Conflictos sobre el terreno

, La comunidad autónoma extremeña no mantiene ningún conflicto con la Administración central. El único contencioso del Gobierno regional es con la propia Administración de Justicia, en concreto con la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres, y a propósito de las expropiaciones de fincas decretadas por la Junta de Extremadura.

El 31 de mayo de 1986, en un intento de llevar a cabo una esperada reforma agraria para Extremadura, el Ejecutivo acuerda la expropiación de uso por 12 años de tres fincas: El Verdugal, Las Erguijuelas y Valero. Las dos primeras fueron ocupadas y su administración ha pasado a manos de sendas cooperativas de jornaleros, pero continúa en los tribunales la decisión final sobre la expropiación de Valero, propiedad de Rocío Falcó y Fernández de Córdoba, condesa de Berandevilla y hermana del marqués de Griñón, Carlos Falcó.

El Ejecutivo regional llegó a recusar en tres ocasiones al presidente y a los dos magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres, "por enemistad manifiesta". El pleno de la audiencia extremeña rechazó estas recusaciones y en su argumentación aludió a "la mala fe de los recurrentes".

Mala fe

"No hay conflictos con la justicia, sino una disparidad de criterios con los tres magistrados de la sala", explican fuentes de la Junta de Extremadura. Una reciente sentencia declaró nula, "por no ajustarse a derecho", la expropiación de Valero.

Para el presidente Rodríguez Ibarra, "junto a la propiedad hay otros sectores interesados en que no salga adelante la ocupación, caso de los terratenientes con mucho patrimonio sin cultivar. Existe una estrategia para que no entremos en la finca, porque saben que si lo hacemos no volveremos a salir".

Una situación tan ambigua como el hecho de haber ocupado dos fincas y Valero no, expropiada por el mismo procedimiento y siguiendo idéntico trámite de audiencia, lleva al máximo responsable de la autonomía extremeña a afirmar: "Algo raro está ocurriendo. Puede indicar esto que aquel que tiene mucho dinero puede vulnerar la ley abusando permanentemente de ella".

A los dos años de haberse iniciado el proceso, el presidente extremeño expresa por primera vez sus dudas sobre la posibilidad de que la finca sea finalmente ocupada: "Yo había imaginado que Valero sería expropiada, y no para la Junta de Extremadura sino para que los jornaleros pudieran explotarla. Pero hoy he perdido bastante la esperanza después del último auto de la Audiencia Territorial, que no tiene precedentes en la historia del derecho administrativo español".