España estudia la suspensión de importaciones de uranio procedente de Namibia

El Gobierno español estudia la suspensión, para este mismo año, de las importaciones de uranio enriquecido procedentes de Namibia, según dijo ayer el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Luis Yáñez. Igualmente, el Gobierno prepara una lista de sanciones contra el régimen racista de Suráfrica, dijo Yáñez, para quien nuestro país es uno de los que más escrupulosamente cumple con el bloqueo al régimen del apartheid que practica Johanesburgo.

La enfermedad del ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, operado ayer, hizo que fuese Yáñez -y no el ministro de Relaciones con las Cortes como se anunció inicialmente- quien compareciese ayer ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados. Las relaciones de España con Suráfrica acapararon la. mayor parte de la sesión, y Yáñez aseguró, entre otras cosas, que nuestro país trata de coordinarse con los restantes estados de la Comunidad Europea para embargar las compras de carbón surafricano, que, en cualquier caso, se reduce cada año."Estamos reduciendo progresivamente las importaciones de carbón y buscamos suministros alternativos, por ejemplo en China y Polonia, aunque sean Más caros y de peor calidad". Respecto de la importaciones de uranio de Namibia, Yáñez dijo que el contrato data de 1974, y que fue renovado por primera vez en 1978, siendo ministro de Industria Agustín Rodríguez Sahagún, quien precisamente ayer presentó una pregunta sobre el tema en la comisión.

Yáñez se excusé diciendo que las compras de uranio a Namibia, desaconsejadas aunque con carácter no vinculante por las Naciones Unidas, no se realizan directamente, sino a través de una empresa británica y aseguró que la resistencia namibia del Swapo "ha agredecido al Gobierno español su actitud".

El secretario general de política exterior del Ministerio de Exteriores, Fernando Perpiñá Robert, que también compareció ante la comisión, calificó de "tensas" y "difíciles" las relaciones con Suráfrica, especialmente desde 1986 cuando fue expulsado de Madrid el consejero militar. Los embargos de exportaciones e importaciones de armamento militar, el "desalentar" actos culturales y científicos, la suspensión de exportaciones petrolíferas y de importaciones de monedas de oro y siderurgia, fueron citados por Perpiñá como algunas de las sanciones que ya se aplican a Suráfrica. Junto a ello Yáñez anunció que a partir del próximo mes de noviembre las líneas aéreas surafricanas no aterrizarán más en suelo español y el secretario de Estado y el secretario general detallaron si habrá nuevas medidas contra el régimen racista en el caso de que éste lleve a cabo la aplazada ejecución en la horca de seis negros, conocidos como el grupo de Sharpeville. También anunció la "buena disposición" del Gobierno para facilitar la instalación en Madrid de una oficina del Congreso Nacional Africano, principal grupo de oposición al régimen racista.

Ni centristas ni comunistas se mostraron satisfechos de estas explicaciones. El diputado de IU, Gerardo Iglesias, llegó a afirmar que el Gobierno español, "apoya la esclavitud" con su "política de dos caras" en lo concerniente a la compra de carbón a Suráfrica". Iglesias, que pidió el corte total de relaciones con el régimen de Pieter Botha, fue replicado por Yáñez, quien aseguró que el arzobispo surafricano Desmond Tutu, no solicitó, durante su paso por Madrid, una completa ruptura diplomática con el régimeen de Johanesburgo.