Diputados franceses discuten medidas contra el hambre en el mundo

Los parlamentarios franceses firmantes del llamamiento en favor de una ley por la supervivencia y por el desarrollo se reunieron ayer en el palacio de Luxemburgo de París, sede del Senado francés, para discutir sobre las modalidades de la acción contra el hambre, que organiza la asociación e Food and Disarmement International (FDI, Alimentación y Desarme Internacional).La ley promovida por FDI prevé la inversión de un uno por mil del Producto Interior Bruto de los países industrializados para la rehabilitación agrícola de una de las regiones afectadas por las hambrunas y la desertización. Hasta ahora, 312 diputados y 103 senadores franceses se han comprometido a apoyar la aprobación de la ley.

El coloquio celebrado en el Senado convocó también a expertos internacionales, que debatieron, junto a los parlamentarios, sobre el método de trabajo diseñado para actuar en una región deprimida, las atribuciones institucionales y gubernamntales necesarias, la inscripción en la ley de los plazos de la acción a desarrollar y el plan de financiación.

La ley francesa, en función del PIB, implica el compromiso de 5.000 millones de francos anuales (100.000 millones de pesetas aproximadamente). La campaña de FDI, que está llegando a su punto culminante en Francia, se ha desarrollado en otros países de Europa, como Bélgica e Italia, donde han sido ya aprobadas sendas leyes de supervivencia en 1983 y 1985, por valor de 10.000 millones de francos belgas (30.000 millones de pesetas) y 1,9 billones de liras (180.000 millones de pesetas), respectivamente. En España se está desarrollando una acción específica, que se encuentra en una fase menos avanzada.

Leyes de supervivencia

FDI empezó su campaña Superviencia en 1981 con un llamamiento firmado por 53 premios Nobel, a los que se fueron añadiendo nuevos galardonados, hasta llegar a los 103 firmantes. Los organizadores proponen la aprobación de leyes de supervivencia en los Parlamentos nacionales, en las que se comprometa el uno por mil del PIB durante cinco años, y en las que se hagan constar las modalidades de ayuda y se controle y verifique el funcionamiento de la rehabilitación que asegure el buen destino de la ayuda.