La Audiencia Nacional descubre irregularidades de la autoridad en la vigilancia del 'afeitado'

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional expone en una reciente sentencia los reiterados incumplimientos e irregularidades administrativas en que incurre la autoridad al llevar a cabo la vigilancia del afeitado. Sus incumplimientos respecto a las astas sospechosas ; de manipulación favorecen -según la referida : sentencia- que se multiplique la picaresca y propician la impunidad de los infractores.

Las irregularidades y los incumplimientos por parte de la autoridad se producen de forma sistemática, al decir de la Sala de lo Contencioso, la cual se ve obligada a tramitar "con considerable frecuencia" recursos de ganaderos sancionados a causa del afeitado, y a anular esas sanciones.La sentencia que desvela estas graves actuaciones, del pasado 10 de diciembre, corresponde al recurso que presentó el ganadero Manuel San Román contra la sanción de 250.000 pesetas que le había impuesto el Ministerio del Interior por afeitado de un toro de su ganadería lidiado en la plaza de El Espinar (Segovia). La Audiencia estimó el recurso y declaró contraria a derecho la resolución sancionadora del Ministerio del Interior.

Sin embargo, la sentencia expone que en este y en casi todos los demás casos de supuesto afeitado la autoridad no observa los requisitos reglamentarios. Y dice: "Reiteradamente se observa un sitemático incumplimiento [por parte de la autoridad] y esta inobservancia reiterada determina la frecuente anulación de las sanciones impuestas, que, si bien pudieran ser procedentes en el fondo, no lo son por quiebra de esenciales requisitos de forma, y lo que se produce es que en la impunidad forzada por tal motivo se multiplique la picaresca, pues los infractores tienen motivos sobrados para intuir que no sufrirán sanción".

"En el caso que hoy ocupa la atención de esta Sala", sigue diciendo la sentencia, "se aprecia una serie de irregularidades administrativas que determinan la anulación del acto recurrido, casi todas ellas enmarcadas en el artículo 134 del reglamento taurino que precisamente es el invocado para sancionar". Y las cita: "No consta en el acta post mortem [de la res sospechosa de afeitado] la menor indicación del modo y las circunstancias en que se recogieron los despojos, ni de la técnica de conservación e identificación empleada. Tampoco consta", sigue diciendo, "diligencia alguna de entrega por parte de la Jefatura Superior de Policía de Madrid [a la Escuela de Sanidad Veterinaria], con la mención del estado de las cajas. Ni se describen en el acta de examen la apertura de los embalajes, su estado exterior, la conservación de los restos, los datos de identificación de las reses con el sello de la autoridad....".

Cajas abiertas

"Y a ello hay que añadir", continúa la sentencia, "que, según manifiesta el recurrente, fue convocado para tal examen y sus facultativos hallaron, al personarse, que habían sido ya abiertas las cajas y reconocidos los despojos el día antes y fuera de su presencia. Por si fuera poco, entre la fecha del espectáculo y el examen de los restos habían transcurrido seis meses, con lo que entra en juego el instituto de la prescripción".

La reiteración de las irregularidades administrativas, de los retrasos en el examen de las astas y de los recursos a las sanciones, que pone en evidencia la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, explica la abundancia de reses con sospecha de afeitado que se han venido lidiando impunemente durante las últimas temporadas, principalmente en la de 1987. Profesionales del mundo taurino llevan años haciendo correr la especie interesada de que el reglamento tiene lagunas jurídicas y por esta razón los ganaderos sancionados por afeitado ganan sus recursos. La sentencia de la Audiencia Nacional, por el contrario, desvela que no hay tales lagunas sino reiteradas irregularidades por parte de la autoridad, que conocen los infractores y las aprovechan en su beneficio.

Continuamente se producen en las corridas corruptelas que la autoridad no erradica, a pesar de su evidencia, como son el propio afeitado, las caídas de los toros, los petos antirreglamentarios. Los aficionados de todas las plazas siempre han dicho, muy expresivamente, que "el problema de los fraudes en la lidia es un problema de autoridad y sólo de autoridad". Ahora se comprueba que no les falta la razón.