Inventarse el enemigo

El 23 de abril, poco antes del inicio del período de declaración del impuesto sobre la renta, el presidente de la CEOE publicó en un diario de información económica una tremenda diatriba contra la Hacienda pública. Para el presidente de los empresarios, el "acoso fiscal a la empresa", "víctima y blanco favorito de la voracidad recaudatoria", "ha alcanzado su punto culminante con la implantación del IVA", "la persecución del fisco se ha hecho insostenible" y "la ley General Tributaria convierte a todo empresario en un potencial delincuente". Para el señor Cuevas, la fiscalidad es un "elemento disuasorio de cualquier iniciativa empresarial" y está claramente orientada contra el empresario.Este tipo de planteamientos y actitudes puede ser rentable para el futuro político del señor Cuevas. Es dudoso que sea el más adecuado para ejercer una representación despolitizada del mundo empresarial y de sus problemas reales. Declarar a la Hacienda pública enemigo público de los empresarios es una posición ya clásica de quienes han pretendido liderar la derecha política o se preparan para ello. No es que esta ambición me parezca censurable, pero la premisa desde la que se proyecta es profundamente errónea: la Hacienda pública no es el enemigo de la actividad empresarial ni de los empresarios como clase, como no lo es de ningún contribuyente que cumpla con sus obligaciones fiscales.

Las tesis de Sitges

El 10 de mayo pasado, como cada año, la Administración tributaria dio a conocer, en un seminario celebrado en Sitges, los datos de los que dispone acerca del impuesto sobre la renta, la distribución de su carga y del nivel de fraude descubierto. De su análisis se deducía que:a) El número de"contribuyentes y la renta declarada aumentan, y, por tanto, el fraude disminuye.

b) Las rentas del trabajo independiente (empresariales y profesionales), aunque aumentan considerablemente, siguen siendo bajas.

c) Los empresarios individuales se han beneficiado mayoritariamente de la fuerte disminución de la tarifa del impuesto establecida para las rentas más bajas en diciembre de 1985.

d) El nivel de fraude localizado es muy elevado.

No se trata, como el señor Cuevas pretende, de abrir un proceso fiscal a los empresarios como colectivo ni de resucitar la lucha de clases en clave tributaria. La vida no es una historia de buenos y de malos y los comportamientos fiscales tampoco lo son. Nadie defiende la tesis maniqueísta según la cual los asalariados son fervorosos contribuyentes y "los empresarios", todos ellos, por esencia, intrínsecamente defraudadores. Entre los empresarios españoles hay sin duda estrictos cumplidores de sus obligaciones fiscales, pero es necesario reconocer y denunciar que se observan todavía importantes bolsas de fraude que hay que erradicar, en beneficio, antes que nadie, de otros empresarios que se ven desalojados del mercado por la disminución de costes de sus competidores que incumplen sus obligaciones fiscales.

En 1986 se ha producido una incorporación masiva de contribuyentes al cumplimiento del impuesto. Por cada 100 españoles que presentaron su declaración en 1985, lo han hecho ocho más. En total, más de medio míllón de nuevas declaraciones.

La incorporación de contribuyentes, tanto por el número de declarantes como por la riqueza declarada, es realmente espectacular entre los profesionales y los empresarios individuales. En números redondos, por cada tres agricultores que presentaron su declaración en 1985, el año pasado apareció un cuarto, y por cada cuatro declarantes de rentas empresariales no agrícolas apareció un quinto. La renta total declarada por los empresarios individuales creció un 34%. Los profesionales declararon una renta media de un 28% mayor que la del año anterior. Nos alegramos de que las cosas vayan tan bien, pero es dificil escapar a la sospecha de que tales incrementos se deben, en parte a la disminución de los elevados niveles de ocultación de renta y de actividad.

De ello se alegrarán los contribuyentes de rentas del trabajo que, excluidos por el sistema de retenciones de la posibilidad de defraudar, llevan tiempo esperando que el impuesto se aplique a las rentas no salariales de forma igualmente efectiva. También se ha mejorado -desde este punto de vista porque la participación de las nóminas en el total de la renta declarada ha disminuido 4,35 puntos, desde el 83,2% de 1983 al 78,85% de 1985.

Pero queda mucho por hacer. Para valorar las incendiarias opiniones del señor Cuevas es preciso saber que los niveles de fraude que descubren los servicios de inspección y gestión tributari son muy elevados. Dedicar atención prioritaria a la verificación fiscal de las rentas que no son declaradas por terceros, como ocurre con las nóminas, no es el resultado de una actitud persecutoria ideológicamente ecindicionada, sino una forma racional de utilizar los recursos de los que dispone la Administración tributaría. En 1986 el 917 de las actuaciones de la inspección de Hacienda se orientó a las rentas del trabajo independiente. Se realizaron 50.000 inspecciones en profundidad, las cuales generaron 126.000 actas con deuda tributaria, por un total de 107.000 millones de pesetas, y un grado de ocultación del 48% de la base imponible y del 68% de la cuota. En el impuesto sobre sociedades la unidades provinciales de inspección descubren entre los contribuyentes inspeccionados un fraude en la cuota del 78%, en el ITE del 73% y en el IRPF del 65%, este último especialmente acentuado en las declaraciones de empresarios y profesionales. A la vista de estos datos, ¿hay o no hay un elevado nivel de fraude? ¿Hay que ocultar su existencia para que nadie se moleste o hay que denunciarlo y combatirlo? En lugar de "acoso" y de "insostenible persecución", de lo que habría que hablar es de un intento de aplicar la ley fiscal con generalidad.

La información cruzada de la que se dispone es también reveladora. Hay muy pocos asalariados entre los 500 ciudadanos que adquirieron un coche, de importación de más de cuatro millones y en sus. declaraciones hidieron constar ingresos de sólo un millón de pesetas. Éstos, seguro, son de los que se quejan del lastimoso estado de las carreteras.

El cruce de la información generada por el IVA con las declaraciones de renta será un elemento fundamental de la lucha contra el fraude. Por cierto, ¿por qué le parece al señor Cuevas que la implantación del IVA es el cenit del acoso fiscal al empresario, cuando todo el mundo reconoce que el IVA es el mejor impuesto indirecto, desgrava la inversión empresarial, grava el consumo final en vez del ahorro y la inversión? Claro que, con el IVA por medio, es más dificil ocultar los niveles de actividad y más fácil detectar el fraude. Si se es un firme partidario de declarar los niveles reales de compras y de ventas, ¿se puede explicar por qué y cómo el IVA constituye un elemento adicional de acoso y persecución fiscal al empresario que no pretenda ocultar su actividad y beneficios reales?

Las rentas del trabajo

El rendimiento medio declarado por empresarios individuales es de 646.582 pesetas al año, el 49% de la renta media del trabajo asalariado.Se puede analizar la información que esta media sintetiza. En primer lugar conviene separar los empresarios individuales agrícolas de los no agrícolas. En segundo lugar se puede separar los muy pequeños empresarios individuales, generalmente acogidos a la estimación objetiva singular simplificada (EOSS) de los que declaran en régimen de estimación objetiva normal o directa, que por definición tienen cifras de ventas superiores a los 5,5 millones.

-La situación de las rentas agrícolas declaradas es patética. Aceptemos que el 90% de los declarantes, que se acogen a la estimación objetiva simplificada, sean pequeños agricultores y que esto explique el no lleguen a una renta medía de 27.000 pesetas al mes. Pero es más difícil aceptar que los 46.000 restantes no alcancen una renta media de 40.000 pesetas mensuales.

En cuanto al millón de contribuyentes que declaran rentas empresariales individuales no agrícolas podemos dejar aparte la gran masa de los muy pequeños empresarios y comerciantes, donde deben estar todos los pequeños artesanos, taxistas, taberneros y tenderos que suele citar el señor Cuevas. Son casi tres cuartos de millón. El 255, restante, que no debe ser ya tan pequeño en su dimensión empresarial, no llega, en media, a 75.000 pesetas al mes. En realidad sólo el 751, se sitúa en niveles de base imponible superiores a tres millones de pesetas.-

- Una vez más no es un problema de maldades intrínsecas. Es un problema de información asociada a la gestión del impuesto. La existencia de retenciones y de información asociada evita a los asalariados la tentación de defraudar, y la mayor dificultad de conocer automáticamente las bases imponibles de otros tipos de rentas requiere una mayor atención de la Administración tributaria.

-Reforma en la tarifa del impuesto disminuyó sustancialmente los tipos efectivos soportados por los contribuyentes con bases imponibles bajas.

Dado que el 85,5% de los empresarios individuales no agrícolas y el 87,3% de los agrícolas se encuentran en tramos de bases imponibles inferiores a dos millones de pesetas, la gran mayoría de estas rentas se ha beneficiado de la disminución de los tipos del impuesto que siguió a la baja de las retenciones, operada en abril de 1985.

Cuando se sabe que el 60%. de los rendimientos empresariales individuales y el 70% de los agrícolas están situados en bases imponibles inferiores al millón de pesetas, resulta que los impuestos directos de estos contribuyentes han disminuido entre un 43% y un 87%.

En realidad, en estos cuatro años de legislación fiscal socialista se han tomado multitud de medidas para incentivar la actividad empresarial: desgravaciones por inversión y empleo sin límite en la cuota, libertad de amortización, incentivos regionales, ayudas a la reconversión, desgravaciones que fomentan la construcción, etcétera, cuya reseña pormenorizada no cabe en estas líneas. Los impuestos directos de la inmensa mayoría de los empresarios individuales han disminuido. El impuesto de sociedades ha perdido buena parte de su capacidad recaudatoria a golpe de deducciones, desgravaciones, bonificaciones y exenciones, aunque éstas nunca parecen ser suficientes.

El señor Cuevas advierte (Abc, 14 de mayo) que la pérdida de confianza que la Hacienda pública ha generado en los empresarios les impide crear nuevos puestos de trabajo. Pero ¿en qué han perdido la confianza? Sería muy bueno que definitivamente se perdiese la confianza en poder vivir al margen de las obligaciones civiles, entre las cuales están las fiscales. Y sería bueno que el señor Cuevas dejase de pensar que el empresario necesita situarse en un santuario fiscal para cumplir con su fundamental papel de creador de riqueza y trabajo. Creo sinceramente que el empresario español merece mejor consideración.