El proyecto de ley de Presupuestos, limita el recurso del Tesoro al Banco de España

El Gobierno ha decidido hacer caso a las peticiones de la oposición política y del Banco de España, y en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1988 se modifica de forma sustancial la posibilidad que el Tesoro tenía hasta ahora para obtener fondos con los que financiar sus actividades mediante la apelación al banco emisor.

A partir del próximo año el límite de poder obtener del Banco de España hasta el 12% de los ingresos totales previstos del Estado para cada año se transforma en que no se podrá sobrepasar ese porcentaje, teniendo en cuenta las apelaciones acumuladas de años anteriores. El Estado, de esta forma, se va a imponer una autodisciplina que se consideraba imposible de alcanzar hasta hace poco tiempo.El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año próximo contempla cambios radicales en la forma de financiar las necesidades del Estado que parecen apuntar a lo que se viene haciendo en el conjunto de los países industrializados con mayor o menor intensidad.

La decisión de limitar la posibilidad de apelación del Tesoro al Banco de España al 12% bruto, sin que cada fin de año la cuenta se ponga a cero y se vuelva a iniciar el ciclo, supone eliminar una vía de financiación del Estado utilizada con profusión en años anteriores a medida que fue creciendo el volumen del déficit público. En el ejercicio anterior la cuenta total del Tesoro con el Banco de España ha disminuido sobre los niveles alcanzados en años anteriores.

Fuentes de la Administración señalaron que la decisión, solicitada públicamente por los principales grupos de la oposición política en el Congreso de los Diputados en numerosas ocasiones y por el propio gobernador del Banco de España en sus intervenciones institucionales va a representar la posibilidad de ejercer un mayor control sobre el Gobierno para que limite de verdad sus gastos a lo previsto o por lo menos tenga que solicitar ante el Congreso autorizaciones para incrementar dichos gastos. Ello provocará una mayor transparencia contable a las operaciones del Estado y facilitará además la articulación de la política monetaria decidida por el propio Gobierno.

En este sentido se señala, por ejemplo, el caso concreto de este año. Las previsiones para 1987 son que la apelación del Tesoro al Banco de España sea nula al cierre del ejercicio.

Reducir la deuda

En la actualidad, el Tesoro mantiene con el banco emisor un saldo inferior en 400.000 millones de pesetas al de finales del pasado año. Sin embargo, durante los primeros meses del año, y ante la subida de los tipos de interés, el Tesoro decidió no realizar emisiones de deuda pública y pidió anticipos al Banco de España por cantidades muy elevadas.Ello provocó fuertes saltos en el crecimiento de la cantidad de dinero en circulación y la necesidad de apretar aún más la política monetaria para tratar de alcanzar los objetivos previstos.

Todos estos altibajos son los que se pretenden eliminar con la modificación que se establece en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1988. El momento no es malo, y además tampoco se elimina totalmente esta forma de financiación del Tesoro, como existe en otros países.

"Es un paso importante", se señala en medios de la Administración, "pero aún habrá que seguir en ese camino hasta que se establezca que el Tesoro no pueda utilizar al Banco de España como fuente de financiación".

El proceso de clarificación de las fuentes de financiación del Estado se va a acometer en un momento en el que algunos organismos de la Administración van a tener que hacer lo mismo, lo que descargará en parte al Tesoro. El Instituto de Crédito Oficial, por ejemplo, que ya durante 1987 tiene que pagar al Tesoro todos los intereses producidos por los 1,6 billones de pesetas emitidos como cédulas para inversión obligatoria, deberá en 1988, además de pagar los intereses, hacer frente a los vencimientos, unos 120.000 millones de pesetas. La financiación privilegiada recibida empezará a desaparecer.

El proceso iniciado representa que no podrá aumentar de forma indiscriminada el recurso del Tesoro al Banco de España y que la Administración tendrá que salir a los mercados en busca de financiación a precios coherentes con la situación general. Además, el Gobierno tendrá que conseguir autorización del Congreso cuando quiera sobrepasar los límites de endeudamiento previstos en la ley de Presupuestos, lo que servirá para que al menos se ejerza un mayor control político sobre los gastos del Estado.

"Nadie piensa que España se haya convertido en Estados Unidos, donde el Congreso, en algunas ocasiones, impide por un día que el Tesoro norteamericano pague sus deudas al no autorizarle con el tiempo suficiente nuevas emisiones de deuda, pero", añaden, "es un paso en ese camino".