Hacienda 'resucita' la comisión de expertos para el estudio del fraude fiscal en el impuesto sobre la renta

El Ministerio de Hacienda, a través del Instituto de Estudios Fiscales, ha decidido volver a poner en marcha la comisión de expertos que, hace dos años, elaboró un informe sobre el fraude fiscal en el impuesto sobre la renta en los ejercicios 1979 a 1983. Como coordinador continúa Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal y director del Servicio de Estudios de la Confederación Española de Cajas de Ahorros.La comisión se ha modificado respecto a la anterior y está formada por Francisco Castellano, Jorge Juan Pereira y León Sanchís, profesores de Hacienda Pública y Derecho Fiscal; José Luis Raymon Bará, catedrático de Econometría y Métodos Estadísticas, y José Bernardo Quevedo, subdirector asesor del Instituto Nacional de Estadística.

El grupo de trabajo prepara un nuevo informe sobre el fraude fiscal en el impuesto sobre la renta durante los ejercicios 1983 a 1986 que estará terminado a finales de año. El estudio formará parte de otro más extenso sobre 10 años de reforma fiscal en España que será presentado a principios del año próximo.

Un informe oficioso

El anterior trabajo no llegó nunca a ver la luz pública, ya que no fue presentado formalmente a la Prensa, ni fue editado por Hacienda. La razón que se dio en su momento fue que no se trataba de un informe oficial, a pesar de que la comisión estaba coordinada por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente' de la Secretaría de Estado de Hacienda.Únicamente se consintió en remitir un resumen a los periodistas que lo solicitaron, tras algunas filtraciones. La comisión se constituyó en el año 1981, cuando era ministro de Hacienda Jaime García Añoveros.

Las conclusiones del informe no parecieron ser del agrado de los responsables de Hacienda, a juzgar por los hechos. La principal de ellas fue que, en los años referidos, sólo se declararon a Hacienda la mitad de las rentas percibidas. El fraude fiscal, medido en términos de base imponible, alcanzaba en 1983 los ocho billones de pesetas, según algunas estimaciones realizadas por distintos expertos. Desde entonces, las bolsas de fraude se han venido reduciendo, a juicio de los responsables de Hacienda, aunque se considera necesario acometer nuevos esfuerzos inspectores para terminar de localizar a los contribuyentes que hacen caso omiso de sus obligaciones tributarias, o bien que falsean éstas para aliviar su aportación al fisco.

Otra de las conclusiones del informe fue que el grado de cumplimiento de la obligación de declarar impuestos era del 61,7%, es decir, poco más de la mitad de las unidades familiares que superaban el límite de las 300.000 pesetas de ingresos vigente en el ejercicio 1.983, y que las rentas del trabajo se declaraban más que las derivadas de otras fuentes de ingresos.

La metodología empleada entonces es prácticamente la misma que se utilizará para el nuevo estudio, aunque con algunas mejoras.

Es decir, se trata de comparar las bases imponibles declaradas con los datos de renta nacional 3, de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE) para obtener el volumen exacto a que se eleva el fraude fiscal, así como el número de declaraciones presentadas con la encuesta de población activa para medir el grado de cumplimiento de la obligación de declarar, entre otras fuentes de información.