Asalto contra Noriega

LA SITUACIÓN de Panamá se deteriora aceleradamente. Desde el 5 de junio, cuando el coronel Díaz Herrera lanzó contra el general Noriega terribles acusaciones -que hasta ahora no ha confirmado ante el fiscal- se desarrolla una campaña de la derecha y de los medios empresariales para exigir la eliminación del hombre fuerte de Panama. La resolución del Senado de EE UU del 25 de junio pidiendo la dimisión de Noriega insertó un componente extranjero en esa campaña. Punto delicado en Panamá, donde amplios círculos recelan de que EE UU quiera sustraerse al compromiso Carter-Torrijos de 1977 de abandonar el Canal en el año 2000.Las protestas de la oposición han movilizado a amplios sectores de la población, sobre todo en los barrios ricos. Tembién hay descontento en las capas pobres y la evidencia de una corrupción creciente, que Noriega no ha cortado, causa general indignación. Pero la batuta que mueve las pro testas está en manos de los grandes empresarios. La llamada Cruzada Cívica tiene su sede en la Cámara de Comercio. El argumento de los partidos de oposición es la falta de democracia. Es verdad que Panamá tiene un nivel democrático muy deficiente, pero resulta superior al de otros países de la zona muy elogiados por EE UU. La libertad de prensa es amplia. Los ataques contra Noriega en la prensa son de tal calibre que no se rían imaginables, sin sanción penal, contra el jefe del ejército, en un país europeo. No hay presos políticos ni desaparecidos. En la masiva manifestación del pasado viernes, prohibida por el gobierno, los testigos neutros subrayan el esmero profesional de las fuerzas armadas, gracias a lo cual no se produjeron muertos.

La principal carencia democrática en Panama consiste en que el poder real no está en los órganos elegidos por el pueblo, sino en manos del jefe de las fuerzas armadas, el general Noriega. Este ha sido acusado de haber falsificado las elecciones y, cuando tuvo enfrentamientos más tarde con el presidente elegido, Barletta, de haberle apartado para colocar al actual presidente, Delvalle. No se trata de acusaciones carentes de fundamento y son hechos inaceptables desde un punto de vista democrático. Panamá requiere una democracia no mediatizada por los militares.

¿Ofrece la oposición de derecha la mejor solución para avanzar hacia ese objetivo? Cabe dudarlo: su propuesta de que el poder pase a una "Junta de gobierno" encabezada por el anciano Arnulfo Arias puede tener cierta eficacia propagandística, pero no es seria ni realista. Por otra parte, al poner como condición previa para dialogar la destitución de Noriega, demuestra que carece de voluntad de diálogo. Noriega no es sólo el jefe del ejército. Su eliminación hoy equivaldría a un cambio de régimen, a una revolución conservadora, pero además contra las fuerzas armadas. Hoy una parte del ejército y del Partido gobernante desean demostrar con manifestaciones de masas el apoyo popular de que goza Noriega y responder a las ingerencias norteamericanas. Ello daría mayor aliento a las corrientes, con fuerza real en el país, que desean izquierdizar el proceso panameño. A ello contribuiría la derecha si se encierra en una actitud de "todo o nada". Aunque Noriega no parece hoy deseoso de seguir esa vía.

En la actitud de EE UU pesa el temor de que se cree en Panamá una situación ingobernable. Sin duda de Washington han partido los estímulos a la oposición contra Noriega, pero la importancia decisiva de Panamá para EE UU incita a la diolomacía norteamericana a adoptar a la vez posiciones de apaciguamiento. No puede ignorar el peligro de que cobren vigor, como en épocas anteriores, las corrientes más antiamericanas. La influencia de EE UU podría ser decisiva para frenar la intransigencia de la oposición y permitir una solución negociada.

En esta coyuntura, y en parte a causa del desgaste sufrido por Noriega, el presidente Delvalle tiene una capacidad de acción independiente que no ha tenido nunca. Ello facilita su papel como agente de un diálogo encaminado a una solución realista y gradual. Ésta podría enfocarse a partir de la promesa hecha por Noriega de unas elecciones en 1989 plenamente democráticas, despues de las cuales las fuerzas armadas volverán a su papel normal en los Estados democráticos. Solución que no se presenta fácil en el clima actual, que exige superar desconfianzas y apasionamientos. Para ello es a todas luces importante que tanto el gobierno del presidente Delvalle como el general Noriega sepan tener, desde ahora, una actitud que estimule la confianza en que será posible llevar a cabo una recuperación democrática.