El aborto que viene

¿Qué está pasando en este país, se pregunta el autor, que ya ha pasado dos años de la promulgación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y aún son una minoría las mujeres que tienen derecho a abortar legalmente?

La ley del aborto se publica en agosto de 1985; su desarrollo hasta la actualidad está lleno de dificultades, tanto a nivel privado como público, especialmente para las mujeres que pretenden acogerse a una interrupción legal del embarazo.Si repasamos los antecedentes históricos en otros países de nuestro entorno, y especialmente la ley del aborto inglesa de 1967, encontramos un decalaje de un año entre su promulgación y la puesta en práctica: tan sólo en 1968 y de una manera general en 1969 las mujeres inglesas pudieron acogerse fácilmente a la ley, y todo ello tras varias sentencias que de alguna forma sentaron jurisprudencia.

En la actualidad, y desde hace muchos años, las inglesas y extranjeras que abortan en Inglaterra en su mayoría lo hacen por el supuesto de que un embarazo no deseado supone un grave riesgo psíquico para la mujer -la ley inglesa es similar en su contenido a la ley del aborto de 1985 promulgada en España.

¿Qué está pasando en este país? Son ya dos años largos y todavía son una minoría las mujeres que tienen derecho a un aborto legal.

Me incluyo entre los profesionales de la medicina que sinceramente pensamos que en más o menos tiempo la ley del aborto española será de una aplicación prácticamente similar a la inglesa; sin embargo, el ritmo de los acontecimientos históricos está manipulado por minorías con escaso implante en el espectro de las fuerzas políticas y sociales de nuestro país.

En una España con años de democracia no dejamos de sorprendernos cuando asistimos a acontecimientos al menos inquietantes para una mayoría del país que ejerce la tolerancia como forma de convivencia.

La actuación de los profesionales de la medicina en Pamplona que, con la información de que dispongo y la experiencia que en estos casos personalmente tengo, han interpretado la ley correctamente no impide el procesamiento de todos ellos e incluso, en una maniobra difícil de entender, de la mujer a la que se realizó el aborto legal.

La mujer había recibido una dosis de radiación en los primeros días de su embarazo difícil de cuantificar en condiciones normales, y más complejo cuando los radiólogos que realizaron las exploraciones radiológicas no facilitan la información solicitada. En este supuesto de graves taras físicas para el feto como consecuencia de una exploración radiológica múltiple, y en el beneficio de una duda razonable, los médicos interpretan que hay presunción de malformaciones fetales. Todo este proceso es puesto en marcha ante la solicitud de la mujer, que no quiere asumir mayor riesgo de malformaciones que la población general de embarazadas. En este supuesto, y apoyados en los dictámenes pertinentes, le realizan una interrupción del embarazo legal.

Acción Familiar, una asociación con escaso implante en el país, consigue con su denuncia del caso que un juez de Pamplona procese a todos los médicos que han intervenido en el aborto y lo hace extensivo a la mujer, no por el hecho concreto del aborto, sino porque presume falsedad en los datos de la historia clínica.

Acción Familiar consiguió, interponiendo un recurso, suspender en otoño de 1986 una orden ministerial que venía a facilitar la normativa de abortos tanto a nivel público como privado, que suspendía la función de las comisiones de evaluación y que, en resumen, pretendía facilitar el acceso de las mujeres al aborto legal, todo ello dentro del marco general de los tres supuestos de la ley que en absoluto se modificaron.

Provida y Acción Familiar están presionando de muy diferentes formas a las clínicas privadas dedicadas al aborto, y en declaraciones a los medios de comunicación afirman que van a conseguir su cierre...

Durante los dos últimos años se han utilizado por estas organizaciones todo tipo de descalificaciones, campañas de prensa y declaraciones contra los médicos de los hospitales públicos que no hacían objeción de conciencia y que, con muchas dificultades, han intervenido en los escasos abortos legales realizados en la red de hospitales del Insalud. El hasta hace poco director de la maternidad de La Paz en Madrid y los médicos de la unidad de interrupción de embarazo de dicho centro han tenido que soportar una campaña de difamación, cuando lo que estaban realizando, en su calidad de no objetores de conciencia, era asumir una asistencia contemplada dentro de las prestaciones de la sanidad pública.

Un médico que libremente decide no acogerse a la objeción de conciencia en materia de aborto y que desarrolla su trabajo asistencial en un hospital público tiene la obligación de atender los casos de aborto contemplados en los tres supuestos de la ley. Evidentemente, su trabajo es más difícil, y estas organizaciones lo saben, cuando se presiona incluso con campañas de prensa persecutorias que en el fondo pretenden obstaculizar su labor asistencial.

Merece la pena reflexionar sobre el comportamiento de las minorías que, amparadas en una serie de garantías propias de toda sociedad democrática, son capaces de negar derechos inalienables que corresponden a las mayorías en su decisión individual.

Desde mi punto de vista, el espacio político en este país tiene unos cauces conocidos por todos, que son el sufragio universal y la representación parlamentaria. Algo no funciona cuando una minoría testimonial bloquea leyes, presiona colectivos, organiza campañas de prensa y consigue alterar el desarrollo de una ley de aborto avalada por la mayoría parlamentaria.

Libertad

Dentro de unos años las mujeres abortarán en este país por decisión propia en un ejercicio responsable de su libertad y apoyadas en la presunción de riesgo psíquico que conlleva todo embarazo no deseado, pero mientras tanto ¿qué va a pasar? ¿La sociedad mayoritaria va a permitir maniobras de minorías que bloquean el desarrollo de las leyes y que pueden sumir a las mujeres con embarazo no deseado en un rosario de penalidades y angustias que les pueden incluso llevar a un procesamiento?

Los profesionales de la medicina que no hacen objeción de conciencia necesitan el apoyo firme de la Administración, tanto en su actividad pública como privada, para poder llevar a cabo una aplicación de la ley del aborto sin las dificultades actuales.

Los médicos no hemos hecho la ley del aborto; nuestra responsabilidad pasa por aplicarla en los supuestos legales, y como técnicos, realizar nuestra labor asistencial. Es competencia de la Administración pública y de sus redes asistenciales conseguir una viabilidad de la ley.

Las leyes pueden esterilizarse cuando no existen medios humanos o materiales para su aplicación y el peso de la viabilidad recae exclusivamente en los profesionales de la medicina.

Ni los médicos no objetores son héroes ni pretenden en absoluto ser mártires en su trabajo cotidiano; tan sólo son consecuentes con una postura personal. En este sentido, la Administración debe apoyarles con hechos concretos, y es de su exclusiva competencia crear la infraestructura para que tanto a nivel público como privado esta ley pueda desarrollarse.

La Administración, y en concreto el ejecutivo de los ministerios de Justicia y de Sanidad, y los profesionales que no hacemos objeción de conciencia tenemos que ser conscientes de que el procesamiento de Pamplona no va a ser un caso aislado y que las minorías antes citadas, con su influencia ideológica en nuestro sistema judicial, nos van a traer en un futuro una serie de procesamientos que, aunque poco agradables, estoy seguro que servirán para acelerar el ritmo de los acontecimientos históricos para llegar al punto donde se encuentran las mujeres de las democracias europeas.

Las mujeres españolas ante un embarazo no deseado podrán optar por las dos alternativas que una mujer libre y responsable puede tomar: continuar el embarazo o interrumpirlo.

Todos necesitamos respeto a la mujer y tolerancia en el aborto que viene.

es jefe del servicio de obstetricia y ginecología del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid).