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Editorial:

La partida gallega

LA MOCIÓN de censura presentada por los socialistas contra el Gobierno conservador de Xerardo Fernández Albor, cuya discusión parlamentaria se inicia el próximo lunes, constituye la culminación, por el momento, de la larga crisis que afecta desde su creación al Ejecutivo salido de las últimas elecciones autonómicas gallegas, agravada tras la fuga de Alianza Popular, en febrero pasado, del ex vicepresidente de la Xunta Xosé Luis Barreiro. En conjunto, el espectáculo de circo y variedades ofrecido por los políticos gallegos a lo largo de los últimos meses ha convertido a sus protagonistas en competidores por el título del político más oportunista del país. La cosa ha llegado tan lejos en materia de navajeo que ya sólo la hipótesis de una disolución inmediata del Parlamento ofrece alguna garantía -modesta, de todas formas- de enderezamiento de la situación.Los socialistas argumentan la necesidad de la moción de censura por el descrédito acumulado por el Ejecutivo gallego, tanto por los efectos de sus conflictos internos como por la falta de capacidad de liderazgo de su presidente. Es cierto que ese descrédito existe, y que lo que la derecha pensaba presentar como escaparate de su capacidad para gobernar de otra manera, más bien ha resultado ejemplo de esa concepción de la actividad pública que considera la política como la prolongación de la guerra -entre caciques- por otros medios. Pero no parece que la alternativa presentada por los socialistas vaya a ser capaz de devolver su crédito y dignidad a las instituciones. Para que prospere su moción será preciso que se unan a sus 22 votos parlamentarios los de la izquierda y el centro nacionalistas y los de la Coalición Galega, reforzada por los cinco tránsfugas de Barreiro. Ello significaría la utilización de una parte de los votos obtenidos por la candidatura encabezada por Fernández Albor para derribar a éste. Sería legal, dadas las características del sistema electoral, pero difícilmente podrá ser considerado legítimo por esos electores que asisten impotentes al tráfico montado con sus votos.

La cosa resulta aún más escandalosa teniendo en cuenta que fue el propio Barreiro -que aspiraría ahora a ser vicepresidente con González Laxe- quien, cuando oficiaba de número dos de Albor, se encargó de descalificar como proyecto contra natura la propuesta de los socialistas de ir a un Gobierno de progreso con los nacionalistas. Pero ¿quién tirará la primera piedra cuando resulta que quienes gritan ¡traición! ofrecen a esos mismos nacionalistas entrar a formar parte de un Gobierno que ellos llaman de centroderecha? ¿Por qué la primera fórmula sería más contra natura que la segunda?

Y si de puñaladas por la espalda se trata, ¿cómo calificar la asestada a Fernández Albor por quienes anunciaron, en ausencia del presidente, la candidatura de Fraga para sustituirte? Si de oportunismo se habla, ¿a qué especie pertenece la pretensión de trasladar la crisis gallega al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, a los que se trataría de desestabilizar en represalia porque González Laxe y sus amigos de ocasión -pero no sólo ellos- hayan movido la silla de Albor? ¿Dónde queda en este caso la soberanía de los electores?

Quienes amenazaron con sacar a Fraga del arcón, dando por supuesto que ello condenaría a los socialistas a la oposición por largos años, pretendían disuadir a estos últimos de su intención de presentar la moción de censura. El resultado ha sido el contrario al previsto. Si ese negro destino era inevitable cualquiera que fuera su actitud ante el desacreditado Gobierno actual, se estaba invitando a los socialistas a pasar a la acción y tomar la delantera con el fin de prepararse para el futuro desde posiciones más resguardadas. Es decir, desde el poder, aunque fuera precariamente conseguido. Es cosa sabida que en Galicia, especialmente, un sector del electorado vota siempre a los que mandan, cualquiera que sea su color.

Para que el intento prosperase era imprescindible darse prisa, porque a finales de mes estaba previsto el debate parlamentario sobre el proyecto de ley que capacitaría al presidente de la Xunta para disolver la Cámara, como ocurre en Euskadi y Cataluña. Los socialistas, y no digamos los nacionalistas, tenían difícil la posibilidad de justificar un voto en contra de tal propuesta ahora que se trata de demostrar quién es más galleguista. Y, sin embargo, sabían que abrir esa posibilidad significaba despejar el camino a la hipótesis Fraga, quien podría pasar de amagar a dar.

Al intentar ganar por la mano mediante la moción de censura se congela la incómoda cuestión. Pero, de momento, lo que la partida está demostrando es que todos los jugadores utilizan estratagemas similares, todas ellas de tahúr. Tal vez a la hora de levantar los naipes se descubra que todos llevaban las mismas cartas. Porque resulta sorprendente que, pese a las invectivas intercambiadas, todos los jugadores actúen dando por supuesto que lo mismo da copas que bastos, tréboles o picas. Todo vale para el convento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de septiembre de 1987