Brasil acepta que el convenio de extradición firmado con España incluya a los firmados con anterioridad

El Gobierno de Brasil ha reconocido que el convenio de extradición firmado ayer con España tiene carácter retroactivo y afectará a los antiguos fugados, según manifestó el director del Departamento Federal de Justicia brasileño, Eurípides Carvalho. Sin embargo, el propio acuerdo dispone que los antiguos evadidos tendrán un plazo de 45 días para abandonar el país y evitar la aplicación del convenio de extradición. Las manifestaciones del alto funcionario brasileño aclaran las interpretaciones contradictorias que sobre el artículo 22 del convenio se habían efectuado en los últimos días.

El propio ministro de Justicia, Fernando Ledesma, reconoció ayer, al finalizar el acto protocolario de la firma del convenio, la retroactividad del acuerdo. Aseguré, sin embargo, que ello no planteaba ningún tipo de incompetencia o ilegalidad jurídica, ya que la única retroactividad ilícita es la que se refiere a las disposiciones y acuerdos penales, no a las normas de carácter procesal.Fernando Ledesma anunció ayer públicamente que mientras se ultiman los detalles de la ratificación del convenio de extradición -deberá ser aprobado por los Parlamentos de ambos países- se acelerarán los procedimientos de reciprocidad, a través de los cuales se intentará conseguir la entrega a España de aquellos fugados cuya residencia sea conocida.

El ministro de Justicia español trató el problema concreto de algunos de los últimos evadidos en la reunión que ayer por la tarde mantuvo con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia brasileño. Se presume que en esta reunión Ledesma entregó al magistrado una lista con los nombres y las circunstancias de los últimos evadidos.

Brasil ha acogido con cierta indiferencia la firma de este convenio. En la Prensa no ha habido casi referencias al acuerdo.

El carácter retroactivo del convenio de extradición sorprenderá a los propios fugados. La esposa de Higinio Torras, empresario reclamado tras su fuga a Sâo Paulo, manifestó a EL PAÍS en una conversación mantenida la semana pasada que no le preocupaba el convenio, ya que no afectaría a su marido. El caso de Torras, aquejado por una parálisis progresiva, quizá sea la única excepción, debido a que podría eludir la extradición alegando una enfermedad grave. Éste es uno de los impedimentos a la extradición recogidos en el convenio. Las demás personas conocidas y localizadas podrían ser extradidas en fecha inmediata a través del convenio o por la vía de la reciprocidad. Todo depende de los magistrados españoles y brasileños.

El tratado de extradición firmado ayer se complementará con otras medidas jurídicas entre las que destaca un convenio de asistencia judicial que podría firmarse el mes de marzo próximo y que evitará que Brasil pueda continuar siendo el paraíso de los fugados.

El convenio empezó a negociarse el pasado mes de agosto. El proyecto que se intercambiaron ambos países entonces era muy similar, lo que permitió que se cerrara el acuerdo con celeridad. El convenio debía de haberse firmado en Madrid en diciembre, pero se aplazó por problemas ajenos al acuerdo.

La firma del convenio de extradición se celebró ayer a la una de la tarde, hora local (cuatro de la tarde, hora peninsular), en el palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. En nombre de España firmó el ministro de Justicia, Fernando Ledesma; por parte de Brasil lo hizo el secretario general de Relaciones Exteriores, Paulo Tarso Flecha de Lima. El ministro de Justicia brasileño, que debía firmar el documento, disculpó su asistencia alegando un grave problema que le obligó a viajar a Sâo Paulo.

Tras la firma, Ledesma aseguró que este acuerdo abre las vías para establecer otros canales de cooperación, y recalcó que el convenio sería un arma eficaz para combatir la delincuencia organizada y especialmente el tráfico de drogas.

Industrial fugado

Por otro lado, desde el pasado mes de julio, el industrial catalán Ignacio Baixeras, uno de los implicados en el caso de la colza, se encuentra huído en Venezuela. Hasta entonces, Baixeras vivía en Quito (Ecuador), donde se le había sometido a un procedimiento de extradición que se falló a su favor. Los tribunales ecuatorianos denegaron su traslado a España alegando graves errores procesales en la reclamación.

Ignacio Baixeras decidió huir a Venezuela al conocer que podía ser intercambiado por un ciudadano ecuatoriano que vive en España apellidado Fornels, acusado de apropiarse un millón de sucres del Banco Central de Quito. El temor de Baixeras, que se encuentra huído desde 1980, de ser intercambiado por aquel ecuatoriano le decidió a cambiar de residencia y trasladarse con su mujer a Caracas. Su hija, yerno y nietos se encuentran desde julio en Barcelona.