Una situación que tiene que terminar

En España ha habido siempre economía sumergida: no es nuevo ni el fraude a la Seguridad Social ni el fiscal. El autor afirma a este respecto que la crisis económica ha agudizado la cuestión y se han alcanzado proporciones insospechadas, aunque la recuperación de la salud económica española debe ser aprovechada para acabar con el trabajo clandestino, asentado en sectores de todos conocidos.

La característica esencial del clandestinaje es estar al margen de la legalidad vigente. En la economía sumergida entran el conjunto de operaciones económicas no contabilizadas oficialmente y abarca desde las actividades marginales no regularizadas hasta las directamente delictivas como el contrabando, tráfico de drogas o trata de blancas. No entraremos a considerar estas actividades delictivas, claramente tipificadas en el Código Penal, y cuya represión o sanción son funciones de la justicia ordinaria.Tampoco entra en nuestra preocupación el trabajo ocasional, totalmente marginal, que se realiza sin relación con las grandes líneas de comercialización. No deben desviarnos del objetivo principal unas pocas prendas de vestir que el ama de casa confecciona en su hogar para vender entre sus familiares y amigos. Nos interesan, en cambio, Has actividades con trabajadores no registrados, que incluyen producciones clandestinas en gran escala y que son introducidas en el mercado nacional o extranjero.

Esas actividades son dirigidas, a veces, por empresas totalmente clandestinas y, en otros casos, por empresas aparentemente legales, que obtienen en forma oculta parte importante de su producción. Se trata, en definitiva, de una serie de actividades económicas irregulares con las que se hace competencia desleal a la economía legal y que, poco a poco, la va reemplazando.

La pasividad de las autoridades ha abierto un ancho campo de ilegalidad. Las empresas, para hacer frente a la competencia de las clandestinas, han elegido el camino fácil de imitarlas e, incluso, aprovechar sus servicios. Es común el caso de empresas regularizadas que encargan parte de su producción a empresas o trabajadores clandestinos y, de esa manera, introducen en el mercado legal sus productos.

El objetivo del clandestinaje es ahorrar costes, llevándose por delante las condiciones colectivas de trabajo, no sólo en materia de salarios, sino también en otros aspectos no menos importantes como la estabilidad del empleo, la jornada de trabajo, las vacaciones e, inclusive, las normas de seguridad e higiene, que son reiteradamente ignoradas, poniendo en grave riesgo la salud de los trabajadores, obligados a desempeñar su trabajo en ambientes insalubres y manipulando productos nocivos sin las mínimas garantías de seguridad.

Por la vía de la economía sumergida se lleva a los trabajadores a situaciones de sumisión y explotación propias del siglo pasado y que son soportadas como precio a la desocupación y la crisis, sin poder recurrir, por la propia condición de clandestinidad, a la protección del sindicato o la Administración.

Las mujeres y los jóvenes son las víctimas ideales para ser atrapadas por la economía sumergida, ya que el crecimiento del paro ha agudizado la situación de discriminación que sufren estos colectivos.

La opción sindical

Por todo ello, la opción sindical frente a este problema es clara: terminar con el trabajo clandestino, luchando por conseguir condiciones que hagan emerger a esos trabajadores y, colocándolos en la legalidad, los incorpore también a la vida sindical. Es imprescindible lograr una mayor penetración del sindicalismo en la pequeña y mediana empresa, lugar idóneo para el clandestinaje. La presencia sindical hará posible la protección de los trabajadores afectados y la obtención de medidas que permitan la legalización de las empresas sin pérdida de los puestos de trabajo.

La economía subterránea es un síntoma de la enfermedad que aqueja al sistema de economía libre poniendo en evidencia sus fallos estructurales y su mayor injusticia social. Los baremos en los que se mueve son la injusticia, el egoísmo individualista y la insolidaridad social.

La Federación Textil-Piel de UGT rechaza las fórmulas propiciadas por el empresariado y la derecha de flexibilizar y desregular el mercado de trabajo sumergido desprotegiendo a los trabajadores legales. Es decir, se pretende aplicar la cómoda receta de igualar por abajo. Muchos años de lucha sindical, mucha sangre derramada le ha costado a la clase obrera alcanzar los actuales niveles de protección social para hacer dejación de sus derechos tan duramente conseguidos.

Reconociendo que el problema es complejo, la UGT Textil-Piel ha intentado huir de las improvisaciones y los esquemas y ha venido tratando la cuestión desde hace tiempo en sus congresos y en jornadas, lo que le permite formular algunas propuestas que son el fruto del esfuerzo y la experiencia de toda la organización y que pueden sintetizarse en lo siguiente:

1. Puesta en funcionamiento del Consejo Económico y Social como foro para la formulación de políticas de empleo, protección social y una fiscalidad más equitativa.

2. Participación sindical en todos los niveles, tanto institucionales como en el seno de la empresa, particularmente en el control de las contrataciones.

3. Cumplimiento de la legislación laboral, con rigurosa persecución del fraude, regulando la responsabilidad empresarial por los incumplimientos.

4. Apoyo a las pyme, con especial énfasis en la promoción de la economía social (cooperativas y anónimas laborales).

5. Control sobre el comercio exterior e interior para impedir la introducción de productos provenientes de la industria sumergida.

6. Desarrollo de la normativa sobre trabajo a domicilio asegurando retribuciones dignas, jornada de trabajo y normas de seguridad e higiene, con instrumentos adecuados de inspección y vigilancia. Este paquete de medidas no pretende ser exhaustivo, pero permitiría abrir el camino que nos lleve a terminar con la economía clandestina y posibilite la creación de empleo legal.