Terrorismo

A MEDIDA que se desarrollan las sesiones del juicio que se celebra en Pau (Francia) contra tres mercenarios de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), acusados del asesinato, en 1984, de dos refugiados vascos y del intento de asesinato de otras 10 personas, se hace cada vez más presente en la sala de audiencia la figura invisible del subcomisario español José Amedo. El comisario francés Roger Boslé, antiguo responsable de la desarticulación de los comandos de los GAL en la zona de Bayona, ha testimoniado ante el tribunal que la verdadera identidad de uno de los contactos de estos grupos, conocido como Ricardo, era la del funcionario español. Pruebas de balística realizadas sobre las armas usadas por los acusados en sus fechorías criminales señalan un mismo origen, a este lado de los Pirineos, para el Batallón Vasco Español (BVE), que actuó, a caballo de los años setenta y ochenta, a ambos lados de la frontera franco-española, y para los GAL, lo que refuerza la creencia popular de que unos y otros no han sido sino los mismos perros, aunque con distintos collares.Sin duda, estas nuevas actuaciones sumariales, que se añaden a otras ya existentes en Francia y en Portugal, serán aportadas en su momento al juez español que investiga el alcance de la documentación presentada por la justicia francesa sobre la presunta relación del subcomisario Amedo con las actividades de los GAL. La evolución deljuicio de Pau está dejando en el más espantoso de los ridículos a los magistrados de la Audiencia Nacional que, recientemente, rechazaron el procesamiento de Amedo alegando que en la documentación recogida por el juez instructor no había indicios de criminalidad, sino meras sospechas. Lo que se ha oído en Pau ya no son imputaciones más o menos creíbles de truhanes, mercenarios o hampones, interesados en echar sobre las espaldas de otros su responsabilidad. El salto cualitativo dado en la consistencia de las imputaciones contra el subcomisario español es importante, pues se trata del testimonio de un funcionario policial encargado de la investigación de las actividades de los GAL y de pruebas periciales realizadas por expertos en balística.

La aparición de estos testimonios en un momento en que también la justicia francesa tiene que decidir sobre la extradición a España del dirigente etarra Santiago Arróspide, Santi Potros, constituye una prueba para la cooperación que Francia y España mantienen contra la delincuencia terrorista. La cooperación intemacional contra el terrorismo es la fórmula -y no la ejecución sumaria sobre el terreno- con la que los Estados democráticos deben acabar con esa lacra de nuestro tiempo. Pero esa cooperación entre Estados no sólo debe atenerse escrupulosamente a sus leyes internas y a las normas bilaterales o multilaterales que específicamente la regulan; también debe ser beligerante contra cualquier forma de actividad terrorista, sin excluir aquella que pueda nacer en las propias entrañas del aparato del Estado, ser alentada desde la penumbra de los servicios secretos y financiada con el dinero de los contribuyentes.

Hasta ahora no puede decirse que la cooperación franco-española contra el terrorismo no discurra por las vías del derecho y con el exigible control judicial. Francia utiliza, según los casos, o bien el procedimiento -moral y políticamente discutible, pero legal- de la entrega inmediata del sospechoso al país reclamante, o se atiene al proceso judicial de la extradición. En el caso del subcomisario Amedo, un extranjero del que existen indicios de haber participado en hechos terroristas en suelo francés, Francia ha recurrido a la vía del auxilio judicial en materia penal, aportando a la justicia española los indicios de culpabilidad que obran en su poder. Sólo en el supuesto de que esta investigación siga su curso con todas las garantías en los tribunales españoles, nuestro país estará moral y legalmente cubierto ante el hipotético recurso de Francia al procedimiento de la extradición. Lo que no debería ocurrir en ningún caso, en aras de la credibilidad de esa cooperación internacional, es que tales delitos queden sin perseguir ni en un sitio ni en otro y, por tanto, impunes.