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Editorial:

Las bases

AUNQUE EL número de manifestantes que el domingo se movilizaron en numerosas localidades españolas contra la presencia de las bases norteamericanas en nuestro territorio hubiera sido la mitad, los negociadores se equivocarían si despreciasen el significado profundo de esas manifestaciones: el sentimiento de rechazo a lo que aparece como una imposición, que explícitamente pretende pasar por encima de lo decidido en un referéndum democrático.El giro producido en gran parte de la opinión pública respecto a la integración en la OTAN sólo se inició cuando se puso en el otro platillo la posibilidad de acabar con el tratado desigual entre España y Estados Unidos, fruto de la búsqueda de protección internacional de la dictadura franquista y de una política exterior americana que primó los intereses de la geoestrategia respecto a las demandas de libertad de los españoles. Eso no evitó la demagogia antiamericanista del franquismo, que, sumada a una tradición histórica ya acendrada en el mismo sentido, explica el hoy extendido sentimiento a favor del desmantelamiento de todas las bases norteamericanas instaladas en nuestro territorio.

El Gobierno de Madrid, con seguridad consciente de las necesidades de cooperación internacional, ha planteado al de Washington una propuesta más que moderada si se compara con las expectativas abiertas por el referéndum. No cabe la menor duda de que los negociadores estadounidenses han de aceptar entre quedarse con condiciones -lo que define bien a las claras el propio deseo de Felipe González- o comenzar a desmantelar. La insinuada pretensión de aplazar la cuestión de fondo, con distintos subterfugios, a la espera de que en España haya un Gobierno más favorable a las tesis estadounidenses resulta poco realista. Si se analiza el mapa político existente, un Gobierno de coalición o apoyado en una minoría mayoritaria, cualquiera que fuera su composición, tendría más dificultades que el actual para hacer concesiones en una eventual negociación bilateral.

La propuesta española se concreta en la salida progresiva, y a plazo más que razonable, de los cazabombarderos F-16 de Torrejón. Esa base se encuentra en los arrabales de una población de cuatro millones de habitantes. Es posible que ello tenga sin cuidado a los negociadores estadounidenses, pero importa mucho a esos millones de personas, y ningún Gobierno democrático puede ser insensible a esa preocupación. Un análisis detallado de la operatividad de los aviones y la capacidad de respuesta de los americanos e n caso de crisis demuestra que nos hallamos ante una cuestión política más que militar. Es nuevamente el prestigio de la Administración de Reagan y la opinión pública ante una política concreta lo que está en juego, en un momento de serios temores de la OTAN al desequilibrio de armas convencionales occidentales frente al Este, y de aumento de las tensiones aislacionistas entre el electorado americano. Precisamente atendiendo a esta circunstancia internacional, la propuesta del Gobierno español puede considerarse reducida al mínimo respecto a las expectativas desatadas a raíz del referéndum. Los norteamericanos no pueden desconocer que, llegado al punto actual, es prácticamente imposible para el Gobierno español ceder un milímetro más.

Por lo demás, resulta patética la actitud de ciertos portavoces de la reacción hispana con su pretensión de tomar simultáneamente todas las salidas para alzarse con el santo y la limosna. Si el Gobierno cede a las imposiciones norteamericanas, será acusado de tibieza, de antidemócrata por no respetar los términos del referéndum. Y, si mantiene su posición, se le reprochará inmadurez, falta de flexibilidad, aventurerismo, irresponsabilidad. Las manifestaciones del domingo tuvieron, cuando menos, el mérito de la renuncia a toda ambigüedad al respecto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de octubre de 1987