Miles de panameños participan en una manifestación contra el general Noriega, autorizada por Delvalle

Varios miles de manifestantes, convocados por la opositora Cruzada Civilista, se concentraron ayer por la tarde (madrugada en España) en el centro de la capital panameña para forzar la caída del general Manuel Antonio Noriega, jefe de las fuerzas de defensa y hombre fuerte del país. Las fuerzas antidisturbios no tuvieron que actuar y no se registraron ni heridos ni detenidos. El presidente de la República, Eric Delvalle, había autorizado finalmente el acto, en contraposición con la prohibición decretada el miércoles por la alcaldesa de la ciudad, Jilma Noriega de Jurado.

Conocida la noticia, varios miles de manifestantes se fueron congregando en torno a la iglesia de El Carmen, en el área bancaria de la capital. Portaban banderas blancas, globos y lanzaban tiras de papel, convirtiendo las calles en una especie de alfombra blanca. Grupos universitarios participaron en la concentración y por altavoces hacían corear a la multitud diversos eslóganes ("Justicia", "No nos vencerán" y "Un pueblo unido jamás será vencido").El único dirigente político que fue visto en la protesta fue Carlos Iván Zúñiga, presidente del pequeño partido opositor Papo (Partido de Acción Popular). Sobre los principales dirigentes de la Cruzada pesa una orden de arresto de la Procuradoría General de la nación que hasta el momento no ha sido ejecutada.Después de la manifestación dirigentes de la Cruzada Civilista anunciaron un nuevo paro nacional para los próximos días 17, 18 y 19 de agosto. Los portavoces de la oposición manifestaron que mantienen su negativa a dialogar con el Gobierno e insistieron en que continuarán las acciones de protesta hasta la dimisión del general Noriega.Uno de los ingredientes nuevos de la manifestación de ayer fue la autorización dada pocas horas antes por el presidente Eric Arturo Delvalle. El pasado 7 de julio entró en vigencia un decreto presidencial que prohibía todas las manifestaciones públicas, aunque tanto la oposición como el Gobierno lo han violado, si bien de forma discreta.Cuando la Cruzada Civilista intentó el 10 de julio último realizar una concentración similar a la de ayer, las Fuerzas de Defensa reprimieron a los manifestantes y se produjeron decenas de heridos y más de 400 personas permanecieron detenidas durante cuatro días.

Un viraje sorprendente

Ninguna fuente oficial ha explicado las causas del viraje del Gobierno en su táctica para afrontar las protestas que se iniciaron a principios de junio, cuando el coronel Roberto Díaz Herera formuló severas acusaciones contra el jefe del Ejército, general Noriega.La presidencia de la República autorizó la manifestación a última hora y por sorpresa. Esta medida fue el resultado de un acuerdo con líderes de la oposición según reveló el jueves al mediodía la alcaldesa de la ciudad de Panamá, Jilma Noriega de Jurado. Los detalles del acuerdo y de la negociación Gobierno-oposición no fueron dados a conocer.

Todas las protestas convocadas desde hace dos meses han sido convocadas por la Cruzada Civilista, fundada hace dos meses y que congrega a más de un centenar de entidades empresariales, profesionales y cívicas que, junto con la oposición política, luchan por reconquistar el poder perdido en octubre de 1968, cuando los militares derrocaron al presidente Arnulfo Arias Madrid, que ahora tiene 86 años de edad.

La Cruzada pide como tarea inmediata la dimisión de Noriega para que sea sometido a una investigación en base a todas las acusaciones que se le imputan, desde asesinato hasta enriquecimiento Ilícito.

La Procuraduría allanó el martes el edificio de la Cámara de Comercio, sede de la Cruzada opositora, y según las autoridades judiciales fueron encontrados documentos "altamente comprometedores que tienden a ir en contra de la estabilidad interna del Estado". Entre ellos, un plan para derrocar al Gobierno y a la cúpula militar y sustituirlos por una junta provisional y por nuevos oficiales no relacionados con los sucesores de Omar Torrijos.

Tras el allanamiento, la Procuraduría ordenó el arresto de los seis dirigentes empresariales que encabezan la Cruzada. Entre ellos figuran Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, y Eduardo Vallarino, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), así como el comerciante Gilbert Mallol, panameño hijo de emigrantes catalanes.

Los líderes de la Cruzada, según copia de télex que encontraron las autoridades en la Cámara de Comercio, habían pedido a los primeros ministros de Francia, Jacques Chirac, de Japón, Yasuhiro Nakasone, de Israel, Issac Shamir, así como al secretario norteamericano de Estado, George Shultz, que suspendieran toda la ayuda económica y política al Gobierno de Panamá.

George Shultz dijo ayer en una conferencia de prensa en Washington que EE UU no tiene intención de reanudar el envío de la ayuda a Panamá, mientras dure la actual situación.

Por otra parte, la mansión del coronel retirado Roberto Díaz Herrera, detenido el 27 de julio durante un asalto militar con tropas terrestres y helicópteros, fue entregada a su familia, junto a un inventario, por las Fuerzas de Defensa, que mantenían un cerco en torno a la residencia.