Los propietarios de pozos de agua de Tenerife paralizan sus obras
Los propietarios de galerías y pozos de Tenerife han paralizado las obras en dichas explotaciones, como medida de presión ante la entrada en vigor el pasado miércoles de la Ley de Aguas específica de Canarias. Aunque los representantes de la Cámara Insular de Aguas, que agrupa a las comunidades y heredamientos encargadas hasta ahora del uso y gestión de dicho recurso, aseguran que se trata de una medida cautelar, prevista por la ley, para evitar que los actuales propietarios pierdan sus derechos, el director general Manuel Caballero, responsable de esta materia en el Gobiemo autónomo, afirma que "las perforaciones autorizadas con anterioridad, podrían continuarse con un permiso especial, si existiera buena voluntad por parte de los interesados". Caballero expresó su temor ante el posible boicot de la ley por parte de los actuales titulares de las aguas.
La cámara insular, según señaló su secretario, Felipe González Domínguez, tiene reservas sobre la aplicación de esta norma, ya que "aún no se han elaborado el reglamento y las instrucciones necesarias, por lo que se desconocen las condiciones en que se realizarán a partir de ahora las obras previstas". Esta entidad recomendó la suspensión de las ampliaciones de galerías y pozos "hasta tanto se forme un nuevo Gobierno, que aclare la nueva situación", indicó la misma fuente. Sin embargo, el director general de Aguas recordó que hay un plazo de tres meses para recabar la legalización de la continuidad de los trabajos y dos años para inscribir la explotación en el registro oficial.
Dominio público
El Parlamento canario había, aprobado en abril de este año la citada ley de aguas, que declara ese bien de dominio público y contempla la creación de consejos en cada isla, para ejercer la gestión de este recurso en base a un plan hidrólógico que estará elaborado en los primeros meses del próximo año. A su vez, establece un registro oficial, al que pueden someterse voluntariamente los titulares de los alumbramientos en el plazo máximo de dos años.
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