El debate sobre el federalismo

LA PRETENSIÓN de los socialistas catalanes de que el 31º Congreso del PSOE se pronuncie por un desarrollo del Estado de las autonomías en un sentido federal, sin modificar la Constitución, pone sobre el tapete una de las cuestiones esenciales del desarrollo constitucional español: el perfil final del modelo de Estado alumbrado en 1978. Ese modelo es un híbrido atípico en el derecho comparado. No nos movemos ya en un Estado centralista, pero tampoco en uno federal, aunque tiene características de ambos. Razones para emprender el debate que propone el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) sobre la conveniencia de la estructura federal no faltan desde el punto de vista constitucional o administrativo. Pero además, el PSOE tiene algunas razones propias para adentrarse en él. Cuando los socialistas españoles accedieron al poder en 1982, su modelo del Estado autonómico era el que se diseñó en la famosa ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Dicha ley, expresión de una mentalidad administrativista antes que política, pretendía acabar con los conflictos competenciales atribuyendo prevalencia casi absoluta al poder central. Al ser declarada dicha ley parcialmente inconstitucional, se volvió al criterio de otorgar protagonismo a la negociación política, manteniéndose el papel otorgado al Tribunal Constitucional, casi de tercera cámara, cuando los conflictos subsistieran. De paso, el PSOE se quedó huérfano de modelo, sin que el vacío fuera colmado por nuevas iniciativas.

Algunos problemas originados por esta situación llevan camino de eternizarse. Uno de ellos es la duplicación de estructuras administrativas y su correspondiente despilfarro económico, que sirve para alimentar nuestro preocupante déficit presupuestario. El otro es la perpetuación de una dinámica de confrontación política entre fuerzas regionalistas o nacionalistas con el poder central, en la que constantemente se pone en cuestión la aceptación del modelo, impidiéndole así asentarse, y se alimentan toda suerte de victimismos.

Los socialistas catalanes fueron los primeros en experimentar las consecuencias de esa dinámica, cosechando reiteradas derrotas electorales frente al partido de Jordi Pujol, que comienza a tener discípulos en otros territorios del Estado. El panorama refleja, a los ocho años de los primeros Gobiernos autónomos, y a cinco del Gobierno del PSOE, que los socialistas están a la defensiva en materia de política autonómica y las fuerzas de la derecha se disponen a profundizar en la utilización de esta plataforma para minar la base electoral socialista.

Para cortar esta dinámica sólo existe un camino: acabar con las indefiniciones del modelo autonómico. Los socialistas catalanes proponen objetivar al máximo la determinación de las competencias y los fondos de que dispone cada Administración, de manera que ningún partido o Gobierno autónomo pueda decir, como ahora se dice, que arranca nada al Estado, ni nadie pueda negar determinados recursos. Y que los Gobiernos autónomos dispongan de mecanismos efectivos de intervención en lo que se denomina la formación de la voluntad general del Estado.

Los planteamientos federalistas están muy alejados de cualquier discusión esencialista o académica sobre soberanías. Pese a ser un debate eminentemente político, derivado del pacto constitucional sobre la forma de Estado alcanzado en 1978, el objeto a discutir es una cuestión de técnica constitucional. Dicho en otras palabras, los socialistas catalanes, que celebran su congreso el próximo mes de diciembre, poco antes del congreso del PSOE, parecen dispuestos a decirles a sus correligionarios que no hay que dejar en manos del Tribunal Constitucional la determinación de los perfiles del Estado autonómico y que hay que tener una propuesta política propia.

Otra cosa es si la Constitución permite estructurar un sistema federalista. El contenido que los socialistas catalanes adelantan en su propuesta parece asequible: delimitación de ámbitos competenciales entre Estado y autonomías, competencia exclusiva de las comunidades en administración local y autonomía financiera real para las autonomías. El principal obstáculo constitucional radicaría en la reforma del Senado que se requiere para que las comunidades dispongan de un ámbito de participación en las instituciones legislativas del Estado.