La universidad no renuncia al objetivo de normalizar el catalán

El equipo rectoral de la Universidad de Valencia, perteneciente al Bloc Progressista, colectivo interestamental de planteamientos nacionalistas de izquierda, ha recibido "con absoluta serenidad", según el vicerrector Francisco Tomás, la decisión del Tribunal Supremo confirmando una sentencia de la sala segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia que anulaba parcialmente un acuerdo de su junta de gobierno sobre la enseñanza en catalán.Tomás, que actua como portavoz del equipo de gobierno de la universidad mientras el rector, Ramón Lapiedra, se encuentra de viaje, declaró ayer a este diario: "Hay que acatar la sentencia, que considera incorrecto el procedimiento aprobado en su día mayoritariamente por la Junta de Gobierno. Sin embargo, no se ha cuestionado de ninguna manera el futuro de la política de normalización lingüística que estamos dispuestos a llevar adelante respetando los derechos de los valencianohablantes y de los castellanohablantes".

La intención de la universidad, manifestada en repetidas ocasiones a lo largo de la polémica suscitada por la suspensión del acuerdo de su junta de gobierno, es la de "ajustar a la legalidad las iniciativas para conseguir que en el ámbito académico el catalán sea una lengua normal de expresión científica".La suspensión del acuerdo de la junta de gobierno, que preveía la posibilidad por parte del profesorado de utilizar indistintarriente el castellano o el catalán en la docencia, fue consecuencia de un recurso presentado por el grupo estudiantil de extrema derecha Alternativa Universitaria y generó en su día reacciones de diversas entidades culturales, sindicatos, asociaciones cívicas y partidos políticos de izquierda. En protesta por la sentencia, más de 20.000 personas se manifestaron el 20 de diciembre de 1986 por las calles de Valencia bajo el lema Sí a la nostra llengua (Sí a nuestra lengua).

Alternativa Universitaria, el grupo estudiantil que ha mantenido una postura de oposición frontal al equipo del Bloc Progressista, ha conseguido convertir la polémica sobre la introducción del catalán en la enseñan a en el distintivo de su actuación. En su recurso, parcialmente aceptado por la Audiencia Territorial de Valencia y ahora ratificado por el Tribunal Supremo, consideraba que el acuerdo de la universidad vulneraba el derecho constitucional a la educación y que discriminaba a los alumnos por motivos de lengua.

El Bloc Progressista incluyó en el programa con el cual obtuvo la mayoría en las elecciones universitarias un plan para fomentar el uso del catalán en la enseñanza. Los estatutos de la universidad de Valencia recogen, entre los organismos de la institución, un servicio de normalización lingüística.