Ser negro en Cataluña

Medio millar de africanos trabajan en el campo de las cercanías de Lérida. Por 10 horas laborables al día cobran un escaso salario -entre 2.000 y 3.000 pesetas- y padecen discriminaciones. En algunas localidades leridanas, como Vilanova de Segrià o Bellvís, a las personas de color se les prohíbe la entrada en algunos bares. Los "morenos", como se les llama en estos pueblos, han aprendido poco a poco a reivindicar sus derechos, y la inicial actitud de caridad hacia ellos se ha trocado en recelo y desconfianza por sus protestas para mejorar sus condiciones de vida. Aplicando al pie de la letra el cartel Reservado el derecho de admisión, los propietarios de esos bares les discriminan racialmente. Cuando los africanos regresan de las plantaciones de frutales se ven confinados a sus alojamientos, sin agua corriente ni luz.

El alguacil observa la llegada de los forasteros. Dirige a los periodistas al alcalde, para que no se lleven una impresión deformada, porque en Vilanova de Segrià "no existe racismo de ningún tipo", según la máxima autoridad municipal. Si a los africanos no se les deja entrar en algunos bares es porque no se comportan convenientemente, aseguran los vecinos reacios a la presencia de negros en el pueblo. Para el alcalde aliancista de Vilanova de Segrià, Antoni Mangues, el problema se resolvería no contratando a los africanos en situación ilegal. "A los que no trabajen aquí no quiero ni verlos", resume. Los jubilados comentan en un banco: "A este paso tendremos que dejarles las mujeres".Estas escenas sucedían el pasado septiembre, cuando estalló el conflicto racial en Lérida. Dos meses después, el temor de los africanos subsiste. Huyen de los periodistas y no quieren explicar su situación. Temen perder las prerrogativas que gozan.

Separación y tensión

La situación no es muy distinta en Bellvís. "Son unos indeseables y el gobernador civil actúa vergonzosamente a su favor", explica la propietaria del bar Delicias, uno de los locales donde el color de la piel sirve para que el derecho de admisión se aplique con rigor."Cuando llegan los morenos", prosigue la propietaria del bar, "la gente se va, porque no se saben comportar". La separación entre las comunidades ha aumentado sustancialmente desde que el pasado mes de septiembre los temporeros de color dieran a conocer una larga lista de casos de discriminación, mientras persiten las malas condiciones de vida de los africanos y la tensión.

Tres gambianos ocupan lo que era hasta hace poco una granja de cerdos. Lavan a mano y traen el agua desde una fuente de Vilanova de la Barca. No quieren hablar porque temen perder la vivienda que ocupan. Ahora, a las puertas del invierno, no tienen ninguna clase de trabajo y viven de lo ahorrado durante el verano. La casa, repleta de moscas, reúne menos condiciones que la habitada, en la cercana localidad de Termens, por dos senegaleses, Chiquet y Seck.

Nadie quiere alquilar una vivienda a los africanos en los pueblos de las cercanías de Lérida. Chiquet y su compañero, un musulmán fundamentalista, para el que esta discriminación no se da en las grandes ciudades, han de cubrir el techo de la pequeña casa con recortes de madera y cartón. No tienen permiso de residencia, aunque la asociación de africanos les está ayudando a tramitarla. Unos 200 africanos residentes en Lérida, según el Gobierno Civil, se han acogido a la ley de Extranjería. Pero la mayoría siguen discriminados.

Un africano de Guinea Bissau, F. S. S., ha relatado su experiencia en un informe al gobernador civil: "Empecé a trabajar el día 23-6-85 con un empresario, mediante un contrato de seis meses y salario de 2.000 pesetas/día, pero únicamente me abona 1.600 y hace ocho meses que trabajo para él. Quiero reclamar la diferencia. La jornada diaria es de 10 horas o más. En el invierno he podado todos los árboles de su finca; vivo en una chabola en condiciones infrahumanas: no tiene ni agua, ni luz, ni baño".

Después de los casos de discriminación denunciados por los africanos, la Guardia Civil realizó un informe y no encontró ningún indicio de racismo. Las recientes denuncias de la Asociación de Trabajadores Africanos confirman lo contrario. Esta organización, fundada en 1986 y que cuenta con unos 300 Aliados, ha exigido ya la intervención del Defensor del Pueblo.