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Reportaje:LAS NUEVAS COMUNIDADES / 10

Navarra, una comunidad con plena autonomía fiscal

El Gobierno foral proyecta grandes inversiones y no tiene prisa para asumir más competencias

El Gobierno de Navarra goza de plena autonomía normativa y de gestión en materia tributaría y es, por tanto, el encargado de recaudar los impuestos y de administrar los recursos públicos de la comunidad foral. Esa gestión autonómica le ha permitido a Navarra desarrollar, a partir de los años sesenta, una política de equipamiento en infraestructura y el establecimiento de un marco apropiado para el progreso industrial y agrario. La autonomía ofrece incentivos a la actividad empresarial y prevé grandes inversiones para obras públicas y la creación de una universidad.

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En virtud de su régimen foral, la actividad tributaria y financiera de Navarra se regula por el sistema tradicional del convenio económico con el Estado, el último de los cuales data de 1969, que el Ejecutivo espera actualizar una vez finalizado el proceso de transferencias previsto por el Amejoramiento del Fuero. Este cupo, además de fijar la cuantía de la aportación de Navarra al Estado, establece las normas de armonización tributaria con el régimen general del Estado.El Parlamento de Navarra, entre otras peculiaridades propias del régimen foral, cuenta con un órgano especializado en la fiscalización del gasto público, la Cámara de Comptos, institución que conserva la denominación del viejo Tribunal del Reino de Navarra, que controlaba los gastos de la Corona. La Cámara de Comptos informa sobre las cuentas y sobre la gestión económica de la Administración Foral y de sus organismos autonómicos y sociedades públicas, así como de los ayuntamientos de Navarra y de los organismos dependientes de ellos, y envía informes de todo ello al Tribunal de Cuentas del Estado.

En la actualidad, la política presupuestaria de la Comunidad está mediatizada por un ambicioso calendario de inversiones plurianuales, cuyos dos máximos exponentes son la creación de la universidad pública de Navarra y la construcción de la autovía entre Irurzun (Navarra) y Andoáin (Guipúzcoa), a los que habría que sumar la posible construcción de los embalses de Itoiz y de Urdalur, ambos en territorio navarro.

Se ha creado la comisión gestora de la universidad pública, presidida por el catedrático Pedro Burillo. Estará emplazada en Pamplona, en terrenos denominados Plan Sur, de unos 190.000 metros cuadrados ya urbanizados. Prevé la concesión de 31 titulaciones, fundamentalmente técnicas, con un número de alumnos previsto de 8.210 y 512 profesores.

Respecto a la autovía entre Navarra y Guipúzcoa, aún se está en fase de proyectos técnicos. El presupuesto inicial estimado era de 22.000 millones de pesetas, de los que Navarra sufragaría 12.000, y Guipúzcoa, 10.000. Se espera que la autovía sea una realidad a principios de los años noventa. El proyecto ha provocado también la contestación social, con la constitución en ambas provincias de una Coordinadora Antiautovía que rechaza el proyecto por motivos ecológicos, sociales y presupuestarios.

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Traspasos 'congelados'_

Mientras tanto, la comunidad estudia el modo de asumir las transferencias del Insalud y continúan congeladas las transferencias educativas. Sentencias judiciales han reconocido a los funcionarios transferidos del Estado la comunidad foral su derecho la equiparación retributiva con los funcionarios navarros. Esa equiparación supondría un gasto anual de unos 4.000 millones de pesetas si se aplicase a los varios miles de maestros que pasarían a depender de la Administración foral. El Gobierno autónomo mantiene recursos ante los tribunales.

El Ejecutivo tampoco tiene voluntad de asumir las competencias exclusivas de Tráfico, a las que podría acceder en materia de policía foral. La que existe cumple por ahora algunas funciones de control de tráfico y transportes, siempre compartidas con la Guardia Civil, y realiza tareas de vigilancia de edificios públicos y escolta a los miembros del Gobierno foral. El capítulo de materias aún no transferidas lo completa el área de obras hidráulicas en las que el Estado invirtió casi 2.000 millones durante el pasado año.

Desde el primer momento, las fuerzas políticas nacionalistas dile Navarra rechazaron el Amejoramiento del Fuero. Esas fuerzas tienen en la actualidad 12 parlamentarios forales en una Cámara de 50 escaños. En las dos últimas legislaturas, sin embargo, la viabilidad de Navarra como autonomía un provincial ha sido tema de discusión en el debate político sobre el futuro de la comunidad foral.

Imán cercano

Tras las elecciones de .1987, el PSN-PSOE, lista más votada de Navarra con 15 escaños parlamentarios, inició un complejo intercambio de conversaciones para pactar la gobernabilidad de esta comunidad. Unión del Pueblo Navarro (UPN), con 14 escaños, aparecía como el imán más cercano para los socialistas navarros.

Al final hubo acuerdo de gobernabilidad entre PSOE y UPN, a cambio de la concesión de 5.400 millones de pesetas al Ayuntamiento de Pamplona para cubrir parte de sus deudas.

En esta tesitura, las fuerzas nacionalistas parlamentarias (EA, con cuatro escaños y EE con uno) ven limitadas sus posibilidades de actuación a la pura denuncia y a la mera enunciación de intenciones, mientras los siete parlamentarios de Herri Batasuna siguen sin asistir a las instituciones forales.

El próximo congreso regional del PSN-PSOE y la elaboración de su ponencia marco, así como declaraciones políticas de la derecha navarra permiten asegurar, sin embargo, que la diferenciación más clara de las opciones políticas en Navarra la constituye el nacionalismo vasco. Los socialistas se arriman a la derecha navarrista para ahuyentar el fantasma abertzale y hablan en público y en privado de la inadmisibilidad de negociar en Argel el futuro de esta comunidad.

El voto vasco ha ido creciendo en Navarra desde 1977, EA y EE respetan las normas de juego del amejoramiento sin compartirla y repiten que Navarra como comunidad será inviable. El PSOE lo niega.

Afectos humanos, recelos políticos

M. M. El 1 de marzo de 1984, el presi dente socialista Gabriel Urralburu, en su discurso de investidura, anunciaba que su Gobierno no respaldaría ninguna ¡niciativa tendente a la integración de Navarra en la comunidad autónoma vasca (CAV).

Con el relevo en el Gobierno de Vitoria de Carlos Garaikoetxea por José Antonio Ardanza se regularizaron en parte los contactos entre consejeros de ambas comunidades, desbloqueándose, por ejemplo, el proyecto de construcción de la autovía entre Pamplona y San Sebastián.

Sin embargo, hasta ahora, el único acuerdo firme de carácter político adoptado en Navarra con respecto a las relaciones con la CAV ha sido el surgido en el Parlamento Foral el 12 de marzo de 1987, merced al cual esas relaciones deberán circunscribirse a la vía de convenios mutuos de colaboración en materias de interés común.

El acuerdo insta al Ejecutivo navarro a la creación de un'órgano permanente que sirva de cauce de encuentro para los Gobiernos de ambas comunidades, y advierte que el mismo no podrá desempeñar funciones de representación política o de carácter decisorio o vinculante para ambas comunidades.

El único grupo nacionalista presente en la Cámara en aquella fecha, Eusko Alkartasuna (ya que Herri Batasuna no asiste a las instituciones), votó negativamente el acuerdo, por entender que limitaba las múltiples fórmulas de relación posibles.

En la actualidad, se han incrementado los convenios parciales con la comunidad autónoma vasca; Asimismo, Jesús Eguiguren y Javier Gómara, presidentes de las cámaras legislativas de Vitoria y Pamplona, respectivamente, han realizado visitas oficiales a las dos ciudades y el Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) ha retirado de su proyecto de ponencia-marco, que será debatida en el próximo congreso regional del partido en el mes de mayo, unas duras referencias a la inclusión de Navarra en el documento por la normalización política de Euskadi, firmado por todos los partidos vascos.

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