El Gobierno valora en dos billones el coste de las peticiones de CC OO y CEOE para la concertación

Atender a las propuestas de CC 00 y de la patronal CEOE en la primera fase de las conversaciones para la concertación social costaría al Estado, durante el próximo año, en torno a dos billones de pesetas, según los informes realizados con vistas a que sirvan para perfilar la estrategia del Gobierno. Esta cifra, equivalente a las necesidades anuales de financiación de todas las Administraciones públicas o a la recaudación del IVA o del impuesto sobre la renta, no incluye las peticiones que vaya a efectuar la UGT, cuya posición se ha centrado por ahora en delimitar contenidos.

La insistencia mostrada por el presidente del Gobierno, Felipe González, en la necesidad de cuadrar las cuentas del Reino ha llevado al Ministerio de Economía y Hacienda a evaluar el coste que tendría para el Estado cada una de las medidas puestas sobre la mesa por la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT. En las conversaciones de julio apenas se han dejado entrever las primeras propuestas concretas. Pero la conclusión obtenida por dichas estimaciones radica en que sólo las exigencias de CC OO costarían el próximo año al Estado un billón y medio de pesetas, mientras que las de la patronal CEOE estarían en torno al medio billón de pesetas.

Como la consolidación del coste de ambas posiciones es susceptible de suma por la falta de propuestas comunes, las primeras estimaciones señalan que satisfacer totalmente a ambos interlocutores significaría elevar los gastos estatales cerca de dos billones de pesetas. En principio, la cifra se considera difícil de asumir, porque ninguna de las partes ha ofrecido claramente cómo obtener tales recursos, si bien en los dos documentos presentados por la CEOE se deja entrever la posibilidad de elevar los tipos del IVA con el fin de compensar la reducción anual de varios puntos en las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Presión fiscal

En efecto, la CEOE trata de compatibilizar esta rebaja de cotizaciones con la reducción del IRPF y con dos metas paralelas: "No incrementar la presión fiscal durante los próximos años" y que el gasto "del conjunto de las Administraciones públicas no debe crecer por encima de la inflación". Aunque la patronal apunta que deben ser "racionalizados los programas de gasto de la Seguridad Social", también apunta que la reducción de cotizaciones implicaría mayores aportaciones del Estado para financiar el sistema público de protección. El planteamiento de la patronal, del que se traslucen otros importantes ajustes en gastos e ingresos en la medida en que sus propuestas tuvieran impactos favorables en la economía, puede resumirse en que los dos grandes retos (reducir el paro y aumentar la renta por habitante hasta el 40% que hoy separa a España de la CE) exigen elevar la inversión hasta que suponga un 25% del producto interior bruto (PIB) al concluir la presente década, y mejorar la competitividad para que el otro motor del desarrollo sean las exportaciones. Por ello, insiste en bajar la inflación hasta el 3,2% que espera la CE a finales de 1988, alinear los salarios a estas expectativas, bajar los costes financieros, flexibilizar el mercado laboral -movilidad, formación, reciclaje, simplificación de trámites- y fomentar con medidas directas las exportaciones.

Por su parte, CC OO, sólo dentro de su propuesta de un plan de reactivación "hacia el pleno empleo y la plena protección social", reclama la equiparación de las pensiones a un salario mínimo interprofesional de hasta 50.000 pesetas en 1988, cobertura inmediata de hasta un 50% del desempleo, 38 horas de jornada semanal y jubilación a los 64 años, reducción de impuestos a los trabajadores, lucha contra el fraude, mejora de la asistencia sanitaria, reindustrialización, reforma agraria y potenciación de la inversión y del sector público.