Miembros de la comisión de encuesta de la matanza de los penales culpan a Alan García

Seis de los 13 miembros de la comisión parlamentaria investigadora de la matanza en tres penales limeños entre el 18 y 19 de junio del año pasado responsabilizaron políticamente ayer al Consejo de Ministros de entonces por estos hechos y recomendaron que se le acuse constitucionalmente. También señalaron que el presidente de la República, Alan García Pérez, tiene directa responsabilidad en la matanza, la cual será determinada políticamente una vez termine su mandato en 1990.

Aunque el diputado de la derechista Acción Popular (AP), Áureo Segarra, planteó en forma personal varias recomendaciones, entre ellas considerar directamente responsable de los terribles sucesos a García, estableciendo la posibilidad de declarar vacante su cargo, la letra de la ley indica que sea la Cámara de Diputados que se elija dentro de dos años y medio la que establezca si el jefe del Estado puede ser acusado o no constitucionalmente por el asesinato de unos 249 presos que se habían rendido y a quienes en su mayoría se les aplicó la pena capital instantánea con un tiro en la cabeza.Los presos acusados de delitos de terrorismo detenidos en los penales limeños de Lurigancho, Santa Bárbara y la isla-prisión El Frontón se amotinaron simultáneamente mientras se realizaba en esta capital la reunión cumbre de la Internacional Socialista, para exigir que no fueran trasladados al moderno penal de Cantogrande.

Trece meses

La comisión investigadora del Parlamento peruano trabajó durante 13 meses, y en 75 días hábiles -desde el 16 de agosto pasado- elaboró un informe, de cerca de 300 páginas, donde, en tres capítulos, y al cabo de 17 meses dei silencio oficial, se establecen los antecedentes, las decisiones políticas tomadas en el momento, los operativos combinados de fuerzas armadas y policía y las responsabilidades. Un cuarto capítulo, que surgirá la semana próxima, recomienda una nueva política de contrainsurgencia para la pacificación del país.Hasta ahora, éste es el único informe surgido de la comisión, pues los otros siete miembros que la conforman -cinco de la gobernante Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), uno independiente y otro democristiano- vienen reuniéndose para emtir uno en conjunto, pero por separado de la oposición izquierdista y derechista que incrimina directamente al Gobierno peruano y al Gabinete del entonces primer ministro y actual presidente de la Cámara de Diputados, Luis Alva Castro.

Para el presidente de la comisión, el senador izquierdista Rolando Ames Cobian, "frente al chantaje de los amotinados, el Gobierno cayó en la represalia vioIenta". Añadió que "el Gobierno se aseguró de que, efectivamente, se actuara en un plazo perentorio y dentro de la mayor brevedad. De esa decisión política partiría luego una cadena de factores y acontecimientos que cencluirían con la masacre de unas 250 personas". De ahí, ante las exigencias de los amotinados, "el Gobierno cayó en la misma provocación que denunciaba: imponer más violencia que la que estaba imponiendo Sendero Luminoso", recalcó.

Más tarde Ames Cobian manifestó que era evidente que la orden de rapidez y eficacia dada al comando conjunto de las Fuerzas Armadas, "implicaba un grado de violencia que ponía en riesgo la vida de los amotinados y de los rehénes".

Los miembros de la comisión también se refirieron a responsables directos de la matanza, como el capitán de la Guardia Civil Rolando Cabezas y el general Jorge Rabanal Portugal.