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Tribuna:RESISTENCIA EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS

La línea verde

El 31 de enero de 1985, la Comisión Internacional de Juristas publicó un informe elaborado por Law in the Servíce of Man (LSM), su organización afiliada en los territorios ocupados por Israel de la ribera occidental del Jordán. Dicho informe llevaba por título: Torturas e intimidación -en los territorios ocupados: el caso de la prisión de Al-Faraa. Se trataba de una recopilación de declaraciones juradas efectuadas por personas que habían estado detenidas en ese campo de detención, que sirve además como centro de interrogatorios, describiendo las torturas y los malos tratos a los que afirmaban haber sido sometidas en ese lugar. Las declaraciones juradas fueron recogidas por abogados de LSM que "tomaron todas las precauciones para ajustarse a los procedimientos que se observan en los tribunales de justicia".La prisión en cuestión, que entró en funcionamiento en el año 1982, era y creo que sigue siendo un centro utilizado para interrogar y recluir a jóvenes palestinos sospechosos de haber arrojado piedras o cócteles molotov, u organizado manifestaciones y desórdenes públicos en la ribera occidental del Jordán.

En el 41º período de sesiones de las Naciones Unidas que se inició en Ginebra cuatro días después de la publicación del informe, el embajador de Israel, Ephraim Dowek, de la misión permanente de Israel ante las Naciones Unidas en Ginebra, efectuó dos declaraciones. El embajador atacó a la LSM diciendo que se trataba "notoriamente de una organización pantalla creada por simpatizantes locales de la OLP con el abierto propósito de desprestigiar a Israel, manchando su reputación de país íntegro que actúa con las manos limpias, buscando atraer la atención mundial, inflando incidentes menores hasta grados desproporcionados, dando una apariencia de credibilidad y de respetabilidad a acusaciones carentes de todo fundamento".

La historia se repite. Suele decirse que cuando alguien no está convencido de tener razón puede reaccionar injuriando a quienes la tienen. El mismo día en que poníamos pie en el aeropuerto de Tel Aviv supimos que la Embajada de Israel en España ponía en cuestión la objetividad de los componentes de la delegación que recientemente hemos viajado a los territorios ocupados.

Nos pareció insólita una actuación tan poco diplomática por parte de quien tiene por profesión la diplomacia. Y a mí me pareció particularmente torpe porque tachar, en España, donde todos nos conocemos, de parcialidad al presidente Belloch o al magistrado Andrés Ibáñez, que tienen precisamente por oficio ser justos y hacer justicia; censurar de falta de objetividad al fiscal Mena, uno de los mejores fiscales de la carrera, o menospreciar la trayectoria profesional y humana de mis compañeros los abogados Nart y Palmés no sólo constituye una injuria gratuita, sino el riesgo evidente e innecesario de ponerse en ridículo ante la opinión pública española.

Ahora nos damos cuenta de que, desde su particular punto de vista, tenía razón la embajada. No conviene que nadie vea lo que pasa en la Palestina ocupada militarmente por el Ejército israelí. A nadie que presuma de limpio le gustaría que el vecino echara un vistazo a esa habitación llena de basura que tiene en casa. Es mejor anunciar de antemano que el vecino es ciego o por lo menos tuerto o estrábico.

Ni ciegos, ni tuertos

Pero los que fuimos a Palestina no somos ni ciegos, ni tuertos, ni estrábicos. Durante cinco días hemos visto con nuestros ojos, hemos escuchado con nuestros oídos y hemos contrastado noticias estremecedoras. Y vamos a ser objetivos. Y por ello vamos a tener que ser extraordinariamente duros.

Hemos penetrado en los campos de refugiados para comprobar las indescriptibles condiciones de vida de los palestinos internados. Hemos esperado en las puertas de las cárceles mezclados con familiares y abogados, si es que se pueden llamar cárceles a campos embarrados en los que se levantan tiendas de campaña donde se hacinan de 150 en 150 muchachos de entre 13 y 18 años. Hemos visto ignorado el principio de publicidad de los juicios y, a pesar de las dificultades, hemos presenciado con estupor todas las audiencias de una mañana en una parodia de juicios en los que en nueve minutos y 18 segundos exactamente se condena a un niño de 14 años -tenía 13 cuando tiró una piedra contra un automóvil militar- a 14 meses de prisión, de los cuales dos en prisión cerrada y el resto en suspensión durante cinco años y multa del equivalente a 24.000 pesetas o 20 días de arresto sustitutorio.

Hemos visto el horror de una ocupación militar en la que todo está permitido porque, como nos aseguró el propio general Maati Pellet, antes héroe del Golán y ahor a diputado pacifista, en Israel disfrutan de una situación democrática árabes e israelíes, pero la democracia se detiene en la línea verde. Más allá, en los territorios ocupados, para los ciudadanos palestinos no hay "ningún derecho político, ningún derecho ciudadano".

Los que amamos al pueblo israelí y al pueblo palestino estamos en la obligación de avivar la memoria histórica del primero. Ha sido el pueblo que ha sufrido la más atroz persecución. Tiene por ello nuestra admiración y nuestro respeto. Pero ahora se ha convertido en perseguidor. Que recuerde que ningún pueblo es cabalmente libre cuando se convierte en verdugo de su hermano. Isaac e Ismael fueron hermanos. Ya basta para fratricidios con Caín. Ahora urge la inmediata reconciliación.

Juan María Bandrés forma parte de la comisión de juristas españoles que viajó a los territorios ocupados por Israel.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de enero de 1988