El Gobierno aragonés se retira de la Confederación Hidrogáfica del Ebro

El Gobierno aragonés, que preside el regionalista Hipólito Gómez de las Roces, ha retirado a sus representantes de los órganos rectores de la Confederación Hidrográfica del Ebro, cuya sede está en Zaragoza. El Ejecutivo aragonés ha adoptado esta postura en tanto dicha comunidad autónoma no reciba del Estado las competencias exclusivas en materia de aguas y de obras hidráulicas.

El Gobierno de Gómez de las Roces pretende tener su propia confederación y asumir las competencias de los ríos que discurren íntegramente por Aragón, así como de las aguas subterráneas.Forman parte de la Confederación Hidrográfica nueve comunidades autónomas, cuyos ríos vierten sus aguas al Ebro, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña. El presidente de esta institución, el socialista aragonés Eugenio Nadal, ha manifestado que el Gobierno regional pretende "acabar con la Confederación Hidrográfica del Ebro".

Nadal ha acusado al Partido Aragonés Regionalista (PAR) de usar "el fantasma del trasvase del Ebro a Cataluña como una pantalla política desde hace 17 años, por la alta rentabilidad del tema". El presidente de confederación no cuestiona que Aragón pueda tener un organismo propio del agua, "pero sin romper la unidad de cuenca". Añade que la desmembración de la confederación de la cuenca del Ebro a quien más perjudica es a Aragón, pues podrían paralizarse los planes de regadíos de los Monegros".

Cataluña, Galicia y próximamente Andalucía tienen transferidas las competencias de aquellos ríos que nacen y discurren por sus territorios, pero que vierten sus aguas al mar. El caso de Aragón es diferente, pues sus tres únicos ríos que discurren íntegramente por su territorio, el Gállego, el Jiloca y el Huerva, van al Ebro, que, a su vez, pertenece a nueve comunidades autónomas. La ley de Aguas defiende en este caso la unidad de cuenca. El Gobierno autónomo, sin embargo, argumenta que el estatuto aragonés, de rango superior a la ley de Aguas, recoge competencias en esta materia.