La Prensa soviética prosigue las denuncias contra la corrupción en la policía

Dos asuntos de corrupción que afectaron a funcionarios del Ministerio del Interior soviético, en la ciudad de Moscú y en la de Breznev (en la república autónoma tártara), aparecieron ayer en Prensa central soviética, testimoniando, en opinión de los observadores, la intención de continuar la campaña por la disciplina y el orden en las filas del aparato policial soviético. La coincidencia y el hecho de que se trate de casos relativamente antiguos abonan esta idea.El órgano oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), el diario Pravda, informa de la desarticulación de una red clandestina infiltrada en a organización policial encargada de la vigilancia del hotel (Cosmos, uno de los más lujosos de la capital, que fue construido por una empresa francesa para los Juegos Olímpicos de 1980. Pravda revela que un agente encargado del trabajo en la Unión de las Juventudes Comunistas se había ahogado en la piscina del hotel en estado de embriaguez.

Banquetes para extranjeros

El jefe de la organización policial, A. Kamyshnikov, actualmente expulsado de la policía, había introducido a decenas de ciudadanos procedentes de repúblicas asiáticas y el Cáucaso en el Cosmos como si fueran agentes. Esta mafia organizaba banquetes para los extranjeros y controlaba los bares en divisas, al tiempo que cometía otras violaciones de la ley y la disciplina.Pravda relata que una funcionarla policial, Natalia Averina, que se atrevió a denunciar la situación, fue represaliada por ello. Según el periódico, Kamyshnikov continuó en el cargo durante tres meses, pese a haber sido puesto en evidencia. Tales hechos sucedían en la primavera de 1985, señala el periódico.

Por otra parte, el periódico Sozialistisheskaia Industria relata un caso de industria clandestina en la ciudad de Breznev cuyos orígenes se remontan a los años setenta, cuando la localidad tenía el nombre de Naberezhriyye Chelny, que cambiaría después a la muerte del dirigente Leonid Breznev, en noviembre de 1982.

El caso afectaba a una empresa local de punta cuya actividad ilegal era realizada en complicidad con miembros del Ayuntamiento y la colaboración policial, incluida la de la Organización para la Lucha contra los Robos de la Propiedad Socialista (OBJSS).