El nuncio del Vaticano presiona al Gobierno para que aplace un año la aplicación del "impuesto religioso"

El nuncio de la Santa Sede en España, monseñor Mario Tagliaferri, ha realizado en las últimas semanas intensas gestiones ante el Gobierno, a través de algunos ministerios clave, para lograr un retraso de un año en la aplicación del llamado impuesto religioso -en realidad, una asignación tributaria-, que, según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, debe entrar en vigor el año que viene. La puesta en marcha de esta medida fue anunciada el pasado día 11 de septiembre. La aplicación del impuesto religioso puede significar una disminución en los ingresos de la Iglesia católica.

El proyecto de ley está pendiente todavía de debatirse en comisión del Congreso de los Diputados, así como en los plenos de las Cámaras legislativas, por lo que es susceptible de una modificación en favor de las pretensiones del nuncio. Sin embargo, en los medios políticos no se considera probable la introducción de este cambio en el proyecto, que, de producirse, podría interpretarse como un signo de debilidad gubernamental, sobre todo después de la polémica que ha acompañado al cese de Gonzalo Puente Ojea como embajador español ante la Santa Sede.En medios eclesiásticos no ha extrañado la actitud del nuncio. Estas fuentes coinciden en señalar que el nuncio se ha visto sorprendido por la rapidez con que el Gobierno ha tramitado la entrada en vigor de la asignación tributaria para el mantenimiento de la Iglesia católica. En realidad, al dar este paso el Ejecutivo no ha hecho más que poner al día los acuerdos España-Santa Sede, ya que el impuesto religioso podía haber comenzado a recaudarse cuando los socialistas llegaron al poder, en el año 1982. Monseñor Tagliaferri ha conducido las relaciones Iglesia-Estado hacia lo que se ha dado en llamar "política de mantel", contactos durante almuerzos y cenas promovidos por la nunciatura, linea en la que se inscribe la cena que estaba prevista que ofreciera anoche de ayer al nuevo embajador de España ante la Santa Sede, Jesús Ezquerra.

Posible disminución

La nunciatura ha mostrado preocupación por la aplicación de la asignación tributaria que, según algunas fuentes, puede resultar negativa para las arcas de la Iglesia Católica. Hasta el momento, y desde 1979, la Conferencia Episcopal ha recibido la aportación directa de las arcas del Estado. Este año, la aportación ha ascendido a 13.354 millones de pesetas, a lo que hay que añadir las exenciones tributarias.

A partir del año próximo, la Conferencia Episcopal recibirá un 0,5239% de la cuota íntegra sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPI`) de los españoles que decidan destinar ese porcentaje a esta confesión, la única que se beneficiará de este tipo de financiación, ya que protestantes y judíos han renunciado a ella. La preocupación de la representación diplomática vaticana por el desenlace del asunto se ha plasmado en la presencia del segundo de la nunciatura, monseñor Bernardini, en la reunión que la comisión mixta Iglesia-Estado celebró el pasado día 17 de septiembre y en la se trató sobre el impuesto religioso. No es habitual que un representante de la nunciatura esté presente en este tipo de negociaciones, que habitualmente están a cargo de representantes de la Conferencia Episcopal Española.

"Pero como el nuncio está acostumbrado a actuar como un superobispo, no me extraña esta actitud", declaró a este diario una fuente próxima a la jerarquía eclesiástica, quien consideró que esta política resta protagonismo al episcopado.

Aunque no todos los obispos españoles están a favor del nuevo sistema de financiación, tampoco comparten la actitud del nuncio. La reunión de la Comisión Permanente del Episcopado, celebrada a finales de la pasada semana, abordó la fórmula de esa asignación tributaria. La mayoría de las diócesis no está preparada para afrontar la política del impuesto, aunque algunas que cuentan con grandes ciudades, como Barcelona, al igual que en toda Cataluña, han iniciado una vía tendente a la autofinanciación total, prescindiendo del llamado impuesto.

Las discrepancias entre los obispos y el nuncio pueden volver a ponerse de relieve a raíz de los nombramientos de obispos que para los próximos días se esperan en ocho diócesis. Cuatro de ellos serán titulares: los de Plasencia, Osma-Soria, Ciudad Rodrigo e Ibiza.

Estos nombramientos se realizarán entre sacerdotes u obispos que cuenten con alrededor de 50 años, ya que los que se encuentran en los 40 "no ofrecen garantías suficientes" para los sectores más conservadores, ya que se formaron en los seminarios en la época en que coincidió la mayor influencia de las enseñanzas del Concilio Vaticano II con la efervescencia de la oposición al franquismo, según fuentes eclesiásticas.