Hacienda elabora un real decreto para controlar los gastos e ingresos de autonomías y ayuntamientos

El Ministerio de Economía y Hacienda ha elaborado un proyecto de real decreto para controlar los gastos e ingresos de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Con esta disposición se cerrará el círculo de control fiscal, ya que incorporará la identificación de los proveedores y clientes de estas administraciones públicas, las únicas que hasta ahora, en teoría, se escapaban a los ojos de Hacienda. La Administración central, a través de la gestión centralizada de compras, y los empresarios, tras el decreto de 1986 sobre ingresos y pagos, ya tienen establecida la obligación de notificar todos los ingresos y pagos que superen las 500.000 pesetas.

El proyecto de real decreto, elaborado por la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria, establece para las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos la obligación de declarar el importe de las compras realizadas con cargo a sus presupuestos corrientes, que en conjunto representan 4,5 billones de pesetas anuales. De ahí, la importancia de la nueva normativa que, sobre el papel, permitirá controlar todas las transacciones comerciales sometidas a gravámenes del Estado.Este compromiso fiscal se extenderá asimismo a los ingresos extrapresupuestarios que puedan tener, como alquileres, aunque son de escasa relevancia. Hasta ahora, sobre estas administraciones públicas distintas a la central sólo hay conocimiento de los movimientos económicos de las empresas que dependen de ellas.

El sector público en su conjunto representa algo más del 40% de la economia nacional. La aprobación del proyecto permitirá a Hacienda obtener información muy útil con fines recaudatorios y establecer un control más ajustado sobre la ejecución de obras públicas y el empleo de otras partidas presupuestarias.

Voluntad política

La obligación de declarar todos los ingresos y pagos superiores a 500.000 pesetas exige, además de la reseña del importe de la operación, identificar al proveedor o cliente, incluido su número de DNI o de identificación fiscal. La aprobación del proyecto, que consta de cuatro artículos y una disposición final, sólo depende del dictamen preceptivo del Consejo de Estado, según manifestó José Borrell, secretario de Estado de Hacienda.Fuentes de la Administración tributaria han declarado que el Gobierno mantiene la voluntad política de aprobar este real decreto, que es considerado un "instrumento imprescindible para controlar la actividad económica".

A pesar de las interpretaciones que puedan hacerse en un período electoral sobre el "ánimo controlador del Estado", según fuentes de Hacienda, "no es justificable mantener una situación histórica en la que a la Administración pública siempre se le habían impuesto menos obligaciones contables que a los particulares".

Muchas de las auditorías realizadas al sector público demuestran la existencia de numerosas lagunas y ausencias en la aplicación de las normas contables.

El proyecto inicial de Hacienda había sido introducir esta obligación fiscal en el decreto de 1986 sobre ingresos y pagos (obligación a todo empresario a declarar sus compras y ventas cuando superen las 500.000 pesetas). Entonces pareció prematura su aprobación por el escaso tiempo de que dispondrían comunidades autónomas y ayuntamientos para adaptarse a esta normativa fiscal.