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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Rapapolvo a Alúmina

EL FALLO del magistrado de Lugo declarando nulos los despidos de los trabajadores de Alúmina-Aluminio constituye un rapapolvo en toda regla a la dirección de esta empresa pública. La sentencia judicial no se pronuncia sobre los hechos gravísimos que llevaron a la paralización del proceso productivo del importante complejo industrial de San Olprián, en el clima de histeria colectiva generado en Galicia con el embarrancamiento del buque Cason. Se centra exclusivamente en el hecho de que se ha conculcado toda una serie de trámites legales que, aunque de carácter formal, son de obligado cumplimiento cuando se trata de imponer una sanción tan grave corno es la del despido. La dirección de la empresa, ni respetó la audiencia previa debida al comité de empresa ni la igualdad constitucional ante la ley al sancionar a unos trabajadores y exculpar a otros, cuando, sin embargo, todos ellos habían actuado de igual manera.La decisión del magistrado ha sido acogida con júbilo por los sindicatos y ha sido calificada de "sorprendente" por la dirección de la empresa. Sin embargo, los primeros no deberían echar alegremente las campanas al vuelo, pues la responsabilidad de los trabajadores en la destrucción de una factoría de extrema importancia para la economía nacional queda en pie tras la sentencia. Ni muchísimo menos el fallo judicial autoriza a sindicatos y trabajadores a pasar la página sobre uno de los hechos más increíbles en la historia de las relaciones industriales de este país. La satisfacción por la readmisión de los despedidos es lógica, pero no debería embotar la conciencia de los trabajadores y de sus representantes hasta el punto de no sacar las consecuencias debidas de un proceder tan alocado, que ha costado al erario público la tolera de más de 16.000 millones de pesetas.

Tampoco la dirección de la empresa debería sentirse tan sorprendida de que el juez señale las gravísimas carencias de que ha adolecido su forma de actuación en el despido de los trabajadores. Aunque se creyera con toda la razón del mundo para proceder a los despidos, ello no la autorizaba a actuar como caballo en una cacharrería en asunto tan vital para los trabajadores, para los que el puesto de trabajo es el más preciado bien.

El respeto por las formalidades legales, por más nimias que puedan parecer, es esencial en aquellas sociedades que tienen por base y fundamento de su convivencia el derecho y la ley. En este sentido, no le falta razón al magistrado cuando atribuye a la dirección de la empresa "precipitación" en los despidos. A la postre, se ha visto que la histeria provocada entre la población de Galicia por el cercano y a la vez desconocido peligro que encerraba el buque Cason también prendió en la dirección de la factoría de Alúmina-Aluminio, y no sólo en los trabajadores.

En todo caso, el fallo de la Magistratura de Trabajo de Lugo sólo constituye un alto provisional en un duelo que sus propios protagonistas consideran decisivo para la definición del modelo que ha de regir en los años próximos las relaciones capital-trabajo. No es extraño, por ello, que hayan echado mano de su mejor artillería legal y propagandística, y que la parte por el momento perdedora haya decidido llevar la batalla hasta el mismo Tribunal Supremo. Mientras tanto, el fallo del magistrado de Lugo, aunque teñido de provisionalidad, ha producido un benéfico efecto pacificador en el clima de crispación que todavía perdura en Galicia a los tres meses del incidente del Cason.

Sin entrar a valorar legalmente la conducta de los trabajadores de Alúmina-Aluminio -extremo sobre el que, en último término, ya se pronunciará el Supremo-, no cabe duda que castigar sólo a éstos y eximir a los políticos y autoridades que tan ineptamente manejaron la crisis provocada por el Cason es una indignidad y un abuso. Pues, que se sepa, no ha habido la más somera encuesta para determinar, en el ámbito autonómico y estatal, las responsabilidades políticas habidas en el caso. Tampoco el Gobierno ha procedido a ningún cese, con lo que, de hecho, ha venido a proteger a quienes propiciaron el caos y el pánico que, en último termino, explica, aunque no justifica, la irresponsable respuesta de los trabajadores de Alúmina-Aluminio.

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