González "no querría verse obligado" a hacer uso del veto en la 'cumbre' de la CE

El presidente del Gobierno, Felipe González, no descartó ayer la posibilidad de que España interponga un veto sobre las resoluciones que pueda adoptar en su reunión de hoy y mañana en Bruselas el Consejo Europeo si no se atienden minimamente las exigencias presentadas por Madrid, especialmente en lo que se refiere a la duplicación de los fondos estructurales para las regiones más desfavorecidas. Sin embargo, González dijo ayer que la utilización del veto "no es lo más deseable" y que España "no quería verse obligada" a hacer uso de él.

Las decisiones deben ser adoptadas por unanimidad, y aunque España no ponga en práctica su amenaza, dirigida a través de los medios de comunicación a sus socios comunitarios, ésta permite hacerse una idea de la aparente firmeza de la posición negociadora española.Aunque trató de mostrarse optimista y esperanzado sobre los posibles resultados de esta cumbre, González admitió que le había dejado insatisfecho el documento de compromiso, previo a la reunión de hoy, hecho público ayer por la República Federal de Alemania, que ostenta esta semestre la presidencia de la Comunidad.

La propuesta alemana de compromiso descarta duplicar de aquí a 1992 los llamados fondos estructurales, que pretenden atenuar las diferencias de desarrollo entre ricos y pobres de la Comunidad, aunque sí acepta multiplicar por dos y concentrar geográficamente la ayuda en las regiones menos desarrolladas de los doce.

También reconoció González que hay "algunas flaquezas" en la voluntad política de llegar a un acuerdo sobre la reforma de la CE, y que "las dificultades son muchas" ante la cumbre que hoy comienza en la capital belga. Fuentes de la CE en Bruselas dijeron ayer que España es hoy, y gracias a esta posibilidad, "que no probabilidad", de veto, uno de los países que tienen la llave para abrir la puerta a este acuerdo, si "transige algo".

Pese a este papel de España, el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, que tenía concertada anoche una cita con Felipe González, desconvocó a última hora el encuentro. El presidente del Gobierno español, que llegó anticipadamente a la capital belga, en previsión de posibles entrevistas preparatorias, tan solo mantuvo anoche una breve reunión con el primer ministro holandés, Rud Lubbers.

Anoche, la delegación española se reunió en torno a Felipe González. Pero los principales colaboradores del presidente eran partidarios de no efectuar excesivas concesiones porque consideraban que Bruselas es la última oportunidad para España en los próximos cinco años de obtener una signíficativa transferencia de recursos que le permita hacer frente al llamado mercado único, en 1992, con el que quedarán suprimidas todas las barreras a la libre circulación de capitales y mercancías.

España recibe actualmente a través de los tres fondos estructurales -social, regional y agrícola- cerca de 155.000 millones de pesetas al. año, a los que se añade una cantidad similar del Estado español para desarrollar sus regiones menos favorecidas. El compromiso alemán sólo propone duplicar la parte de esta cantidad destinada a las provincias más pobres, en las que reside más del 60% de la población española.

Si prosperase tal cual el proyecto del canciller de la RFA, Helmut Kohl, comunidades autónomas como el País Vasco, Cataluña y Aragón no se beneficiarían del aumento de los recursos de los fondos, algo que para Madrid, según un diplomático español, es "políticamente difícil de aceptar", con tanta mayor razón que en el proyecto de la reforma elaborado por Jacques Delors, figuraba la duplicación de estas ayudas en un lustro. A lo largáde la negociación previa a la cumbre, Delors, sin embargo, ha matizado su postura dejando casi sola a España a la hora de defender una duplicación de los fondos estructurales.

'Pildora amarga'

Para dulcificar la píldora amarga que pretende hacer tragar a González, Kohl le haya hecho una concesión apreciable al sugerir, por otra parte, que España y Portugal reduzcan en un 70% su contribución al desmantelamiento de los excedentes agrícolas. Gracias a esta rebaja la eliminación de los lagos lácteos comunitarios sólo costaría al erario español 3.350 millones de pesetas anuales.