Negociación colectiva, el futuro en juego

Pese a la creciente conflictividad laboral y social que venimos padeciendo, nuestra responsabilidad como cuadros en las empresas españolas nos lleva a exponer, por todos los cauces que sea posible, la necesidad que tiene nuestro país de un enorme esfuerzo conjunto de todos en materia socioeconómica que es fundamental para consolidar nuestro futuro. Este esfuerzo no necesariamente pasa por una política de concertación como la mantenida hasta ahora. La mayor dificultad radica en la falta de voluntad de comprensión de los negociadores, ya que priman criterios políticos sobre la planificación adecuada. Visto desde fuera, asemeja que lo realizado por el Gobierno, la CEOE, CC OO y UGT no ha sido un auténtico esfuerzo conjunto como el que España demandaba.Por una parte, nuestro Gobierno acierta al dar prioridad a la necesidad de situar la inflación en la zona más baja. En su día planificó un 5% para 1987 y quiere ajustarse a dicha tasa. La razón más poderosa que esgrime es la necesidad de conseguir empresas más competitivas frente al Mercado Común. Y resulta obvio que este objetivo no puede lograrse si nuestros precios e inflación continúan como incrementos del doble a los de esos países con los que vamos a competir.

En este sentido damos la razón al Ejecutivo, ya que si las industrias de la CEE nos invaden con sus productos de precios inferiores, y a su vez no podemos exportar nuestra producción, fábricas y empresas españolas estarían abocadas al cierre, con el consiguiente aumento del más acuciante cáncer social que padecemos: el paro.

En consecuencia, desde el Gobierno se pretendía una nueva concertación basada en los salarios y las contraprestaciones sociales y empresariales. Sin embargo, acaba de fenecer el pasado AES, cuyo balance refleja un elevado grado de inclumplimiento de su contenido, siendo así denunciado reiteradamente por la CEOE y tímidamente por UGT.

Y si llevamos a cabo un examen de los anteriores acuerdos económicos laborales, desde los famosos Pactos de la Moncloa, éste tiene que ser forzosamente negativo, no sólo para los trabajadores -cuyo número se ha reducido-, sino para la sociedad, ya que no generan nuevos puestos a los que puedan acceder los jóvenes que se incorporan a ese mercado de trabajo. El resultado es que han existido unos acuerdos planificados en exclusiva a corto plazo, con criterios políticos y con unas contraprestaciones mutuas, a menudo incumplidas, por las partes. Y además se ha dejado de primar el esfuerzo personal, la responsabilidad y la productividad, cerrándose los abanicos salariales. Consecuentemente, los trabajadores, en general, y los cuadros en mayor escala, se han visto desmotivados, con el consiguiente perjuicio personal y para la empresa. Finalmente, consideramos el incremento del gasto público, que alcanzó niveles del 20%, lo que se nos antoja inaguantable.

Todos en contra

La CEOE demanda flexibilidad en las condiciones laborales, a semejanza de las existentes en. los países de la CEE. Asimismo pide la reducción de sus cuotas a la Seguridad Social, para acompasar estas cargas al acervo comunitario.CC OO solicita incrementos salariales superiores en tres o cuatro puntos sobre la inflación calculada, y dispuso una batería de actuaciones que tenían como objetivo directo una huelga general. Esta central utiliza las cifras de paro de forma demagógica, sin dar ninguna alternativa y sin razonar que esta actuación conduce, en último extremo, a conseguir aumentos salariales positivos para los empleados, pero que en nada mejorarían la situación de los parados.

La UGT, por otro lado, considera que los trabajadores han realizado un esfuerzo salarial muy fuerte en los últimos años, y que ha llegado el momento de estabilizar sus sueldos por encima del IPC. En realidad, esta postura, que contradice la que mantenía en septiembre, públicamente expresada por sus máximos dirigentes, viene influenciada por el hecho más relevante que se ha producido desde el pasado otoño hasta hoy: las elecciones sindicales y sus resultados, que han hecho retroceder a la UGT, sobre todo en sectores y empresas muy importantes de nuestro país. Además, su política de contención de los salarios ha sido rechazada incluso por sus propias bases. Debe dar respuesta a esas bases, y el giro en su demanda salarial parece obedecer a esta circunstancia.

En definitiva, la falta de concertación de este año parece basarse más en las exigencias partidistas que en otros factores que se nos exponen como determinantes:

Como cuadros, debemos propugnar que desde el Gobierno deberían adoptarse medidas como la reforma de la Seguridad Social, transformación de las empresas públicas en aras de su necesaria competitividad, reforma de la función pública (único sector en el que se ha creado empleo sin que por ello se hayan dado mejores servicios a la sociedad española), reforma de los mercados financieros y medidas fiscales que incentiven el ahorro y la contratación laboral.

Y junto a todo ello, el Gobierno debería tomar la medida que legitimaría sus demandas: un ahorro en su gasto público global y en sus gastos consuntivos o de administración en particular. Conscientes del reto que supone para nuestras empresas la libre competencia exigida por nuestra pertenencia a la CEE y por la propia defensa de la economía de mercado que propugnamos los cuadros, comprendemos la necesidad de flexibilizar algunos aspectos del mercado de trabajo, para hacer nuestras empresas más competitivas, incentivando la productividad en su seno.

Empleados y empresarios

Los cuadros hemos mantenido que había que establecer en el seno de las empresas fórmulas de estímulo personal, de incentivación del esfuerzo y responsabilidad y de colaboración que coadyuve a conseguir a la vez los dos objetivos: beneficios para la empresa y realización personal y profesional de los asalariados. No debe flexibilizarse en razón de un a normativa comunitaria.La única norma que se impone es la competitividad y, en relación a ésta, cada empresa deberá adaptarse partiendo de su situación actual. Los trabajadores deben conocer ésta en toda su amplitud para estudiar la posible adaptación y llevarla a cabo conjuntamente con el empresario.

Aunque implícitamente queda dicho, la fórmula de pasar a una regulación acordada entre partes es la negociación. Y dado que cada empresa o sector productivo representan una realidad específica y diferenciada del resto, esta negociación hay que realizarla a estos niveles, nunca dentro de un acuerdo marco. Y cuando decimos negociar por los trabajadores, entendemos con la empresa o sector. El Gobierno se limitaría a establecer cláusula de salvaguardia en las pequeñas empresas.

La negociación, como su nombre indica, debe contar con las necesarias contraprestaciones, de forma que en ningún caso suponga cercenar las conquistas sociales y económicas conseguidas por los trabajadores. Y con las debidas garantías, lo que conlleva una mayor participación social también con el seguimiento de la gestión de nuestras empresas y fórmulas de denuncia y renovación cuando no se cumpla lo pactado.

Además de incentivar la promoción, con relación directa entre el nivel de conocimientos, nivel salarial y presupuesto de trabajo desempeñado, la previsión social y la formación deben incluirse en esta negociación, de forma que la jubilación digna y la innovación tecnológica figuren en este temario.

Esfuerzo, mayor sinceridad y colaboración a través de un pacto de confianza entre empresarios y trabajadores son la clave para superar ese reto definitivo que 1987 demanda, para ver el futuro con mayor optimismo.