Mentiras y precios

LAS RELACIONES entre el Gobierno y el medidor y mensajero de los precios -en este caso, el Instituto Nacional de Estadística (INE)- suelen ser agitadas. La dependencia administrativa del INE alimenta el sentimiento de falta de libertad de una parte de los funcionarios del instituto, que desearían un estatuto especial que les desligue de la actual dependencia. El asunto es, sin duda, opinable, ya que, con las imperfecciones debidas a una estructura administrativa excesivamente rígida, el INE aún sigue siendo capaz de demostrar una cierta independencia de criterio en sus actuaciones, lo cual es muy de agradecer.El último episodio en esta especie de saga agridulce que son las relaciones del INE con el poder ha sido el relativo al conocimiento por parte del Gobierno de un avance anticipado de la evolución de los precios. El índice de precios al consumo suele publicarse hacia el día 20 de cada mes, pero el INE elabora un avance del índice definitivo unos 10 días antes de conocerse éste. Este avance, según un informe del director general de Estadística conocido recientemente, se somete al Gobierno en cuanto se realiza.

Esta manera de proceder no levantaría objeción alguna si el avance se hiciera público inmediatamente. Al fin y al cabo, se trata de una información cuya importancia política es considerable, dado el sentido y los objetivos generales que ha perseguido la política económica española desde hace unos cuantos años. El sustraerla a la opinión pública durante unos cuantos días procura una ligera ventaja política a quienes disponen de ella, aunque a largo plazo los efectos negativos superan sin duda a las ventajas inmediatas, ya que la ocultación de la información, en este caso, conduce inevitablemente a la sospecha de manipulación.

El problema se complica porque el informe del director general de Estadística contradice frontalmente las declaraciones de altos cargos de la Administración, que han negado sistemáticamente la elaboración del avance de los precios y su comunicación al Gobierno. Aquí hay alguien que miente, lo cual es más grave que la eventual ocultación de la información estadística.Contrariamente a una opinión bastante extendida como consecuencia de este tipo de prácticas, el índice de precios no es directamente manipulable por el Gobierno, pues se trata de una síntesis de millares de precios tomados en los más diversos lugares de España. Lo que sí resulta posible es mantener artificialmente bajos algunos de los precios de los productos que componen el índice cuando éstos son conocidos por el Gobierno. El secreto estadístico, que a veces invocan los funcionarios del INE en el ejercicio de su profesión, se refiere más a la protección de su trabajo frente a las presiones del poder que frente a la opinión. Ésta es la razón por la que las ponderaciones de los artículos específicos que figuran en el índice permanecen secretas. Lo que no debe permanecer secreto, ni tan siquiera unos días, es el índice mensual.

El conocimiento y el manejo de la información son una de las bases en las que se asienta el poder: existe una relación directa entre el grado de transparencia de las sociedades y el ejercicio de los derechos democráticos. Las sociedades en las que todo, o casi todo, es secreto de Estado son también las sociedades en las que los ciudadanos son menos libres. En una sociedad abierta, la información debe circular libremente, y sólo en casos muy determinados debe restringirse su utilización. Obviamente, éste no es el caso del índice de precios al consumo, cuyo conocimiento puntual no parece que pueda permitir especulaciones ilícitas ni mucho menos poner en peligro la seguridad nacional. En la Europa continental existe todavía una cierta tradición de tolerancia con el cinismo de los gobernantes cuando éstos no dicen la verdad: la llamada razón de Estado ocupa un lugar excesivo en la vida pública. Afortunadamente, esta tradición ha comenzado a resquebrajarse en los países más representativos de la misma, pero, aparentemente, estos nuevos aires todavía no han llegado a nuestro país, en donde aún es posible que altos cargos de la Administración afirmen o nieguen una misma cosa sin que nada suceda.