La oposición panameña exige que Noriega se comprometa en el diálogo con la Iglesia

La oposición panameña ha exigido que sea el propio general Manuel Antonio Noriega, y no el Gobierno civil, presidido por Manuel Solís Palma, quien acepte y se comprometa personalmente en el diálogo del que el arzobispo Marcos McGrath podría ser mediador. La Iglesia católica, que en la tarde del martes anunció haber recibido una aceptación verbal de su mediación por parte de Solís, decidirá hoy si renuncia a la misión propuesta por Felipe González y otros dirigentes. Al mismo tiempo, siguen llegando a la base norteamericana de Howard los 50 aviones que transportan 1.300 soldados de elite de Estados Unidos.

Dado que es la Iglesia la que está promoviendo está solución pacífica de la crisis panameña habría que confiar en que un milagro evite todavía el fracaso del intento mediador, porque las posiciones adoptadas por las partes enfrentadas no conducen al optimismo. Por un lado, la aceptación verbal del Gobierno se ha producido en medio de una campaña feroz, en la que se alternan insultos y falsedades, de parte de la prensa del régimen contra el arzobispo McGrath y las demás jerarquías eclesiásticas.El Gobierno, además, retrasa sin explicación la publicación, solicitada por la Iglesia, de un documento en el que se comprometa públicamente con ese diálogo. Por último, como claro obstáculo a la mediación del arzobispo, las autoridades han montado una negociación paralela, a la que sólo acuden fuerzas adictas al régimen (sindicatos, partidos de la coalición gubernamental y de izquierda).

Por el otro lado, la oposición con el afán de insistir en que el presidente es Eric Arturo Delvalle y no Manuel Solís, sostuvo ayer que "la mediación debe darse entre el general Manuel Antonio Noriega, por una parte, y la Cruzada Civilista y los partidos de la oposición democrática, por la otra".

Estos grupos advierten que "no podemos ilusionar a la opinión pública en el sentido de que se han dado las condiciones para la mediación propuesta" y reiteran que, antes de sentarse a hablar, las autoridades tienen que poner en libertad a Carlos Ernesto de la Lastra (el único preso político del país, detenido hace diez días) y autorizar la reapertura del diario opositor La Prensa y de todos los demás medios de comunicación clausurados hace más de un mes.

En una carta a McGrath, la Cruzada Civilista y la Democracia Cristiana anuncian que "continuarán la lucha" por "la salida inmediata del general Noriega y el inicio efectivo de la verdadera democratización del país". Las primeras acciones de protesta de esta semana fracasaron por la vigilancia policial y la mínima asistencia de manifestantes. Para la tarde de ayer había convocada una marcha contra el hambre, que pretendía recorrer calles del centro de Panamá desafiando la prohibición de las autoridades.

El acto convocado por la oposición frente al edificio de la administración del Canal apenas contó con la participación de medio centenar de personas que agitaron pañuelos blancos y gritaron contra Noriega. La policía había filtrado previamente los accesos a esa zona.

Protesta frustrada

A pocos metros del lugar de la frustrada protesta llegaron unos minutos después las primeras unidades de los refuerzos enviados por Estados Unidos a Panamá. El primer vuelo, que aterrizó a las cuatro y media de la tarde en la base de Howard, una de las nueve instalaciones militares con que cuentan los norteamericanos en Panamá, sólo transportó a 22 policías militares y cuatro vehículos blindados.

Por la noche, según las imágenes que ofreció el canal de televisión del Comando Sur, llegaron helicópteros y soldados con rostros tiznados y cascos de camuflaje. En total, serán desplegados en la zona del canal de Panamá 500 policías militares, 300 mar¡nes, 350 soldados del Ejército de Tierra y 150 del Ejército del Aire, además de una treintena de helicópteros y otro material militar. El depuesto presidente Eric Arturo Delvalle considera, sin embargo, que Estados Unidos no está haciendo suficiente presión sobre Noriega y ha amenazado con dimitir de su clandestino cargo si el Gobierno norteamericano no hace más en favor de la caída del general.