Noriega, acusado en Estados Unidos de convertir al Gobierno panameño en una gran empresa criminal

Fiscales federales norteamericanos revelaron ayer en Miami el contenido de la acusación contra el hombre fuerte de Panamá, general Manuel Antonio Noriega. El jefe de las Fuerzas de Defensa es presuntamente responsable de utilizar su poder para proteger a los traficantes de drogas y embolsarse 4,6 millones de dólares (525 millones de pesetas) del comercio de cocaína. Un gran jurado acusa a Noriega y otras 15 personas de convertir el Gobierno de Panamá en una gran empresa criminal que ayudó a los contrabandistas colombianos a introducir droga en Estados Unidos. El general es asimismo objeto de otro proceso separado en Tampa (Florida).

Según informa la agencia Reuter, Noriega se enfrenta a un total de 12 acusaciones de contrabando de droga y extorsión. Entre los citados en el caso de Miami se encuentran el mayor (comandante) Mario del Cid, alto jefe militar panameño, y los colombianos Jorge Luis Ochoa y Pablo Emilio Escobar-Gaviria, miembros del llamado cártel de Medellín, informa Reuter.La acusación, de 30 páginas, menciona también al presidente de Cuba, Fidel Castro, por presunta conexión con los narcotraficantes, pero no se encuentra entre los acusados.

El fiscal Leon Kellner declaró ayer que en la acusación se detallan por vez primera "alegaciones del papel central jugado por Noriega en el comercio internacional de narcóticos y cómo vendió su posición oficial". La acusación asegura que Noriega utilizó su poder para convertir Panamá en santuario del cártel de Medellín, considerado responsable de la introducción en EE UU del 80% de la cocaína que se consume en el país.

Funcionarios judiciales aseguraron que es improbable que Noriega sea llevado ante un tribunal por estas acusaciones, susceptibles de condenas de hasta 145 años de prisión y 1.500.000 dólares de multa.

El fiscal declaró que Noriega ha sido incluido en la lista de personas buscadas en FE UU y entregada también a la Interpol. El Gobierno panameño sostiene que los procesos son eslabones en la conjura que a nivel nacional e internacional se ha montado para frustrar el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, y que prevén la devolución del canal a este país en el año 2000, informa

La oposición política expresó su satisfacción por la noticia, y el líder democristiano, Ricardo Arias Calderón, manifestó que el encausamiento prueba que "para desgracia del pueblo panameño, el Estado ha caído en manos de un poder criminal".

Campaña de desprestigio

Ni la presidencia de la República ni la Jefatura de las Fuerzas de Defensa han reaccionado expresamente a las acusaciones.Anticipándose a la acusación del gran jurado de Miami, el Consejo de Gabinete (de ministros) y los dirigentes de la coalición gubernamental panameña emitieron una declaración el jueves en la que expresan su "respaldo incondicional" a Noriega y señalan que las acusaciones en su contra tienen el fin premeditado de bloquear la devolución del canal a los panameños.

Los 12 ministros del Gobierno del presidente Eric Delvalle y los líderes políticos de la Unión Nacional Democrática (Unade) condenaron "la intervención extranjera", así como lo que definieron como campaña internacional de desprestigio contra Noriega (quien el 11 de febrero cumple 50 años), cuyo fin último es provocar una negociación con Estados Unidos para que prorrogue la presencia militar en este país después del año 2000.

En las riberas del canal de Panamá opera desde 1944 el Comando Sur del Ejército de EE UU (una de los cuatro unidades más importantes destacadas en el extranjero), con unos 20.000 hombres, 10.000 de ellos soldados. Según los tratados firmados en 1977 por el ex presidente James Carter y el ex jefe de Gobierno panameño, general Omar Torrijos, a partir del año 2000 no debe quedar en este país ningún soldado extranjero.