La Junta Superior de Precios estudiará esta semana la propuesta de aumento de las tarifas eléctricas

La Junta Superior de Precios comenzará esta semana a estudiar el expediente preparado por el Ministerio de Industria y Energía para el aumento de las tarifas eléctricas durante el año 1988, cuya propuesta inicial la sitúa entre el 5,5% y el 6%, muy por encima de la inflación prevista para el año en curso. La subida propuesta se justifica en el expediente en función del nuevo marco legal y estable aprobado para el sector eléctrico, el elevado aumento de costes financieros del pasado año y la entrada en funcionamiento durante 1988 de dos nuevos grupos nucleares (Trillo I y Vandellós II), cuyos gastos de construcción comienzan a amortizarse.

El expediente de aumento de tarifas, ya ultimado por Industria bajo supervisión del secretario general de la Energía, Fernando Maravall, es la última pata de una serie de disposiciones administrativas que tanto los ministerios de Industria como el de Economía y Hacienda han publicado, o acordado, en los últimos días del año en relación al nuevo sistema para el cálculo de las tarifas eléctricas. Este nuevo sistema se basa en la fijación de unos valores estándares para las instalaciones de generación y distribución de la energía eléctrica, calculados a su vez según costes estándares acordados entre la Administración y las empresas del sector.El Boletín Oficial del Estado ha publicado en las ediciones de los últimos días del año las órdenes ministeriales en las que se determinaban estos costes, tanto los que corresponden a los totales de las instalaciones de generación como los que fijan los de "operación y mantenimiento, de estructura y de capital circulante necesarios para el suministro de energía eléctrica y sus procedimientos de actualización". Se espera que Industria publique en los próximos días los valores individualizados de cada central e instalaciones de producción, a efectos de que las empresas puedan elaborar sus próximos balances de acuerdo a la nueva valoración consensuada con la Administración.

Asimismo, y durante las últimas horas del año, Industria y Economía llegaron a un acuerdo sobre la nueva política de amortizaciones que a partir de la subida de tarifas podrán aplicar las empresas eléctricas. Este acuerdo, que será instrumentado previsiblemente en la orden ministerial de tarifas, permitirá ampliar los plazos de amortizaciones de diferentes instalaciones mediante la creación de la figura contable de costes diferidos. El acuerdo amplía, por término general, la vida media de algunas instalaciones entre 12 y 20 años más, pero impone condiciones en el uso de esta facultad. Así, no se podrá diferir costes en una central si esto supone que la deuda adicional incrementa la inversión anual en un montante superior. El acuerdo también trata de evitar la doble imposición fiscal como consecuencia del diferimiento de costes.

Valoración de activos

Un aspecto importante de las nuevas disposiciones ministeriales, derivadas todas ellas del nuevo marco que establecía el real decreto 1538/87, del pasado 11 de diciembre, es la obligación de que las empresas eléctricas utilicen las nuevas valoraciones de activos para elaborar sus futuros balances de situación. Esto obligará a las compañías a sanear de sus balances, con cargos a reservas o beneficios, los denominados gastos no reconocidos incurridos en la construcción o mantenimiento de las instalaciones. El efecto limpieza de esta obligación ha sido asumido ya por las empresas, que en los últimos ejercicios han realizado un fuerte esfuerzo en tal sentido.Las órdenes ministeriales preparadas también incluyen la denominada tasa de rentabilidad de los activos -situada en torno al 9%-10%-, que permitirá a las empresas fijar sus políticas de beneficios y, en función de éstas, las de dividendos. Queda pendiente, mientras tanto, la publicación de las disposiciones pertinentes sobre compensaciones interempresas y la referida a la moratoria nuclear que, como ya anticipaba el real decreto del 11 de diciembre, se ha decidido prorrogar en espera de la elaboración y aprobación gubernamental de la nueva versión del Plan Energético Nacional (PEN) de 1983.

Es previsible que el Ministerio de Industria utilice la orden de aumento de tarifas para fijar en ella el porcentaje de los ingresos que se destinará a la cobertura de los gastos financieros de la moratoria nuclear, establecidos hasta ahora en el 3,9%. del total. No se espera un cambio sustantivo -incluso se habla de su mantenimiento en este porcentaje, si bien la orden puede incluir alguna disposición para que, como sucede con los gastos no reconocidos en los estándares de las respectivas instalaciones, tengan que ser saneados paulatinamente con cargo a reservas o recursos propios.

El expediente de tarifas requiere el informe preceptivo, aunque no vinculante, de la Junta Superior de Precios, que normalmente suele rebajar las peticiones de aumento solicitadas. Posteriormente el informe será estudiado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y de allí pasará, tras el análisis de la comisión de subsecretarios, al Consejo de Ministros, probablemente el del 15 de enero.