El colapso judicial

LA JUSTICIA española funciona mal y está al borde del colapso. Ya constituye un lugar común entre los españoles referirse al funcionamiento de este capítulo vital de la sociedad como uno de los males con los que ha de convivir nuestra existencia cotidiana. Esta asunción social de los defectos de la justicia es gravísima, y ha de remediarse desde los poderes públicos con medidas drásticas que den a la máquina judicial española los medios suficientes para ejercer su función.Ayer, en la apertura del año judicial, que presidió el Rey, flotó en el ambiente la reflexión que estos días se han hecho los órganos judiciales españoles sobre el presente y el porvenir de los servicios de la magistratura. En el acto, el fiscal general del Estado adelantó cuál es la consecuencia previsible de la situación actual, al borde del colapso. Según él, "el progresivo deterioro de la justicia podría Regar a significar una quiebra del Estado de derecho y una crisis de las mismas libertades".

El diagnóstico se basa en datos que se manejan constantemente. El que ha llegado a resultar simbólico del desastre actual lo protagoniza el Tribunal Supremo, con cerca de 30.000 asuntos pendientes, 11.000 de los cuales eran los que a principios de este año reposaban en los archivos de la Sala Segunda de lo Penal. En ese estado de cosas es fácil entender por qué el ritmo de resolución de los conflictos judiciales no alcanza en esa instancia menos de cuatro años por cada caso.

El Gobierno ha sido cicatero con el poder judicial, y no sólo lo ha sido cuando, irresponsablemente, se sintió impelido a lanzar desde algunas de sus instancias una campaña de presiones con la absurda pretensión de corregir la actuación de los magistrados en la consideración del fenómeno terrorista, sino que lo es también en la administración del dinero. Si se confirman los datos disponibles, los Presupuestos Generales del Estado previstos para 1988 contemplan un incremento del 14,3% en los dineros de la justicia, con lo que ese capítulo tendría un presupuesto de 127.639 millones de pesetas.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial permiten deducir que ese incremento es ridículo si se estima que con él se quieren cubrir las previsiones gubemamentales para la mejor dotación de la justicia. Esas mejoras incluyen la creación de 211 plazas de magistrados y jueces para los juzgados y tribunales que ya existen, además de la puesta en funcionamiento de 131 órganos jurisdiccionales, como juzgados, salas de lo contencioso-administrativo, salas de lo penal y magistraturas de trabajo. Para poner en marcha estos órganos no se precisa sólo la presencia de los jueces correspondientes, sino que exige una dotación de personal que el Consejo General del Poder Judicial estima que no puede llevarse a cabo si no se aumenta sustancialmente la previsión presupuestaria divulgada hasta ahora.

El Consejo General del Poder Judicial ha propuesto a los restantes poderes del Estado que se enfrenten al problema de la justicia con criterios políticos racionales, para evitar el aumento del deterioro. Lejos de ofrecer esta respuesta, el Gobierno ha dejado prácticamente intacto el desarrollo de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que resulta inservible para curar la enfermedad crónica de la justicia española, y ha lanzado la idea de acabar con los juzgados de distrito. Esta última iniciativa pondría automáticamente en las manos de los juzgados de primera instancia y de las audiencias provinciales todos los pequeños asuntos que hoy tienen salida a través de aquellos juzgados. El colapso actual alcanzaría, sí esta idea gubernamental se lleva a la práctica, caractéres verdaderamente dantescos.

El desbarajuste denunciado por el propio Consejo General del Poder Judicial pone en peligro el funcionamiento de la justicia, lo que, como se dijo ayer en el acto de apertura del año judicial, coloca en evidente riesgo el Estado de derecho y su obligada defensa de las libertades. La responsabilidad que el poder ejecutivo tiene en esta caótica situación de la justicia lo hace directamente responsable de un problema ante el que ya no cabe cerrar los ojos como si fuera un problema de un sector de la sociedad. El colapso de la justicia nos afecta a todos los españoles.