Editorial:
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Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El coste de la fe pública

LOS NOTARIOS y registradores de la propiedad son profesionales que prestan a los ciudadanos el servicio de dar fe pública de los negocios jurídicos que, según las leyes, la requieren. Por ese servicio, de naturaleza eminentemente pública, en lugar de cobrar de los Presupuestos del Estado reciben unas cantidades establecidas en función de aranceles. Los vigentes son de 1971, y ninguno de los Gobiernos posteriores los ha reformado, a pesar de su carácter abusivo y escasamente transparente.Los socialistas renunciaron en su día a la funcionarización efectiva de esos servicios, que engloban a 23.000 empleados. Sin duda, en esta decisión pesé lo suyo la fuerte resistencia corporativa de esos cuerpos, tradicionalmente muy influyentes en la Administración. Con todo, a partir de 1984 se han introducido algunas reformas tendentes a recortar los aspectos más escandalosos de ese abuso. Así, se rebajó la edad de jubilación de los notarios, se crearon 300 notarías y 170 registros nuevos, se intensificó la tarea de inspección por parte del Estado, prácticamente en desuso, y se modificó el sistema endogámico de selección, dependiente hasta entonces de los propios colegios profesionales. Pero, como ha sido usual frente a las situaciones abusivas de los cuerpos de elite, los socialistas han practicado más bien la política de amagar y no dar. En el caso de los notarios y registradores se ha eludido plantear la reforma de su función desde la perspectiva de su utilidad pública y social, y, desde luego, no se han tocado para nada los actuales aranceles, que permiten percibir altas minutas mediante un porcentaje regresivo proporcional a la cuantía del acto que se documenta y variable en función del número de folios y copias.

El Ministerio de Economía y Hacienda ha preparado un proyecto de ley de tasas y precios públicos según el cual los notarios y registradores recaudarían las tasas establecidas por ley, que ingresarían en el Tesoro público, quien a su vez reintegraría a esos profesionales la parte correspondiente a sus emolumentos. Desde el Ministerio de Justicia se considera que la propuesta de Economía y Hacienda, si bien favorece la transparencia fiscal, no garantiza el control de los honorarios por el cliente, y, por otra parte, se presta a todo tipo de corruptelas, como demuestra la experiencia de las tasas judiciales. De momento, el proyecto, que se esperaba fuera abordado por el Consejo de Ministros esta semana, ha quedado aparcado. Tal vez este aplazamiento sirva para que la cuestión de fondo, la desproporción manifiesta entre la utilidad social del servicio notarial y registral y su coste para los ciudadanos sean sometidas a debate público. Esos profesionales que monopolizan una función pública vienen logrando, en toda clase de regímenes políticos y sistemas sociales, sobrevivir como casta privilegiada. La dimensión fiscal de su función es sólo un aspecto, y no el principal, que debe ser sometido a debate. Lo principal es el servicio público prestado en orden a la seguridad jurídica de los administrados y su coste.

El argumento de que los notarios actúan como asesores de quienes están obligados a requerir sus servicios, lo que justificaría minutas tan elevadas, se compadece mal con el hecho de que cada notario, al menos en las grandes ciudades, tramite al año tal cantidad de documentos que materialmente imposibilita incluso su lectura por el fedatario público. Casi da vergüenza decirlo, pero la realidad es que como los aranceles establecen los honorarios no sólo en función de la cantidad monetaria del acto jurídico, sino también del número de folios del documento que lo registra, esos folios aparecen escritos en una estrecha columna a fin de que resulten más onerosos al cliente. La reforma proyectada deberá tener en cuenta esta sangrante realidad. Los aranceles deben corregirse a la baja, introduciendo criterios progresivos. Los restos de corporativismo deben ser eliminados, reforzando la objetivación de los mecanismos de acceso a esos cuerpos. Y, sobre todo, la minuta debe ser el resultado de baremos claramente establecidos y comprensibles para el ciudadano común.

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