Las cartas del presidente

LAS CARTAS que el presidente González ha enviado a Reagan y Gorbachov instándoles a firmar un acuerdo, antes de que finalice el año, para la eliminación de los misiles de alcance intermedio, y para avanzar en otros campos del desarme -armas estratégicas y cohetes tácticos, armas químicas y convencionales-, reflejan una posición que está ganando terreno en el seno de la OTAN.La posición del Gobierno español, vinculando un acuerdo sobre los cohetes nucleares tácticos (hasta 500 kilómetros de alcance) al resultado de negociaciones sobre armas químicas y convencionales, no discrepa de la norma atlántica. Y España se ha comprometido en la OTAN, como el resto de los aliados, a incrementar la defensa convencional. Un rearme por un desarme, lo que no escapa al círculo, dramático y vicioso, de la acumulación de armamentos.

En un país como este, desnuclearizado por voluntad popular y que se ha decidido a firmar el Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares, no puede sorprender el deseo de ver disminuido el arsenal atómico presente en Europa. Quien no quiere armas nucleares para sí, no debe querer tampoco que se encuentren en el territorio de los otros. Felipe González ha aceptado, sin embargo, y casi sin explicación, la doctrina oficial de la OTAN, que prevé la respuesta flexible con armas nucleares en caso de conflicto. Estar en la OTAN no tiene por qué significar aceptar sin más esa doctrina. Especialmente cuando se sabe que en la práctica difícilmente funcionaría: la OTAN no dispone de los medios para aplicarla, con lo que sería más bien inflexible.

En la reunión del Comité de Planes de Defensa que acaba de celebrarse en Bruselas, Narcís Serra suscribió un comunicado en el que los aliados declaraban, por una parte, que "el compromiso de las fuerzas nucleares de EE UU en Europa sigue siendo indispensable para la seguridad de toda la Alianza", y, por otra, que "la continuación de la presencia de las fuerzas de Canadá y EEUU a sus niveles existentes tiene un papel irreemplazable para la defensa de Norteamérica así como de Europa". El comunicado subraya tres objetivos fundamentales: reforzar la capacidad de la OTAN en armas convencionales, y para ello aplicar la decisión anterior de un aumento del 3% de los gastos de defensa; que EE UU mantenga sus tropas en Europa (respuesta a la presión de círculos del Congreso de Washington que piden la retirada de 100.000 soldados norteamericanos), y la conveniencia de intensificar las negociaciones para lograr una seguridad a los niveles más bajos de armamento que sea posible.

En declaraciones a la Prensa, Caspar Weinberger ha interpretado la resolución como un apoyo a la posición de EE UU, que rechaza la demanda española de que retire de la base de Torrejón sus aviones F-16. Aunque no exenta de fundamento, es una interpretación cuando menos exagerada. España no plantea, como pretende el secretario de Defensa, que EE UU retire esos aviones del teatro europeo, sino concretamente del solar hispano. Por otra parte, los aparatos no son directamente operativos desde España; en caso de conflicto, deberían recoger su carga en Italia o Turquía. Y el Gobierno de Madrid ofrece plazos amplios para la retirada de los F-16, e incluso la posibilidad de su retorno en caso de crisis.

Hay además otro problema de fondo que la parte norteamericana se niega sistemáticamente a tomar en consideración. Si ahora las armas convencionales adquieren primordial importancia, hace falta valorar lo que representa la decisión española de permanecer en la OTAN. Es una aportación sustancial, en la balanza de fuerzas convencionales entre los dos grandes bloques. En comparación con eso, las reducciones que pide la parte española en las negociaciones con EE UU son en realidad de menor cuantía.

De todos modos, es preciso reconocer también que existe una cierta contradicción en el hecho de pedir que EE UU retire sus F-16 de España a la vez que se asegura que la presencia militar norteamericana en Europa es indispensable y debe mantenerse. Y es que la lógica política no coincide en este punto con la lógica militar. El Gobierno González, a causa de la forma en que presentó el referéndum sobre la OTAN, con altas dosis de ambigüedad y demagogia, se ha creado a sí mismo una situación harto compleja cuando llega el momento en que trata de plasmar las promesas hechas entonces. En el fondo, no tenía sentido hablar tanto de no integración militar cuando ahora el Gobierno subraya la importancia de las aportaciones militares que España va a dar a los planes y estructuras militares de la Alianza Atlántica. En cuanto al compromiso de no existencia de armas nucleares en territorio español, su efectividad es muy relativa si se tiene en cuenta que navíos con dichas armas entran en puertos españoles; y cuando, de cara a la futura revisión de los acuerdos con EE UU, ni siquiera se habla de incluir disposiciones que garanticen la desnuclearización real. Y cuando, en todo caso, la presencia de la base británica de Gibraltar hace inoperante la desnuclearización en amplias zonas de Andalucía.

Pero el pueblo español ha votado la permanencia en la OTAN en unas condiciones determinadas en la consulta. Y si en ciertos aspectos el Gobierno puede sortear esas condiciones llevando la ambigüedad a extremos incluso ridículos -como la discusión semántica sobre lo que significa introducir armas nucleares-, en el tema de la reducción de la presencia militar norteamericana existe una negociación en marcha y Madrid no puede ceder en unos planteamientos que ya son muy favorables para la parte norteamericana. Esos planteamientos no afectan a la base más importante para EE UU, Rota, y se concentran en una retirada muy visible del ala táctica de Torrejón, de fácil solución logística si EE UU empeña su voluntad de acuerdo.

Washington no puede desconocer que la presencia española en la OTAN está políticamente vinculada, por voluntad soberana del pueblo, a la reducción de sus efectivos en España. La reciente conversación de Serra con Weinberger no ha dado ningún resultado, pero cabe esperar que el secretario de Estado, Shultz, demuestre mayor comprensión de los aspectos políticos adscritos al problema de las bases. Si no fuera así, su próxima entrevista con Fernández Ordóñez en Reikiavik perdería sentido.

Por lo demás, es bastante claro que la condición votada en el referéndum, en el sentido de que se produjera una reducción de la presencia norteamericana, Ibe más una cláusula oportunista ante las negativas expectativas de voto que el efecto de un análisis sobre las eventuales ventajas y desventa as para España de esa reducción. Dicho de otra forma: los norteamericanos deben irse porque así se decidió, pero no porque la salida sea hoy un principio incuestionable desde el punto de vista de los intereses españoles. El estacionamiento de tropas extranjeras en suelo propio nunca es en principio agradable, aunque la existencia de bases estadounidenses en el Reino Unido o Italia, por poner dos ejemplos, no atente contra la soberanía de esos países. Los aspectos imperialistas o imperiales de la presencia americana en Europa occidental están marcados mucho más por su dominio económico, tecnológico y cultural que por su presencia militar, deseada por los propios europeos frente a una teórica amenaza soviética. Lección aprendida tardíamente por nuestros gobernantes.