Los altos cargos vascos cobrarán al cesar sólo una mensualidad, según la nueva ley autonómica

El proyecto de ley por el que se regulan las retribuciones, indemnizaciones y prestaciones económicas temporales por cese de altos cargos de la Administración y de las sociedades públicas vascas será enviado próximamente al Parlamento de Vitoria, tras su reciente aprobación por el Ejecutivo autónomo. La indemnización por cese se limitará al sueldo de una mensualidad, independientemente de la causa del cese y de la duración del puesto de trabajo en la Administración.

Sin embargo, las personas que pasen a situación de desempleo recibirán durante un máximo de 12 meses unas prestaciones equivalentes al 40% de su anterior sueldo, aunque será incompatible con cualquier otro tipo de prestación e indemnización.El proyecto de ley permite que las personas que ocupen estos cargos en la Administración vasca en el momento de la entrada en vigor de esta ley opten entre la nueva legislación o la anterior, la 7/1981 de 30 de junio, que establece el cobro de indemnizaciones al pasar de unos cargos a otros. Esta ley, todavía vigente, es la que permitió que el ex lehendakari del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea, cobrara 5.631.765 pesetas al abandonar su cargo, y el actual presidente del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza, 1.120.250 pesetas al dejar su puesto como diputado de Guipúzcoa.

Este proyecto de ley establece que la cuantía de la retribución de los miembros de la Administración, personal eventual y cargos de confianza, además de los miembros del Gobierno, quedará establecida anualmente en la ley de Presupuestos. Según los de este año, todavía sin aprobar, el lehendakari percibirá 8.481.000 pesetas, el vicelehendakari 7.960.000, los consejeros 7.473.000, los viceconsejeros 6.687.000, y los directores de departamento 5.507.000 pesetas. En el caso de los cargos de confianza y de los directores de las sociedades y entes públicos, sus retribuciones no podrán exceder de la fijada para los viceconsejeros, aunque los consejeros de administración de sociedades y entes públicos podrán fijar una serie de incentivos que también deberán pasar por la ley de Presupuestos.