El procesamiento de Pascual se basa en un informe sobre la previsión del derrumbe

El procesamiento del hasta ahora jefe de bomberos, José Pascual, se ha basado en las conclusiones de un informe pericial en el que se afirma que el derrumbamiento de Almacenes Arias, en el que murieron 10 bomberos, podría haberse previsto si se hubieran ordenado inspecciones periódicas para determinar los efectos causados en la estructura del edificio tras siete horas de fuego. El equipo de gobierno anunció ayer que el recurso irá acompañado de un estudio técnico en el que considera el informe pericial contradictorio y hecho sin la necesaria investigación.

La defensa del Ayuntamiento de Madrid, a quien el juez ha declarado responsable subsidiario de Pascual, intentará demostrar que el informe pericial en el que se ha basado el juez no aporta suficientes indicios para el procesamiento. Para ello el recurso irá acompañado de un informe técnico de Santiago González, arquitecto jefe del departamento de Disciplina Urbanística de la Gerencia Municipal de Urbanismo en el que se cuestionan las conclusiones de los peritos."El informe pericial sobre el incendio y el derrumbamiento es contradictorio. Valga como ejemplo que se dice por un lado que hubo un único foco de fuego y luego se habla de tres. También se dice que no se saben las causas, y en otro lado del mismo informe se dice que fue un fluorescente", dijo el concejal de Seguridad, Emilio García Horcajo.

El primer teniente de alcalde, Luis Larroque, considera que el propio informe pericial permite plantear la defensa. "El juez dice que hay indicios. Los tendrá, pero creemos que hay pruebas contundentes en sentido contrario", dijo. Larroque explicó que la renuncia de Pascual fue aceptada después de que, tras conocer oficiosamente su procesamiento, el jefe de bomberos comunicara a algunos miembros del equipo de gobierno que no estaba en condiciones de responsabilízarse más tiempo de la seguridad de la ciudad.

No habrá cambios políticos

"Pascual nos entregó la carta de renuncia el lunes y le pedimos que siguiera hasta que informáramos del tema a la junta de portavoces, pues pensábamos que hasta febrero no iba a haber auto de sobreseimiento o de procesamiento. Sin embargo, el miércoles nos enteramos de una forma oficiosa del procesamiento de Pascual y de dos de los hermanos Arias, propietarios de los edificios siniestrados. Pascual, ante esto, nos dijo que no aguantaba más, que tenía que dedicarse íntegramente a su defensa personal y profesional y que necesitaba que le fuera aceptada la renuncia, a lo que accedió el alcalde".Larroque defendió la inexistencia de responsabilidad funcionarial ni técnica por parte de Pascual en la catástrofe de Montera. "El equipo de gobierno entiende que no hay responsabilidades políticas derivadas del procesamiento. No se ha pensado en ninguna remodelación dentro del área de seguridad. Se trató de una operación en la que hubo un daño grave, pero imprevisible".

El primer teniente de alcalde recordó que un procesamiento no es una sentencia y defendió la figura de Pascual: "Es un profesional como la copa de un pino. Lleva 19 años trabajando en el cuerpo, es funcionario de las Naciones Unidas en seguridad de incendios y ha intentado profesionalizar al máximo el cuerpo de bomberos". Precisamente esta última tarea es, según Larroque, la causa de los ataques de los bomberos. "Se ha polarizado en una persona el cambio retributivo y de organización. No creo que los fines del próximo jefe de bomberos sean diferentes a los de Pascual".

La asesoría jurídica seguía ayer elaborando el recurso municipal, que se presentará posiblemente mañana, domingo, último día que se tiene para recurrir. Pascual, que además del apoyo de la asesoría jurídica contará con un abogado particular, recogerá hoy el auto de su procesamiento, pues ayer no pudo hacerlo por encontrarse enfermo.

Los hermanos Isidro y Federico Arias recogieron su auto de su procesamiento el miércoles y se ratificaron en anteriores declaraciones ante el juez. El auto indica que las comunicaciones entre los edificios de Montera 29 y 31 "carecían de las licencias municipales preceptivas y su peligrosidad en caso de incendio había sido advertida por el Departamento de Protección Civil".