'Café para todos", pero no igual cantidad

J. P./ C. G. Manuel Clavero fue el primero que habló del café para todos y Rodolfo Martín Villa trabajó en el diseño del actual mapa autonómico. Ambas decisiones, adoptadas cuando los dos eran dirigentes de Unión de Centro Democrático (UCD), tenían por objeto equilibrar el peso de Cataluña y el País Vasco en el conjunto de España. Hoy, todas las autonomías toman café, pero no todas en igual cantidad o con el mismo aroma.

Para empezar, el 77,5% de los presupuestos autonómicos están en manos de Andalucía, Cataluña, Galicia y el País Vasco -las cuatro que accedieron al autogobierno por la vía rápida- y de otras dos, Canarias y la Comunidad Valenciana, que han alcanzado niveles semejantes a los anteriores por medio de leyes orgánicas específicas. Aún más especial es el caso de Navarra, que por razones históricas disfruta de una situación económica y fiscal excepcional.

La otra España está formada por las 10 comunidades restantes. Esas autonomías tampoco tienen una situación financiera despreciable: manejan este año 459.434 millones de presupuesto ordinario, cuando hace cuatro años la mayoría partía de cero. Al haber completado durante este período las transferencias que les correspondían, se ha producido un cambio importante en su situación. De todos modos, entre las 10 no alcanzan todavía el presupuesto de la comunidad más grande, Andalucía, que cuenta con 670.000 millones.

La complejidad del mapa autonómico, al margen del diferente volumen presupuestario y competencial, se acrecienta con la persistencia de la organización provincial y de las diputaciones.

Las comunidades uniprovinciales, aunque en su mayoría carezcan de tradición autonómica, parten de una triple ventaja: existían como territorio delimitado, han heredado el aparato administrativo de las diputaciones y tenían vínculos estrechos con los diferentes municipios. "Es una buena fórmula y funciona aceptablemente, salvo en algunos casos, por errores de gestión o por caos político", según afirma el ministro de Administración Territorial, Joaquín Almunia.

Mayores dificultades se presentan en algunas comunidades pluriprovinciales (Castilla y León, por ejemplo), dónde hay problemas de identidad regional por la pervivencia del hecho provincial. Las diputaciones se resisten a ceder competencias o a rendir cuentas al Gobierno regional. Esta pugna, aún no resuelta en la mayoría de las comunidades, produce conflictos y duplicidades onerosas.

Francisco Tomey es uno de los hombres que observan los toros desde el ruedo. Presidente de la* Diputación de Guadalajara, en una comunidad gobernada por socialistas, asegura que su partido se opondrá a la desaparición de las diputaciones. "Defenderemos a ultranza la provincia y sus instituciones representativas", subraya este dirigente de la derecha que, además, es el responsable autonómico de Alianza Popular.

Otro ilustre castellanomanchego, Javier Rupérez, candidato, por el Partido Demócrata Popular (PDP) al Parlamento regional, critica el funcionamiento, cesarista" de algunas autonomías, "que parecen estaditos"; aunque añade: "Francamente, no veo posible un paso atrás en la organización autonómica".

El problema de las diputaciones se acrebienta en los archipiélagos. Dos comunidades de signo político distinto -socialista la de Canarias, conservadora la balear- no han logrado resolver el insularismo, que se resiste a la coordinación regional.

Las dificultades de asentamiento de las autonomías no se circunscriben a las diputaciones, sino que la pugna de poder se extiende a los grandes municipios cuando en éstos se reúne la mayoiparte de la población de las comunidades. Zaragoza, Palma de Mallorca o Madrid son ejemplos claros. Así, el presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid (140.000 millones de pesetas) pisa los talones al de la Comunidad (170.000 millones).