La oposición chilena estima que el estado de emergencia deja sin valor el plebiscito
La renovación del estado de emergencia en Chile por otros 90 días, que permite restringir la libertad de información, desplazamiento y reunión, pone en duda la legitimidad del plebiscito presidencial de 1989, según la oposición. Como sigue vigente el estado de perturbación de la paz interior, el Gobierno puede detener hasta por 20 días, deportar o expulsar de Chile e impedir la aparición de nuevos medios de comunicación.
Para renovar el estado de emergencia, que con una sola interrupción se mantiene desde el golpe de Estado de 1973, el Gobierno siguió un ritual que fue denunciado por la oposición. Días antes, el general Augusto Pinochet advirtió que se intentaba crear "un clima de agitación artificial", y el ministro del Interior, Sergio Femández, dijo que habría un "posible recrudecimiento de la violencia".Además, se descubrieron explosivos colocados en un aeropuerto donde iba a aterrizar el avión presidencial, a pesar de la fuerte vigilancia que hay en esos recintos. El presidente democristiano, Patricio Aylwin, dijo que eran "sospechosas" las denuncias de violencia terrorista en vísperas de la renovación del estado de emergencia.
La oposición criticó ásperamente esta prolongación de las normas discrecionales del régimen, en plena campaña previa al plebiscito. El coordinador del Comité de Elecciones Libres, Sergio Molina, sostuvo que mantener el estado de emergencia en un período preelectoral "es simplemente una burla a los chilenos", lo que genera "más incertidumbre sobre la legitimidad del plebiscito".
El secretario general democristiano, Gutemberg Martínez, afirmó que el régimen "está afectando los requisitos esenciales para que el plebiscito sea un acto libre" y dijo que no había "justificación para mantener el estado de emergencia".
Tanto la oposición como la Iglesia católica y un observador de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Chile, Fernando Volio, habían considerado inconveniente mantener el estado de excepción porque el plebiscito requiere de un ambiente de libertad para tener validez. A pesar del rechazo a la medida, la oposición de centro no ha querido denunciar el plebiscito como ilegítimo para no cerrarse las puertas a la posibilidad de derrotar en las urnas al régimen.
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