El anuncio de los presupuestos

AL FIN, el Gobierno se ha decidido a dar a conocer sus intenciones presupuestarias para el próximo año. El anuncio de las nuevas escalas impositivas ha venido precedido de toda una serie de filtraciones sobre la reducción de algunas desgravaciones de tanta significación como la correspondiente a la vivienda o al leasing, que podrían incidir de manera estable en el comportamiento de amplios colectivos y afectar a algunas variables macroeconómicas de gran importancia para el desarrollo del país, como la inversión. Tal vez sólo se trate de rumores, pero cuanto antes se disipen las dudas a este respecto, mejor será para todos. También se han anunciado medidas cuya justificación en términos de funcionalidad recaudatoria rozan lo que muchos ciudadanos entienden que son los límites del Estado de derecho. Tal es el caso de la publicación de las listas de contribuyentes, en las que, al parecer, se sabrá si la declaración fue positiva: se trata de una medida que, de aplicarse, no haría sino contribuir a la inseguridad de los ciudadanos, algo que en principio debe rechazarse. La persecución del fraude fiscal no debe llevarse a cabo a costa de la seguridad de ciudadanos que pagan regularmente sus impuestos y que aparecen por ello en las listas de Hacienda. Igualmente parece rechazable la idea de exigir a los ciudadanos que deseen utilizar una cuenta corriente en una institución financiera el número de identificación fiscal; se trata de una deriva por un terreno peligroso desde la perspectiva de las libertades individuales. La necesidad de luchar contra el fraude fiscal es algo que nadie discute, pero esta lucha no debe realizarse por cualquier procedimiento.En cuanto a las propuestas del Gobierno, conviene distinguir la que corresponde al año actual y la que se refiere a 1988. La primera se trata de una disminución del 5% del conjunto de la escala impositiva, que vendrá a compensar el efecto de la inflación sobre las cantidades que deberán pagar los contribuyentes por las rentas obtenidas este año. La segunda, de mucho mayor alcance, se refiere a la escala correspondiente a 1988, y tendrá efectos inmediatos sobre las retenciones a partir de enero próximo. Es una profunda reordenación de la escala impositiva que contiene novedades fundamentales; entre ellas, la simplificación de la tarifa, la exoneración tributaria de las primeras 600.000 pesetas ganadas y la supresión del límite del 46% para rentas superiores a 12 millones.

La simplificación de la escala permite racionalizar la progresividad del impuesto para todas las categorías de renta, lo cual representa un paso adelante en la línea de una mejor justicia redistributiva. Por su parte, la exoneración de tributar otorgada a las rentas menores de 600.000 pesetas tendrá un impacto considerable sobre las rentas más bajas, que para ingresos de un millón de pesetas supera el 5%. Se trata de una reducción de la carga fiscal que podría inducir cierta moderación a la hora de las negociaciones salariales, resultando difícilmente comprensible que este punto no se haya situado en el eje mismo de la concertación social. Por último, la supresión del límite del 46% implicará una mayor tributación para las rentas más altas. Se trata en este caso de una medida demagógica que afectará a profesionales, asalariados o no, que no tienen patrimonio, por cuanto que se mantiene el límite conjunto del 70% para el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio. Lo aconsejable habría sido diseñar una escala en la que todos los contribuyentes pagaran menos o, alternativamente, dar un trato general favorable a las rentas procedentes del trabajo. Puestos a suprimir límites, no resulta comprensible el que no se haya suprimido el que se refiere a la tributación conjunta de los matrimonios.

Los nuevos impuestos favorecerán el consumo privado y penalizarán el ahorro y la financiación de la inversión. Este aspecto del problema tiene cierta relevancia a la hora de evaluar las líneas generales de la política económica para el próximo año, por ahora insuficientemente explicadas por el Gobierno. La desconexión entre la negociación salarial y el anuncio de las nuevas tarifas hace que desde ahora pueda plantearse el problema del equilibrio externo de la economía. El problema se complicaría aún más si se reduce el apoyo a la inversión mediante una modificación sustancial del régimen tributario del leasing. La conveniencia de avanzar por la senda de una mejor justicia fiscal es incuestionable, pero también lo son las realidades económicas, y, en este caso, lo que en definitiva se penalizaría sería la creación de empleo.

La única forma de escapar de este dilema consiste en reducir el desmedido aumento del gasto público, para que sea posible un crecimiento paralelo del consumo y del ahorro privados. Desde esta perspectiva, el aumento previsto de los gastos del Estado (un 10,5%) no parece razonable, pues excede con mucho el crecimiento nominal previsto de la economía. El Parlamento tiene la última palabra en este asunto.