El Congreso anula la ley que permitía impedir la entrada de comunistas en EE UU
El Congreso norteamericano, tan sólo pocos días después del éxito popular obtenido por Gorbachov en EE UU, ha anulado la legislación que permitía impedir la entrada de comunistas en el país. Aunque los dos hechos no están conectados, las dos Cámaras del Parlamento han aprobado una modificación legal que impedirá al Ejecutivo denegar por motivos Ideológicos y políticos visados de entrada a extranjeros que quieran viajar a Estados Unidos.
Con la resolución del Congreso comienza el parcial desmantelamiento de la infamante (en opinión de los defensores de los derechos civiles) ley McCarran-Walter, aprobada en 1952 en plena fiebre de la caza de brujas del senador McCarthy. Apoyándose en esta legislación, los diferentes Gobiernos norteamericanos elaboraron una lista negra de miles de nombres (se ha hablado de 40.000) a los que se vetaba la entrada al país, entre otros al Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, al autor de teatro italiano Dario Fo, al escritor mexicano Carlos Fuentes, al británico Graliani Greene, a Pierre Trudeau -antes de ser primer ministro canadiense-, a la viuda de Salvador Allende y al general de la OTAN Nino Pasti.Si Ronald Reagan firma la ley -que es en realidad una enmienda a una ley general de apropiación de fondos para el Departamento de Estado- a partir del próximo 1 de enero la negativa de entrada en Estados Unidos no podrá basarse en "opiniones, declaraciones o asociaciones pasadas, actuales o potenciales".
La actual legislación permite impedir la entrada a comunistas y otras personas cuya admisión pueda ser perjudicial "para el interés nacional". Todavía, por ejemplo, en los formularios para solicitar visados que hay que rellenar en la Embajada de EE UU en Madrid se pregunta -de acuerdo con la ley McCarran-Walter- si el peticionario milita o ha militado en el partido comunista.
La ley, modificada, seguirá en vigor y permitirá negar visado discrecional -no apelable y que no tiene que ser explicada- a los extranjeros sospechosos de estar vinculados con el terrorismo o que claramente amenacen la seguridad nacional. Existe, sin embargo, un compromiso legislativo para crear, antes del 1 de febrero de 1989, una nueva legislación que arrumbe definitivamente la ley de inmigración McCarran-Walter.
"Durante los últimos 35 años", explicó el senador demócrata por Nueva York Patrick Moynihan, promotor de la nueva legislación, "la ley que excluye la entrada de extranjeros por motivos ideológicos ha expuesto a nuestra nación a un ridículo innecesario y ha minado el respeto por la libertad de expresión que EE UU confia promover alrededor del inundo". Además de la exclusión por motivos políticos, la ley fija otros 33 motivos de prohibición. Los homosexuales y los anarquistas están incluidos en esa lista. "En 1988 acabaremos también con esto", ha prometido el congresista Barney Frank, copatrocinador con Moynihan de la reforma.
Herencia de la guerra fría
La ley McCarran, nombre de un senador de Nevada, fue aprobada en plena guerra fría contra el veto del presidente Harry Truman, quien afirmó que "raramente una ley ha reflejado ladesconfianza que evidencia ésta por los ciudadanos y por los extranjeros por igual". La enmienda que ahora ha aprobado el Congreso extiende a los extranjeros los derechos constitucionales de libre asociación y expresión de que disfrutan los norteamericanos. Esta reforma temporal -estará en vigor un año, hasta que que se apruebe una nueva legislación- prohíbe cualquier deportación que esté pendiente por motivos ideológicos.Durante los años ochenta se han negado unas 800 visados anuales, de acuerdo con la ley McCarran-Walter. El último caso conocido fue, el pasado año, el de la periodista colombiana Patricia Lara, encarcelada a su Regada a Nueva York y posteriormente deportada por sus supuestas conexiones con Cuba, con la guerrilla colombiana y por haber escrito críticamente sobre la política de Reagan hacia Centroamérica. Patricia Lara había entrado en Estados Unidos con un pasaporte y un visado en regla.
La ley no obliga a las autoridades a explicar los motivos de la negativa a conceder el permiso de entrada o de la expulsión.
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