Tres de los cuatro miembros de la Junta apoyan a un civil para suceder a Pinochet

Un civil es el candidato ideal para el plebiscito que deberá designar al presidente de la República, manifestó el martes el director general de carabineros de Chile, Rodolfó Stange, sumándose así a las opiniones expresadas por dos de los otros tres miembros de la Junta Militar. el almirante José Toribio Merino y el general Fernando Matthei, jefes de la Marina y la Aviación, respectivamente. El otro miembro, representante del Ejército, es el general Julio Canessa.

La coincidencia en la opinión de tres de los cuatro jefes que forman la Junta -instancia que, según la Constitución, debe nombrar por unanimidad al candidato de las Fuerzas Armadas- supone cierta dificultad para el actual presidente, el general Augusto Pinochet. Si no logra modificar la posición de los miembros de la Junta, se verá obligado a renunciar a la jefatura del Ejército, es decir, a convertirse en un civil, si persiste en su intención de ser candidato.El general Stange dijo que los carabineros no deben votar porque su misión es ser garante del proceso electoral. "Para nosotros es muy difícil hacer las dos funciones: mantener el orden público y votar en el plebiscito", aseguró.

Esto vuelve a reafirmar la opinión adelantada por Matthei de que las Fuerzas Armadas no pueden ser juez y parte en la elección del presidente de la República, lo que quiere decir que al menos dos de los comandantes en jefe han expresado públicamente que no sólo quieren un candidato civil, sino que además no desean comprometer a sus instituciones en la candidatura que sea designada. En lo que sí hay acuerdo es en preservar la institucionalidad creada por el régimen, que se refleja en la Constitución de 1980.

En este marco se inscribe el proceso al ex vicepresidente de la República durante el Gobierno de Allende, Clodomiro Almeyda. El líder del Partido Socialista debe hacer frente a tres acusaciones: entrada ilegal en el país, llamamiento a la subversión infringiendo la ley antiterrorista y defensa de doctrinas totalitarias que propician la lucha de clases.

El Tribunal Constitucional declaró en 1985 la inconstitucionalidad del Movimiento Democrático Popular, integrado por el Partido Comunista, el Partido Socialista de Almeyda y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).