Las autonomías han dispuesto de ocho billones en cinco años

Las 17 comunidades autónomas disponen este año de 2,37 billones de pesetas en sus presupuestos ordinarios, cifra que equivale a más de la mitad de los fondos destinados por el Estado a la Seguridad Social. En los últimos cinco años las Administraciones autónomas han manejado ocho billones de pesetas. Este enorme volumen de recursos se ha presupuestado entre 1983 y 1987, cuando el sistema general de autonomías lleva muy pocos años en funcionamiento.Junto a un aumento vertiginoso de sus presupuestos, las comunidades se han dotado de un poderoso aparato administrativo: emplean a casi 400.000 personas (en su gran mayoría transferidos por el Estado) y tienen 600 altos cargos (consejeros y directores generales) cuyos sueldos no son inferiores a 3,5 millones de pesetas anuales.

En España se está consolidando, un escalón político y económico considerable, introducido entre los viejos y conocidos ayuntamientos y diputaciones y el Estado. Ninguna opción política quiere quedarse fuera del poder que supone tanto dinero, y aunque los ciudadanos de muchas comunidades -Castilla y León o Extremadura- tienen escasa vocación autonomista, no se oponen mayoritariamente al proceso, por temor a marginarse una vez más en el reparto de los dineros del Estado.

Este poder de las comunidades se traduce ya, incluso en las regiones más pequeñas, en competencias sobre carreteras, agricultura, ordenación del territorio, incentivos empresariales o recaudación de algunos impuestos indirectos. En las comunidades principales el autogobierno e extiende a grandes parcelas administrativas como la enseñanza. Hasta el punto de que el Ministerio de Educación ya sólo manda sobre 24 provincias.

El coste efectivo de las competencias transferidas por el Estado a las comunidades, en pesetas de 1986, asciende a 617.000 millones. Todas las actividades ejercidas actualmente por las autonomías conforman un presupuesto global de 2,37 billones para 1987, de los cuáles el Estado aporta 1,37.

La disparidad entre el monto de las competencias transferidas y los presupuestos autonómicos se debe, según dirigentes regionales, al distinto grado de prestaciones y a las nuevas iniciativas que han puesto en marcha. "No gastamos más que el Estado, en términos estrictos, porque no tenemos un gasto equivalente", afirma, por ejemplo, el consejero de Hacienda de Canarias, Óscar Bergasa. A lo cual replica un alto funcionario de la Administración central: "Naturalmente que un edificio estará mejor atendido con tres porteros que con un solo conserje; el problema está en si los, vecinos pueden pagar tres porteros".

Esta discusión es el reflejo de la polémica que durante años ha enfrentado a los partidarios del nuevo modelo autonómico con los defensores del Estado centralizado. Las autoridades económicas siguen vigilando con inquietud la evolución del proceso, aunque reconocen que no ha aumentado sensiblemente el endeudamiento de las autonomías desde 1986; mientras que los Gobiernos regionales han amortiguado sus reivindicaciones tras el pulso echado al Gobierno de la nación durante el año pasado, que terminó con un acuerdo general de financiación incluso la única comunidad que votó en contra Canarias- pudo utilizar su postura para conseguir 13.000 millones más del Estado a título de "compensación de insuficiencias" en la valoración de los traspasos.

Todo este flujo de. dinero estatal ha ido consolidando una Administración de nuevo cuño, dividida en 17 trozos distintos, que a su vez generan actividades con las que obtener algunos recursos propios. Solamente las participaciones accionariales y los intereses de cuentas corrientes de las comunidades les deparan unos ingresos de 32.000 millones, según datos de la Administración central.

De este modo, en un proceso más desconocido de lo que cabría imaginar por su magnitud económica, se ha ido consolidando un poder que pugna por afirmarse frente a la Administración central y las corporaciones locales. De todos modos, en el pecado está la penitencia; y algunos presidentes autonómicos se las ven y se las desean para que los electores conozcan sus realizaciones y distingan entre instituciones.

Así se entiende el enfado del presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, quien, al contemplar desde su despacho la reformada Puerta del Sol, afirma con desaliento: "Nosotros hemos pagado dos tercios de esas reformas, y ahora resulta que con el polémico cambio de farolas por parte del alcalde parece que todo lo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid".

El problema es de futuro

La gestión de las autonomías, pese al desmadre inicial de gastos de protocolo, coches oficiales o sedes lujosas, y a la caótica administración de algunas comunidades, no ha producido un nivel excesivo de déficit y endeudamientos en relación con la dimensión de sus presupuestos.

Estimaciones del Banco de España, basadas en los datos que envían las entidades de crédito a la central de riesgo, sitúan el endeudamiento de las comunidades en 100.000 millones para 1986. Hacienda, en base a estimaciones propias, cifra este endeudamiento en tomo a los 82.000 millones. Ambas cifras, en frase de un alto cargo, "no pueden considerarse excesivas; por ejemplo, la segunda fase de la reconversión de la siderurgia va a costar unos 250.000 millones".

El problema, reconocen estas fuentes, es de futuro. No hay una información centralizada y al día de lo que están haciendo las 17 autonomías, por lo que no existe ningún c,ontrol global sobre una parte del Estado que gestiona casi 2,5 billones de pesetas. Si no se fija una coordinación, afirman en Hacienda, será imposible controlar el déficit o planificar políticas generales.