El pacto antiterrorista
CON FRECUENCIA, éxitos policiales en la lucha contraterrorista se han traducido en derrotas políticas. Por ejemplo, las primeras extradiciones de miembros de la organización terrorista ETA concedidas por los tribunales franceses provocaron una protesta institucional del Gobierno vasco, que envió una delegación a Bruselas para tratar de influir a los países miembros de la Comunidad Europea en contra de esa vía de cooperación.Pero en los últimos tiempos la estrategia antiterrorista se ha caracterizado por una multiplicación de iniciativas en todos los terrenos. Y esas iniciativas, antes dispersas -colaboración francesa, presión policial, reinserción social, actitud de los jueces, contactos en Argelia-, se han realizado con arreglo a una lógica fundamentalmente política. Ello ha permitido superar la polémica sobre medidas políticas / medidas policiales. Unas y otras son necesarias para hacer frente a la violencia terrorista de este género. Ahora, por primera vez en años, el éxito policial que supuso la detención de Santi Potros no ha quedado empañado por efectos políticos no deseables. Al revés: fue el inicio de un relanzamiento de iniciativas cuyos efectos comienzan a ser perceptibles.
El pacto en torno a la lucha antiterrorista suscrito ayer por la mayoría de las fuerzas políticas españolas responde a la necesidad de que exista un acuerdo genérico sobre este punto, no sometido a los vaivenes de la coyuntura. Resulta, por eso, más importante el consenso en sí que el contenido del acuerdo, con ser éste muy de señalar. En realidad, el eje del pacto consiste en la asunción de una declaración del Parlamento vasco de marzo de 1985 sobre la violencia y las formas de hacerle frente.
Dicha declaración se apoya en dos principios: la posibilidad de negociar con los terroristas algo parecido a una amnistía si renuncian a la violencia, y la negativa a reconocer a ETA cualquier legitimidad para negociar cuestiones que afecten, no únicamente a los sujetos terroristas, sino a la población: Navarra, el papel de las distintas policías, etcétera. Ese es también el sentido del documento suscrito ayer, por lo que carecen de fundamento las reticencias expresadas por Garaikoetxea, incapaz, en esta ocasión, de elevarse por encima de intereses partidistas y de calibrar que tan importante, o más, que el pacto en sí es la dinámica que abre.
Hace apenas un año hubiera sido impensable que fuerzas tan heterogéneas se pusieran de acuerdo en la derogación de la legislación antiterrorista o en la voluntad de avanzar hacia la creación de un espacio judicial europeo. El hecho de que Herri Batasuna, acostumbrada al soliloquio, haya mantenido, a petición propia, una entrevista con el PCE, indica hasta qué punto la situación comienza a moverse.
La reacción del pueblo de Ordizia al reciente asesinato de un guardia civil, un año después del desolador silencio que siguió a la liquidación de Yoyes por un comando, de ETA en la misma localidad, es otro síntoma de que no todo permanece inmóvil en la sociedad vasca. Para que esos síntomas den. paso a un futuro de convivencia estable es necesario ahora que en la política vasca pesen más las convicciones democráticas de sus líderes que sus conveniencias electorales o partidistas. El documento que comentamos marca un hito en este aspecto, y es un anuncio esperanzador con vistas a la paz.
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