base de un sector primario moderno y capaz de generar ahorro e inversión para la industria y los servicios. Aunque existan diferentes interpretaciones políticas y económicas, la ciudadanía reafirma el despertar regionalista.

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El Fondo de Investigación Económica y Social (FIES) calcula para Extremadura un crecimiento de su producto interior bruto superior incluso al de zonas tradicionalmente industrializadas como el País Vasco, Asturias o Cantabria. Teniendo en cuenta este dato el presidente del Gobierno extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, del PSOE, plantea una política económica definida: "No a un campo de miseria subvencionado y sí a unas estructuras agrarias que transformen y vertebren los sectores productivos (cordero, caprino, maíz, porcino ... )".Desde 1983 a 1988 los presupuestos de la comunidad autónoma extremeña se han caracterizado por su ajuste, sin superávit ni déficit. De una partida de 2.702 millones de pesetas en 1983 se ha pasado a los 47.897 para el presente ejercicio, con un incremento global en seis años del 1.672%. El capítulo de inversiones reales supone el 48% del presupuesto total, mientras que el de remuneración del personal no llega al 25%. Las consejerías de Obras Públicas (14.164 millones) y Agricultura (11.658) concentran las mayores partidas del presupuesto regional.

Críticas

Sólo en 1985 el Gobierno regional emitió deuda pública, por un importe de 2.000 millones de pesetas, que fueron destinados a la financiación de tres obras concretas: un puente sobre el Guadiana a su paso por Badajoz, la depuradora de aguas residuales en Cáceres y la mejora de la infraestructura agraria.

Las críticas de la oposición se centran en que "sólo están desarrollando labor de inversión e infraestructura", según el PCE; en que "no hay un estudio serio de las necesidades reales y se realizan continuas transferencias de créditos", según el CDS, y en que, "se está gastando mal y con retraso", según AP.

El Gobierno regional extremeño es partidario de una ampliación de competencias en el marco de una negociación global de la Administración central con las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución. Para Rodríguez Ibarra, deberían llegar de manera escalonada, "porque hay transferencias inmediatas que no producirían ningún trastorno y otras, como Educación y Sanidad, que merecerían un estudio aparte". AP, el principal partido de la oposición, no comparte esta opinión "porque en Sanidad y Educación estamos en inferioridad de condiciones respecto a otras regiones", y lamenta "que fuera rechazada la propuesta de creación de una comisión, integrada por todos los partidos políticos, para estudiar la ampliación de competencias". Sin embargo, según el presidente de la Junta de Extremadura, "ese rechazo no ha existido. Lo que no estoy dispuesto es a gobernar en coalición".

En su pasada oferta electoral el CDS contemplaba alcanzar el techo de competencias, pero su presidente provincial en Badajoz, Tomás Martín Tamayo, tiene ahora serias dudas de que ese paso se pueda dar con los socialistas en el poder, "porque están dando muestras de su incapacidad para desarrollar las competencias que ahora tienen asumidas. La Sanidad y la Educación están peor que cuando dependíamos de la Administración central, Obras Públicas es un caos, los asuntos económicos marchan mal y el amiguismo prima". El líder de Extremadura Unida, Pedro Cañada, muy crítico con el Ejecutivo en la anterior legislatura, considera "absolutamente necesarias nuevas competencias. Queremos y debemos tener la posibilidad de usar los mismos techos que otras comunidades". Izquierda Unida pide "que se abra un debate en el camino para alcanzar el máximo techo competencial y con el horizonte temporal más corto posible".

La comunidad autónoma extremeña posee, entre otras competencias exclusivas en agricultura, ganadería; cultura y patrimonio histórico-artístico; ferrocarriles y carreteras; distribución de energía; fomento del desarrollo económico; turismo; obras públicas y recursos hidráulicos; asistencia y bienestar social.

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